Un principio básico que resalta cualquier Estado que se precie de moderno es que su prioridad o razón de ser debe estar enfocado en el servicio a las personas. En otras palabras, un Estado moderno es aquel que mejora los servicios de atención a las personas, emprendedores y diferentes organizaciones de la vida nacional.
Desgraciadamente, hoy estamos lejos de ofrecer un Estado moderno, pues diferentes estudios han recopilado una recurrente percepción ciudadana negativa respecto al funcionamiento de los servicios de salud, educación, justicia, seguridad pública, transporte o simples trámites administrativos ante las oficinas estatales. Aparentemente, el Estado se ha convertido en una tortuga gubernamental compitiendo con la liebre de las necesidades y demandas ciudadanas.
Esta lentitud del aparato gubernamental se evidencia en las constantes discusiones infinitas en el Congreso (pueden demorar varios años para aprobar un proyecto de ley que cambie la realidad a millones de chilenos), el bajo desempeño de un buen número de programas y servicios públicos o el elevado grado de centralización que incrementa la desigualdad interregional y arrebata oportunidades de bienestar en nuestras regiones.
Así pues, en los últimos 30 años nos dedicamos a fortalecer con elevado nivel técnico las instituciones que tenían relación directa con el ámbito económico y financiero, no obstante, aquellas instituciones que estaban relacionadas con atender las demandas sociales las dejamos a merced de la captura política y el pago de favores partidistas. Por esta razón, es fácil ver el nivel de funcionamiento competente del Banco Central en contraste con el Sename o la educación pública, por citar solo algunos casos emblemáticos.
Nuestro país debe encarar el desafío de modernizar el Estado de una vez por todas, porque al ritmo actual se nos va a ir la vida esperando que se aprueben los proyectos que apuntan a la modernización de la Dirección del Trabajo, al Sistema de Compras Públicas, al Sistema de Inteligencia o a las Policías, y ni hablar de la Reforma Previsional, el Seguro de Salud para la Clase Media, el Sistema de Adopciones, la Sala Cuna Universal o el Sistema Notarial y Registral, entre tantos otros que no quiero mencionar para no marear.
Todos esos proyectos de ley -y otros tantos- significarían grandes cambios positivos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, nuevamente nos movemos más lentos que las necesidades de la población, no lubricamos la gestión pública y finalmente falla el Estado en cumplir las expectativas ciudadanas.
Lamentablemente, este estancamiento gubernamental se debe muchas veces a que algunos están más interesados en satisfacer sus gustitos ideológicos o placeres personales antes que unir voluntades para cambiar la cruda realidad de los más vulnerables. (El Líbero)
Felipe Kast
