No recuerdo otro proyecto de ley en Chile que recibiera, simultáneamente, tanto apoyo parlamentario y rechazo académico. El retiro del 10% de los fondos de pensiones, como en el artefacto de Parra, se aprobó con entusiasmo opositor y oficialista, mientras economistas que habitualmente están en las antípodas, coincidían en su incomodidad. Hoy existe una brecha enorme entre la política y la técnica.
En una democracia moderna la política y la técnica cumplen roles complementarios, pues si una falla, todo falla. Mientras los políticos deciden hacia dónde queremos ir, los tecnócratas determinan los caminos posibles para lograrlo. Así, los expertos, como ingenieros de la política pública, deben identificar lo que sería factible, estimando los probables beneficios y costos de cada reforma. Y con esa información, la política debe elegir la alternativa preferida. Porque, incluso en tiempos del Brexit y de Trump, son los políticos, no los técnicos, los responsables de gobernar. Pero ambos tienen desafíos para funcionar apropiadamente.
La alternancia en el poder se manifiesta en nuestro país con gobiernos que duran cuatro años. Sin embargo, una buena política pública requiere por lo general más que eso para revelar su impacto. Incluso una autoridad virtuosa, ad portas de una elección, enfrentará el incentivo del incumbente para legislar lo popular, aunque no sea necesariamente lo correcto. Por eso, para controlar la inflación, la mayoría de los países tienen bancos centrales autónomos -de jure o de facto- del ciclo partidista e impiden la emisión directa contra deuda pública.
Por otra parte, en el mundo experto casi nunca existen respuestas ciertas, lo que obviamente no impide diferenciar a priori entre mejores y peores políticas públicas. Los modelos son, por definición, falsos. Así, la ciencia avanza mediante ensayos, errores y perfeccionamientos. La recomendación es el escepticismo frente a los que hablan desde la certeza, como también ante los que reniegan de la evidencia.
Además, las reformas socialmente deseables pueden generar perdedores. Y es necesario identificarlos para decidir si, por fallas de mercado, se justifica compensarlos. O si, para lograr impulsarlas, corresponde negociar. En este contexto, son fundamentales el diseño, la implementación y la evaluación ex post de las políticas públicas. Por ello, Inglaterra, Australia y Corea del Sur, entre otros, han creado instituciones que respaldan y coordinan los procesos de evaluación regulatoria, aseguran coherencia entre los distintos organismos del Estado, y establecen un discurso pro medidas sistémicas y revisadas periódicamente.
En Chile, si bien existen esfuerzos particulares, falta una institucionalidad encargada a nivel central de coordinar y monitorear la revisión integral de las regulaciones. Esta tarea es parte de un proyecto mayor: modernizar el Estado. Desentenderse alimentará aún más la frustración ciudadana, debilitando la democracia y sacrificando nuestro desarrollo. (La Tercera.
Raphael Bergoeing
