La silenciosa vigencia de la plurinacionalidad en Chile-Paz Charpentier

La silenciosa vigencia de la plurinacionalidad en Chile-Paz Charpentier

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A la luz del vigente debate político que tiene por objetivo resolver la discordia constitucional, muchos continúan discutiendo cuáles fueron las razones más importantes para que casi un 62% de los ciudadanos decidiera votar Rechazo y qué consensos derivan de aquello. Uno de los aparentes consensos es que los chilenos habrían rechazado la plurinacionalidad ofrecida por la Convención porque -entre otros aspectos- fragmentaría Chile a través las famosas autonomías territoriales indígenas con autogobierno, cuestión con la que los ciudadanos no estarían de acuerdo.

En este contexto, parece razonable plantearse entonces la vigencia de algunas leyes que -en la práctica- constituyen expresiones de aquélla plurinacionalidad ampliamente rechazada por los chilenos, como lo es la ley lafkenche, cuya vigencia data del año 2008 sin grandes discusiones (ni ciudadanas ni políticas) sobre si existe o no el adecuado consenso país que exigen los tremendos efectos que produce su aplicación práctica, ya que al igual que la plurinacionalidad propuesta por la Convención, la ley lafkenche fragmenta el territorio a través de los espacios costeros marinos para pueblos indígenas y también genera conflictividad entre los chilenos.

La ley lafkenche permite la asignación preferente (por sobre otras solicitudes que pudieran afectar sus intereses, por ejemplo, una solicitud de concesión marítima), indefinida (es decir, sin un plazo fijo y determinado) y sin ningún costo de las superficies del borde costero marino a comunidades o asociaciones de comunidades indígenas que ejerzan uno o más usos consuetudinarios en dicho espacio en forma habitual, bastando para lograr la asignación preferente acreditar un uso consuetudinario del tipo -por ejemplo- religioso, el cual se podría considerar habitual si se ha realizado a lo menos dos veces dentro de un período de 10 años, generando una serie de problemas no sólo entre chilenos indígenas y no indígenas, sino que también entre las propias comunidades, todos ellos usuarios del borde costero. Esto sin considerar -además- la afectación de otras actividades que allí se realizan, como por ejemplo: las portuarias, pesqueras, generación eléctrica, etc.

Un caso bastante bullado y de evidente conflictividad fue el requerimiento presentado en octubre de 2021 por el estudio de la exconvencional Amaya Álvez a través del cual las comunidades Fotun Pu Lafken, Marihuen y Huenullanca pidieron que se les concediera el uso del polígono que abarca todo el litoral de la comuna de Coronel en la región del Biobío y que obligó a la autoridad pesquera a suspender todas las demás solicitudes en trámite que tuvieran sobreposición con el espacio solicitado, ya que así lo exige la ley (entre ellas las concesiones marítimas, de acuicultura o de áreas de manejo) generando un conflicto inmediato entre los pescadores artesanales y las comunidades mapuche en donde incluso hubo amenazas de “guerra en la calle” y de “correr balas”, las que todos pudimos ver en videos que se hicieron virales a través de las redes sociales.

Sin embargo, la situación descrita es sólo una muestra, ya que a agosto de 2022 las hectáreas solicitadas para la constitución de Espacios Costeros Marinos para pueblos indígenas a lo largo de Chile ascienden a 3.980.037, siendo la región del Biobío una en la que menos hectáreas han sido solicitadas (251.472) en comparación con aquellas que ocupan los primeros lugares en esta materia, por ejemplo: en la región de Los Lagos han sido solicitadas 1.715.784 hectáreas, en la región de Aysén han sido solicitadas 1.095.417, en la región de Magallanes han sido solicitadas 595.464 hectáreas, en la región de Los Ríos han sido solicitadas 222.106 hectáreas y en la región de la Araucanía han sido solicitadas 95.535 hectáreas. Cabe agregar que a agosto de 2022 las hectáreas ya decretadas como Espacios Costeros Marinos de pueblos indígenas en Chile ascienden a 99.293 hectáreas.

En consecuencia, el conflicto ya está ampliamente instalado y la incertidumbre jurídica, económica y laboral es una realidad que se amplifica -además- por la amplia redacción de la ley lafkenche (20.249) y su reglamento, los que -entre otros problemas- no cuentan con criterios objetivos para acreditar las extensiones de las solicitudes. A modo de ejemplo: parece razonable que el objetivo de una ley de esta índole sea lograr “mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”, sin embargo no parece razonable para dar por satisfecho un uso religioso, recreativo o medicinal consuetudinario y habitual que éste “se haya realizado a lo menos dos veces dentro de un período de 10 años” o que para dar por satisfecho un uso pesquero que la actividad extractiva sobre recursos hidrobiológicos se haya “ejercido uniformemente en temporadas de pesca continuas al menos cada tres años.”

En consecuencia, parece urgente abordar este debate teniendo presente la explosión de hectáreas solicitadas por las comunidades indígenas del sur de Chile en el último tiempo, ya que hasta el momento -y atendido el lamentable centralismo de nuestro país- este tema no ha llegado a ocupar los titulares que mueven la política nacional a pesar de su importancia.

Pero, lo más importante, es aún más urgente revisar el contenido y alcances de esta ley, sobre todo a la luz de algunos consensos relevantes que ya existen en Chile sobre la materia, como lo es el fuerte rechazo a la plurinacionalidad propuesta por el texto de la Convención, pero que sin embargo encuentra espacio en leyes vigentes y de redacción tan amplia como ésta, poniendo en riesgo tanto la unidad de Chile como la paz entre los ciudadanos que actualmente ocupan el borde costero. (El Líbero)

Paz Charpentier