Pocas cosas nos han causado más daño que la “cultura de los derechos”, la idea de que podemos exigirle a un tercero (el estado, la empresa, el jefe, el vecino, etc.) que me entregue beneficios o prestaciones que por principio merezco, pero que no suponen ninguna responsabilidad u obligación propia.
Fomentar un decálogo cada vez más extenso de derechos y demandar su cumplimiento se ha vuelto el deporte favorito de diversos sectores sociales, una posición obviamente muy cómoda, donde siempre se demanda a otro, pero donde quien exige no se compromete a nada.
Un hito en este tránsito fue la forma como la centroizquierda buscó cooptar al movimiento estudiantil en 2011, con la intención de recuperar como fuera el poder perdido. A partir de ahí, todo ha sido una escalada interminable en esta exigencia de nuevos derechos, donde a la larga da lo mismo si existen reales condiciones para solventarlos en el tiempo y, sobre todo, cuáles son las responsabilidades que ellos recíprocamente suponen.
El resultado de este verdadero maleficio social lo estamos experimentando ya en distintas áreas. Un ejemplo: la idea del derecho universal a la gratuidad fue ofrecida a los universitarios sin ningún cálculo respecto a su viabilidad financiera y, más grave aún, sin exigencia alguna de mejorar los estándares académicos. Resultado: a corto andar, el gobierno de la Nueva Mayoría tuvo que reconocer que la gratuidad universal no podría alcanzarse antes de varias décadas y hoy tenemos estudiantes que realizan paros porque están estresados y quieren disminuir su carga académica. ¿Alguien se imagina a alumnos de Harvard o Columbia movilizándose porque quieren estudiar menos? Bueno, eso pasa hoy en Chile.
Para evitar estos efectos, en países de tradición sajona o confuciana se ha empezado a imponer un enfoque distinto: una “sociedad de los deberes”, que remplaza a la de los derechos, y donde lo que se busca definir son los compromisos y responsabilidades que los distintos actores deben adquirir con los demás. No es que los derechos dejen de importar, sino al contrario: se ha llegado a la convicción de que para garantizar derechos, la vía más adecuada es precisar los deberes y obligaciones que todos y cada uno debe cumplir. Y el rol del estado, entre otras cosas, es ser muy severo a la hora de imponer las sanciones a aquellos que incumplen su parte del “contrato social”.
Obviamente en sociedades con altos niveles de desigualdad, los deberes son mayores para aquellos que tienen más. Por eso, la colusión de los poderosos, el uso de información privilegiada o el tráfico de influencia poseen penas muy altas. Del mismo modo, el estado tiene entre sus “deberes” desarrollar una política social que permita mejorar las condiciones materiales de los más vulnerables, pero ello no supone liberarlos de todo compromiso y responsabilidad.
En suma, es una manera distinta de entender el lugar y el rol de cada uno en la sociedad; una donde al final del día deja de existir este gran y nocivo desequilibrio entre lo que me siento con el derecho de exigir y lo que tengo el deber de aportar.
Max Colodro/La Tercera
