A partir del 20 de agosto de 2022, será ilegal informar públicamente el resultado de encuestas que se realicen sobre las preferencias de las personas para el plebiscito de salida del 4 de septiembre. La insensata prohibición solo ayuda a promover la desinformación, las noticias falsas y profundiza las desigualdades que ya existen en el país entre las personas poderosas e influyentes —que seguirán teniendo acceso a los resultados de las encuestas hasta el mismo día de la elección— y el resto de los chilenos.
La torpe idea de prohibir la diseminación de encuestas electorales en los quince días anteriores a una elección ha sido adoptada en varios países del mundo. Ninguno de ellos pertenece al grupo de las democracias que mejor funcionan. En todos esos países que optaron por esa absurda prohibición, la democracia terminó siendo debilitada.
En Chile, esa prohibición data de abril de 2016, cuando el gobierno de Bachelet promulgó una reforma aprobada por el Congreso a la Ley Orgánica Constitucional 18700 sobre Elecciones Populares y Escrutinios que buscaba mejorar la regulación del financiamiento de campañas y de los actos de campaña. Esa reforma —la Ley 20900— fue malamente llamada “Ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia”. El artículo 9 de esa ley establecía que “Solo se podrá divulgar resultados de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales, hasta el décimo quinto día anterior al de la elección o plebiscito inclusive». Esa reforma fue incorporada a la Ley 18700, la que regula cómo se realizan las elecciones en Chile. El artículo que prohíbe la difusión de encuestas actualmente es el número 37. Pero el fraseo es el mismo.
Resulta irónico que el título de la ley haga referencia al fortalecimiento y transparencia de la democracia. No hay nada menos transparente que prohibir la difusión pública de encuestas de interés nacional. Como bien sabemos, toda prohibición de algo para lo que hay alta demanda inmediatamente genera un mercado negro donde no se puede controlar ni la calidad del producto ni los derechos de los consumidores.
Pero en su momento, el Congreso Nacional —incluidos muchos legisladores que activamente se declaran defensores de los mercados competitivos y otros que regularmente piden la legalización de la marihuana precisamente porque resulta inútil prohibir un producto para el que hay alta demanda y que igual se distribuye ampliamente pese a ser ilegal— y el Ejecutivo liderado por Michelle Bachelet concordaron en que prohibir la difusión de encuestas era una buena idea. Resulta sorpresivo que, considerando que el Ejecutivo tiene la potestad de emitir vetos supresivos en la legislación, el gobierno de Bachelet haya optado contra la juiciosa idea de suprimir ese artículo que evidentemente iba a producir resultados contrarios a la transparencia y el fortalecimiento de la democracia.
En 2014 ya existía evidencia acumulada de lo mal que había funcionado esa prohibición en otros países. En Perú, donde la prohibición existía desde 2001, las empresas encuestadoras habían optado en 2006 por realizar conferencias de prensa solo para corresponsales extranjeros y difundir los resultados de las encuestas en medios extranjeros, para así saltarse la prohibición de difundir los resultados en medios nacionales. Con la llegada de la tecnología digital y la multiplicación del acceso a teléfonos inteligentes, la difusión de las encuestas en los días previos a la elección ya no necesitaba de la concurrencia de medios de comunicación masiva.
Pese a toda la evidencia que ya existía, el Congreso y el Ejecutivo chilenos optaron por introducir esa prohibición en abril de 2016. En las contiendas electorales que se han realizado desde entonces, la prohibición solo ha servido para que se multipliquen los intentos por desinformar y la propagación de datos falsos sobre encuestas supuestamente realizadas por empresas reconocidas en el rubro. Es más, como las empresas siguen realizando encuestas, la información verídica sobre los resultados de las encuestas, que igual se difunde a través de redes sociales como whatsapp y twitter, se mezcla con la información falsa. La prohibición a este producto por el que hay una masiva demanda no logra el objetivo de evitar que se difundan las encuestas; solo genera oportunidades para confundir al electorado y propagar información falsa junto a la información verídica.
En la adopción de esa reforma hubo una evidente insensatez del gobierno nacional y del poder legislativo. Ese absurdo intento por desconocer como funcionan los incentivos y por desconocer la evidencia acumulada y el razonamiento lógico hizo que empeorara la calidad de la democracia en Chile.
Esa incomprensiblemente mala política pública atenta contra la libertad de información y genera más desigualdad entre los poderosos —que siempre tienen acceso a información privada— y el resto de la población que no puede llamar por teléfono a los encuestadores o que no pueden contratar sus propias encuestas para saber cómo se han movido las preferencias.
Con la misma velocidad con que se legisla la adopción de nuevos feriados para Fiestas Patrias, el Congreso Nacional podría aprobar una ley corta que derogue ese artículo. El presidente debería promulgar esa ley a la brevedad y así los chilenos podríamos dar un paso concreto para combatir las noticias falsas y tener una mejor democracia. (El Líbero)
Patricio Navia
