A menudo la historia es cruel. Quienes sostenían que Chile no estaba para una asamblea constituyente esgrimían un argumento que consideraban inoponible: “En Chile no hay crisis institucional”. Pues bien, se equivocaron medio a medio. Sin previo aviso, y con una rapidez inusitada, se ha instalado una crisis institucional que es de lejos la más grave en la historia de la transición.
Vivimos una crisis de confianza que está desembocando en crisis de legitimidad. Así como existen los estados de gracia durante los cuales los factores adversos se dejan de lado o pasan inadvertidos, se producen también las situaciones inversas en las que sólo existe espacio para lo más negativo. En esto poco importa la verdad; sólo interesa el escarnio y el escándalo. En el cuadro actual, cualquier rumor, incluso absurdo, adquiere visos de credibilidad. El blanco predilecto es el mundo político y el sector empresarial. En su contra se han desencadenado las furias.
El poder político y el poder económico están hoy bajo cuestionamiento. Frente a una realidad innegable, algunos creen que hay que esperar a que pase el mal tiempo, que más temprano que tarde volverá a amanecer y a business as usual. Se equivocan. Una situación como la que vivimos no se puede estabilizar en el punto en el que se encuentra hoy. Una opción de ese tipo no haría más que profundizar la distancia entre la ciudadanía y las instituciones.
Un sistema político así de frágil no tiene ninguna capacidad para deliberar libre de presiones y tomar decisiones de acuerdo al interés nacional. Cualquier definición que adopte será siempre sospechosa y puede ser presa fácil de cualquier aventurero. Es cierto, por el momento no se divisa un candidato, pero es sabido que en las crisis éstos surgen con rapidez. El sistema ya no tiene capacidad de auto reforma. Nuestra democracia requiere de una relegitimización y ésta sólo puede provenir del pueblo soberano. Esta es la única manera de “salir jugando”.
El Congreso puede cumplir un papel esencial en la búsqueda de una salida por arriba. Debería, en primer lugar, aprobar una reforma constitucional que habilite a la Presidenta a formular, mediante plebiscito, una consulta sobre la conveniencia de cambiar o no la Constitución y las vías para hacerlo en caso de una respuesta afirmativa.
Debemos discutir en serio sobre la conveniencia de cambiar la Constitución. Quienes somos partidarios de un cambio, deberemos exponer con claridad nuestros argumentos y que la ciudadanía decida. Debe ser, también, la ciudadanía la que resuelva acerca del mejor mecanismo para lograr este propósito. Hay opciones: comisión bicameral, grupo de expertos o asamblea constituyente. Soy partidario de esta última. Pero como se trata de fortalecer la democracia, ésta debe ser también el producto de una decisión libre e informada del pueblo soberano.
Si el mecanismo elegido es una AC, deberá ser el Congreso el que discuta y apruebe una ley que norme su convocatoria y funcionamiento. Así, Chile estará resolviendo una falla geológica de su democracia y el Parlamento contribuiría a una salida institucional a la reciente crisis. (La Tercera)
