El primer párrafo del artículo 1° de la Constitución vigente establece literalmente lo ya transcrito. El actual texto es dado a declaraciones líricas de esa especie. A mí me parecen demagógicas y que, en su vaguedad, permiten que los jueces impongan su voluntad a la de los órganos electos. Pero la cuestión que quiero plantear no es si debe estar o no en la Constitución, sino si sería posible hacerlo carne.
Un Estado eficiente, que entendiera que las personas nacen a la vida cívica y a la competencia por subsistir a los 18 años de edad y no antes, podría hacer carne la igual dignidad. No se trata de creer que las personas son iguales al nacer o al llegar a los 18 años. Lo que propongo es que el Estado se tome muy en serio que debe tratar como iguales en dignidad y derechos a toda persona hasta los 18 años.
¿Cómo? Primero, tendría que reconocer que algunos, típicamente los hijos de ricos, nacen en hogares llenos de libros, conversaciones, cultura y aparatos digitales que estimulan la curiosidad. Si el Estado creyera en verdad que todas las personas deben llegar a los 18 años tratados como si fueran iguales en dignidad, tendría que invertir eficientemente en salas cunas y en jardines infantiles cantidades suficientes para asegurar que los hijos de los pobres cuenten con tanto o más estímulos culturales que los hijos de los ricos.
Enseguida, el Estado tendría que pagar directamente a todos los profesores de los colegios públicos más de lo que paga a sus docentes el más caro de los colegios privados. Tan solo así podría tenerse la razonable expectativa de que los hijos de los pobres llegarán a los 18 años tratados como personas de igual dignidad que los hijos de los ricos. Aquellos necesitan mejor educación que estos para poder competir en igualdad de condiciones al llegar a los 18 años.
La salud para personas de igual dignidad debe ser la misma. Todos concurrirían a un solo seguro médico universal. La atención solamente podría discriminar en razón de la urgencia de la enfermedad. Médicos y máquinas solo podrían ocuparse en tratar las patologías que los necesiten. Las ecografías solo podrían hacerse para casos en que se necesite verificar una enfermedad del feto y no para tomarle fotos para el recuerdo.
No propongo que ni la educación ni la salud sean impartidas única o siquiera preferentemente por el Estado. Con financiamiento estatal, los privados podrían innovar y competir por atenciones y alumnos. Si solo el Estado pudiera impartir salud o educación podría haber igual dignidad, pero no igual libertad.
¿Y las pensiones, que ahora el país debate, tendrían que ser iguales? Iguales no, pero solidarias al nacer. Si el Estado aportara a cada una de las 260 mil personas que nacen al año un millón y medio de pesos y si los beneficiarios no pudieran disponer de ese ahorro hasta la edad de jubilar o invalidarse, es probable que ese capital se multiplicara 25 veces. Cada jubilado partiría con una pensión cercana a los 250 mil pesos al mes, la que, ciertamente, podría acrecentar con cotizaciones mientras trabaja.
Economistas podrán debatir la tasa impositiva que necesitaría un país así; ellos deben calcular cuánto costaría al Estado tratar a toda persona con igual dignidad hasta los 18 años, para luego dejarla competir libremente. Si algún economista acomete esta tarea, me parece necesario que incorpore los beneficios probables de un país muy bien educado y descuente los costos de fenómenos como el estallido social que ahora padecemos, pues en un país donde cada persona fuera tratada como de igual dignidad, un estallido de rabia social sería muy improbable.
¿Valdrá la pena? Políticamente me parece que sí. Una población educada como se educan los ricos, con buen e igualitario nivel de salud asegurado y con plena libertad para que cada persona haga lo que quiera con su vida a partir de los 18 años, sería un país cívicamente muy potente, que dirimiría sus legítimas diferencias deliberando y llegando a acuerdos. Pienso que en un país así los políticos no necesitarían hacer demagogia para ser reelectos. (El Mercurio)
