“Ya pasamos el tiempo de las ideologías”, dijo el ministro Marcel al presentar la reforma de pensiones, frase que comparto, pero que dista bastante de lo que se quiere hacer en materia de seguridad social, marcado por un grado de estatismo que está lejos de las preferencias ciudadanas. Si no fuera la ideología la que prima, se habría buscado enfrentar con esta reforma las causas que explican las bajas pensiones. Si efectivamente se tratara de una reforma pensada desde los desafíos técnicos, tendría que hacerse cargo del casi pleno consenso que existe a nivel académico sobre las causas de las bajas pensiones: elevada informalidad laboral, aumento de expectativa de vida y caída de los retornos de largo plazo, que hace necesario fomentar la formalidad laboral, elevar la edad de jubilación, especialmente de las mujeres, y aumentar la tasa de cotización. Esto último la reforma lo hace efectivamente, pero al destinarse los recursos a un fondo colectivo, daña los incentivos a la formalidad laboral. Es especialmente complejo este aspecto para los cotizantes de ingreso medio alto, que además de ser los que contribuyen a financiar el reparto inter e intrageneracional, se ven enfrentados a un aumento en el tope imponible, por lo que sufrirán una disminución importante de su ingreso líquido, junto con claros incentivos a subcotizar cuando puedan hacerlo.
Por otra parte, es efectivo que, al existir un componente de reparto, los cotizantes de bajos ingresos tienen un incentivo a contribuir, ya que podrían recibir aportes mayores a sus cotizaciones, producto del componente de reparto. Sin embargo, este aspecto también es complejo, porque el real incentivo es a cotizar por el mínimo, ya que eso maximiza los aportes a recibir. En definitiva, la reforma no se hace cargo de que el único camino para que un sistema de pensiones sea sostenible en el tiempo es que debe haber un vínculo entre derechos y deberes. Para tener pensiones dignas no basta el esfuerzo laboral, se requiere contribuir, como ocurre en ese 80% de países de la OCDE a los que se quiere imitar.
En vez de eso, la reforma transmite el mensaje de que el problema es el déficit de participación estatal en el sistema, por lo que ahora sería el Estado el que realizaría toda la tarea de back office; total, tiene gran experiencia en dar servicios a gran parte de la población; el Registro Civil, la salud y la seguridad pública son muestras de esa experiencia, aunque por supuesto la eficiencia y la eficacia no son atributos destacados de los servicios públicos. Menos mal que seguramente en este caso lo subcontratarían de Previred y licitarían el resto, a la espera de que las actuales AFP’s quieran participar, como ya lo hacen con la Administradora de Fondos de Cesantía. Pagaremos dos veces por lo mismo, pero es preferible a que el IPS lo intente hacer desde el principio.
Los mayores riesgos están en la administración de fondos, los menos graves con el administrador estatal del 10% de capitalización individual (IPPA), y el más complejo con los recursos del 6% que financiarán el llamado “Seguro Social”. El IPPA deberá competir con otros administradores privados, pero sólo debe pagar sus costos sin devolver capital al dueño, y además todos los afiliados llegarán al IPPA en principio. Se trata de competencia desleal, pero lo más complejo es que este administrador estatal tendrá derecho a voto en las empresas privadas, como representante de los afiliados. ¿Los criterios para elegir directores en las empresas serán similares a los que ha usado el actual presidente para nombrar embajadores?
Lo más preocupante, la administración del 6%, que además son fondos que no se depositan en cuentas individuales, sino que financian los beneficios del Seguro Social, con un componente que en los primeros años es 100% reparto intergeneracional. ¿Y qué pasará, por ejemplo, si cuando este fondo ya tenga recursos ahorrados ocurre un terremoto o una pandemia? ¿No buscará el gobierno de turno pedir “un préstamo de corto plazo” al fondo para financiar una grave emergencia social? Me imagino la respuesta del gobierno: “para eso se establece una institucionalidad tipo Banco Central que evitará el riesgo político”. El problema es que los mismos que dan ese argumento hace poco tiempo estuvieron dispuestos a hacer un fraude a la Constitución para apoyar no una, sino cuatro veces la política más nefasta en décadas, los retiros de los fondos de pensiones ¿No se dieron cuenta que con eso destruyeron de una vez y para siempre su credibilidad? (El Líbero)
Cecilia Cifuentes
