La degradación de la institucionalidad a partir del 18 de octubre de 2019 puede convertirse en un proceso sin retorno. A la falta de control del orden público se suma ahora la sistemática horadación de la institucionalidad económica. El retiro de fondos desde las cuentas de pensiones es el vehículo y símbolo del momento populista en que los parlamentarios tienen sumido al país.
El gobierno del Presidente Piñera, que según muchas opiniones no ha defendido con suficiente vigor su rol en materia de orden público ni sus convicciones en materia económica, se ha visto, a propósito de nuevas mociones para retirar dinero de los fondos de pensiones, ante una encrucijada que lo ha hecho reaccionar. La temeraria ofensiva de la diputada Jiles y la irresponsable actuación del diputado Matías Walker se han concatenado para amenazar no solo la existencia del sistema de pensiones, sino incluso la vigencia de la Constitución. El resquicio de aprobar modificaciones a artículos transitorios de la Constitución para alterar los quórums y/o eludir la iniciativa exclusiva presidencial ha llegado a un extremo en el proyecto que tramita ahora el Senado, pues no solamente viola la iniciativa del Ejecutivo en materia de seguridad social, sino que lo hace además en materia de gasto público y de impuestos.
El ministro de Hacienda Ignacio Briones ha señalado que esta escalada amenaza con vaciar los fondos de pensiones con un tercer retiro, y un cuarto y un quinto. Además, ha advertido que se pone en peligro la institucionalidad económica. Lo señalado por Briones puede extenderse a otros ámbitos. La elusión constitucional de la que han sido autores y cómplices muchos parlamentarios podría extenderse a materia políticas y por esa vía modificar cuestiones tan esenciales como la duración del período presidencial o las garantías personales de los chilenos.
La pregunta que cabe hacer es, ¿tenemos una Constitución vigente, o mayorías circunstanciales en el Congreso pueden modificar cualquier aspecto de la Carta Fundamental sin atender a quórums ni a normas de iniciativa exclusiva?
La jugada del gobierno ante esta precaria situación es alambicada, pero tiene su lógica interna. Presenta un proyecto para autorizar un segundo retiro de las AFP, más acotado, con topes menores y sin exención tributaria para los más ricos. Este ya no es inconstitucional. Recurre entonces al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto de Jiles. Como toda jugada tiene sus riesgos, pues si el TC no falla a su favor o si el gobierno no persiste en el requerimiento, puede quedar sin pan ni pedazo. Lo que no se entiende es que se insista en negociar en el Senado el proyecto de reforma de pensiones que subiría seis puntos la cotización, afectando el empleo y la recuperación, para terminar con solo dos puntos que engrosarían las cuentas individuales. (La Tercera)
Luis Larraín
