Las organizaciones ecologistas hemos venido dando una larga lucha contra los procesos de expansión urbana en Chile. La expansión urbana agudiza todos los problemas ambientales. Como decía el propio Plan de Descontaminación de Santiago de 1997, antes de que fuera desmantelado en el Gobierno de Lagos, la expansión de las ciudades empeora la calidad del aire, pues se requieren viajes motorizados más prolongados y por lo tanto hay más emisión de contaminantes. La expansión urbana fomenta en particular el uso del automóvil, con todas sus nefastas consecuencias de contaminación y congestión. La expansión urbana implica también la pérdida irrecuperable de valiosos suelos agrícolas y que, por tanto, las fuentes de abastecimiento alimenticio de las ciudades estén cada vez más lejos, con el encarecimiento que ello conlleva. La expansión urbana implica sellar los suelos con cemento o techumbres, impidiendo la infiltración de las aguas lluvias hacia las napas freáticas y corta de esa forma el ciclo normal del agua, con sus consecuencias de inundaciones invernales y mayor sequedad estival.
Es un gran alivio saber que Dávalos Bachelet no le dijo nada a su madre, pues, de lo contrario, estaríamos ante un problema de marca mayor. En efecto, en el caso, como ha quedado claro, enteramente irreal, de que la Presidenta hubiese tenido noticia del negociado en que estaba su hijo, ella habría incurrido en una grave falta a la ética pública. Ello, por cuanto al ser sus funcionarios de confianza los llamados a tener influencia decisiva sobre la modificación al Plan Regulador que significaba que su familia directa se embolsara varios miles de millones de dólares, estaba obligada a transparentar esta situación.
De esa forma, el proceso podría llevarse a adelante, pero con mucha vigilancia ciudadana, de manera tal de velar por que el interés público y no el particular de la familia presidencial fuera el que prevaleciera.Con esta experiencia acumulada, por cierto que no nos asombra el negociado que se ha conocido de la empresa Caval, apostando a la expansión urbana de Rancagua. Pero en este caso hay un elemento adicional, de una gravedad especial. Los especuladores inmobiliarios son ni más ni menos que familiares directos de la Presidenta de la República y ello hace el tema mucho más complicado.
El ministro del Interior, al ser consultado específicamente por la prensa sobre el punto, afirmó que la Presidenta no tenía ningún conocimiento del negociado en que ha estado involucrado su hijo. No tenemos por qué no creerle al ministro y, por lo tanto, nos queda claro que en ninguna reunión familiar de las tantas que debe haber tenido con su hijo, este le comentó a su madre que estaban involucrados en un negocio que les podía significar ganancias por varios millones de dólares.
No le comentó tampoco sobre la reunión que mantuvieron junto a su mujer con Andrónico Luksic para pedirle el crédito por 6.500 millones de pesos que haría factible la operación. Tampoco le expresó nada cuando el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, que es el que hace posible el negociado, fue reflotado por el Seremi de Vivienda de la Región de O’Higgins, por cierto un cargo de confianza de la Presidenta. Tampoco le hizo ninguna alusión a su alegría por las actuaciones de la Intendenta de O´Higgins, también un cargo de confianza exclusiva de la Presidenta, que buscan impulsar la modificación territorial.
Por desgracia, seguramente por un error involuntario, ignorando el negociado en que estaba el hijo de la Presidenta y, por otro lado, desatendiendo el irrestricto compromiso del Gobierno de la Presidenta Bachelet con la transparencia, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia respaldó a Dávalos Bachelet para que no presentara su declaración de intereses, la que podría haber servido para detectar el problema oportunamente.
Bien, pero concluyendo, y como decimos, muy aliviados por el hecho de que la Presidenta no haya tenido nunca noticia del negociado en que andaba su hijo, se impone una consecuencia absolutamente necesaria: Sebastián Dávalos Bachelet debe ser apartado de todo cargo público, por grave deslealtad con su madre y superiora jerárquica en cuanto Presidenta de la República, al ocultarle información de alta sensibilidad política y que podía comprometer la honorabilidad de la primera magistratura. (El Mostrador)
