La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscaba revertir el fallo de un juez arbitral que obligaba al Fisco a indemnizar al grupo de accionistas privados del diario La Nación por el cierre del periódico en 2012.
El dictamen arbitral -de mayo pasado y que ya había sido rafiticado por la Corte de Apelaciones a mediados de septiembre- obliga al Estado a pagar unos $ 5.600 millones a los accionistas de la Sociedad Inversiones Colliguay -que mantenía el 29,52% de la propiedad del diario estatal-, entre ellos a Enrique Alcalde.
El monto indemnizatorio corresponde a la diferencia que dejó de recibir Colliguay por la liquidación de los activos de la empresa, a partir de una revaloración patrimonial que el juez arbitral Patricio González realizó de la firma.
En 2012 la comisión liquidadora de La Nación valorizó la empresa en $ 13.000 millones, por lo que los accionistas privados recibieron, tras el cierre del periódico, un monto aproximado de $ 3.880 millones.
Sin embargo, el juez determinó, en su fallo, que el valor real de la firma ascendía en esa fecha a $ 32 mil millones, por lo que Colliguay debió haber recibido poco más de $ 9.500 millones.
Según consta en la sentencia del juez arbitral, “se condena al Fisco a pagar a la Sociedad Inversiones Colliguay la diferencia entre el valor económico del patrimonio de la Empresa Periodística La Nación S.A. al 31 de dicciembre de 2012; esto es $ 32.323.138.000 y el valor que les ha entregado de acuerdo a lo recaudado en el proceso de liquidación de la sociedad, correspondiendo, en consecuencia, a la Sociedad Colliguay el 29,52% del valor de la empresa, que corresponde a esa fecha a $ 9.541.790.338, a los cuales debera deducirse lo que hayan percibido como repartos en la liquidación de la sociedad”.
El dictamen del juez arbitral también considera que los valores deben ser reajustados al momento de ser efectivamente cancelados y advierte que La Nación era una empresa rentable y tenía una vida económica sana, por lo que no existían razones que hicieran conveniente su término anticipado.
REACCIONES
Sebastián Oddó, abogado de los accionistas minoritarios, manifestó “la complacencia de sus representantes por el hecho que, tras un largo juicio en que las partes expusieron sus puntos de vista en todas las instancias, se haya impuesto el Estado de derecho y el resguardo del derecho de propiedad de los accionistas minoritarios, que se vieron afectados por las resoluciones de la autoridad del año 2012”.
Tras el dictamen de la Corte Suprema, la sentencia arbitral del juez González deberá entrar en proceso de ejecución en los próximos días.
Según explican conocedores del proceso, la resolución deberá ser vista por el Ministerio de Hacienda para que se fije un mecanismo de pago, con plazos y cifras. (La Tercera)
