Los momentos de crisis política son armas de doble filo: si están bien conducidos, se transforman en una oportunidad para avanzar reformas que favorecen una mejor democracia; pero cuando están mal conducidos, pueden producir efectos muy negativos que profundizan la desconfianza, provocan mayor incredulidad, incrementan la distancia entre partidos y ciudadanía, y terminan por alienar todavía más a los actores del sistema.
El debate legislativo del último tiempo se acerca mucho a este segundo escenario. En las últimas semanas, los actores políticos fijaron como un tema de suma urgencia el establecimiento del límite a la reelección de representantes electos por votación popular. Como el sistema político está tan desacreditado, entonces la respuesta instintiva fue: “Evitemos el apernamiento”, “renovemos las caras”, “hagamos que los legisladores estén poco en sus cargos para evitar los abusos de poder”. La feroz crítica a los legisladores por los abusos de poder ya conocidos en materia de financiamiento de la política ha provocado la urgencia de limitar la reelección.
El gran problema de esta medida es que, por una parte, no sirve para lograr el resultado esperado (renovación, evitar los abusos de poder); y por otra, no resolverá los problemas que hoy enfrenta el sistema político chileno.
Estudios comparados muestran que el límite a la reelección no resuelve el problema de la renovación en el tipo de representación. Lo que sucederá es que los líderes de los partidos –tal como hoy ocurre– recurrirán a sus redes propias para escoger otras caras de muy similares características a los que hoy detentan el poder. Es por esta razón que pese a que hoy el 40% de la Cámara se renueva completamente en cada período, seguimos percibiendo que es “más de lo mismo”. Nuestro Congreso tiene caras nuevas, pero ellos son mayoritariamente hombres, provienen de similares colegios y universidades, no presentan diversidad étnica ni geográfica, ni menos social. La gran mayoría de nuestros congresistas nuevos requirieron apoyo de partidos o importantes redes sociales para conseguir recursos para financiar sus campañas.
Si lo que se pretende es una renovación de la representación, entonces, lo que se debe reformar es la forma en que se financian las campañas y la forma en que se eligen los candidatos y candidatas. Ergo, la prioridad legislativa debiese estar en aprobar una buena ley de financiamiento de la política y una buena ley de democracia interna de los partidos. El problema de fondo no es que haya caras nuevas, el problema de fondo es que las nuevas caras tienden a representar los mismos intereses. Establecer un límite a la reelección sin tocar la forma en que se designan candidatos o cómo se financian las candidaturas, es simplemente un saludo a la bandera.
Pero, además, se señala con mucha convicción que limitar la reelección permitirá controlar eventuales abusos de poder. Pues bien, la experiencia de México y Costa Rica –¡que recientemente ampliaron los plazos permitidos para reelegirse!– muestran que límites estrictos a la reelección favorecen prácticas abusivas de poder. Quienes están por poco tiempo ejerciendo una labor parlamentaria tienen incentivos de obtener un beneficio personal de su actividad mientras ejercen el cargo. Ni hablar del debilitamiento, en el último periodo de sus mandatos, del vínculo entre el representante y la comunidad que representan. Un legislador en el último periodo de su mandato no visitará a sus electores y se preocupará mucho más de su futuro político o laboral. ¿Se hace cargo la actual propuesta de este problema? Definitivamente no.
A lo anterior debemos agregar el debilitamiento de las capacidades del Poder Legislativo de producir leyes, que se ven beneficiadas con la experiencia de sus legisladores. Estudios realizados en Estados Unidos a nivel estatal muestran con bastante consistencia que el principal impacto de esta reforma ha sido el debilitamiento del Legislativo en relación al Poder Ejecutivo. ¿Se hace cargo la actual propuesta de este potencial problema? No.
Pero lo que resulta más sorprendente de toda esta discusión es el énfasis legislativo puesto en la sospecha (“mejor tenerlos poco tiempo en sus cargos”) y no en el problema de fondo que se deriva de los escándalos de corrupción de reciente data. Lo que necesitamos es legislación urgente para regular conflictos de interés entre actores públicos y el sector privado; regular las inhabilidades; mejorar la ley de lobby; establecer mecanismos de fiscalización de períodos de campaña; generar partidos políticos fuertes, responsables y transparentes; financiar adecuada y transparentemente las campañas.
En resumen, la atención debiese centrarse prioritaria y fundamentalmente en evitar la excesiva e inconveniente influencia de los intereses económicos en la política. El límite a la reelección es una medida quizás muy popular, pero lo popular a veces elude lo importante. El límite a la reelección es simplemente irrelevante respecto del problema fundamental que enfrenta la democracia chilena, esto es, la captura de la política por parte de los intereses económicos.
