La derecha y el Estado social: más allá de la caricatura-Valentina Verbal

La derecha y el Estado social: más allá de la caricatura-Valentina Verbal

Compartir

Analistas, políticos y exconvencionales de izquierdas han sostenido que uno de los grandes puntos positivos de la propuesta constitucional que se votará en el plebiscito del próximo 4 de septiembre es la consagración de un Estado social y democrático de derecho. Se trataría, se dice, de una suerte de “bala de plata” en vistas a superar el modelo neoliberal todavía vigente en Chile.

Por lo mismo, se ha agregado, resultaría poco plausible que, de triunfar la opción Rechazo, la derecha apoye esa misma norma en el caso de iniciarse un nuevo proceso constituyente. Pero el problema de esta creencia es reducir el concepto de Estado social —de suyo amplio— a una particular forma de implementarlo, que podríamos genéricamente vincular al denominado “régimen de lo público”, impulsado por Fernando Atria y otros académicos; y que, básicamente, apuntaría a excluir del mercado la provisión de los derechos sociales, como educación, salud, vivienda y pensiones.

Sin embargo, de acuerdo a diversos autores —y obviamente a la luz de la experiencia comparada— la idea de un Estado social no es per se contraria a la presencia del mercado en la provisión de los derechos sociales. Esto puede ayudar a explicar la comodidad que, en el marco del proceso constituyente, la derecha chilena ha tenido con la cláusula constitucional arriba indicada. No por casualidad, un documento de la coalición Chile Vamos del 8 de julio de 2022 —en el que se compromete a “Rechazar para reformar”— dispone como primer compromiso constitucional establecer, precisamente, un Estado social y democrático de derecho, expresándose además a favor de “garantizar el acceso y adecuado ejercicio de derechos sociales en educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social en general, que haga posible una vida verdaderamente libre y digna”.

Pero ¿puede realmente la derecha (o los otrora defensores del principio de subsidiariedad) apoyar hoy la idea de un Estado social para la nueva constitución? Mi respuesta es que, si se revisan las aproximaciones de diversos autores al concepto, resulta perfectamente compatible apoyar, al mismo tiempo, un modelo económico de libre mercado y un Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, de acuerdo al constitucionalista mexicano Miguel Carbonell, existen tres condiciones que justifican la existencia de un Estado social: a) la incapacidad de los individuos, o con ayuda de su entorno, de satisfacer sus necesidades básicas; b) los riesgos sociales que no pueden ser satisfechos por vías tradicionales (es decir, a través del propio trabajo); y c) la convicción de que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de bienestar (Carbonell, “Eficacia de los derechos sociales”, 2008). Valga, además, subrayar que Carbonell habla de “necesidades básicas” y de un “mínimo de bienestar”. No habla de derechos sociales universales ni tampoco de la exclusión del mercado de la provisión de los derechos sociales. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿es este concepto de Estado social incompatible con un modelo económico de libre mercado?

Por lo demás, a la izquierda chilena le juegan en contra en esta materia las propias caricaturas que ella misma ha construido de la subsidiariedad y del neoliberalismo. Como le ha resultado de lo más cómodo suponer que el neoliberalismo defiende el Estado mínimo —es decir, el Estado que reduce sus funciones a la policía, la defensa y la justicia—, suele sostener (o creer) que el “neoliberalismo” se desentendería del destino de las personas, incluyendo a los más necesitados, confiado en que la más radical desregulación económica obraría la magia del crecimiento económico y, con ello, del reparto de la desigual prosperidad. Pero si, por alguna vez en la vida, los políticos e intelectuales de izquierdas revisaran las cosas sin elaborar caricaturas sobre las ideas del adversario, podrían llegar a darse cuenta de que ni el liberalismo —incluso en su versión neoliberal— ni menos todavía la derecha chilena ha defendido nunca un Estado mínimo ni tampoco, siquiera, un Estado subsidiario en su dimensión meramente negativa. Para comprobarlo, basta revisar las declaraciones de principios de los partidos de derecha o centroderecha, los programas presidenciales de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, que hablan de economía social de mercado, justicia social, igualdad de oportunidades, subsidiariedad activa, justicia intergeneracional, clase media protegida, así como de derechos sociales concretos, a partir de un sistema de provisión mixta o de cooperación público privada.

Como la referida creencia es prácticamente universal entre las izquierdas, se cree, ilusamente, hacerle un daño muy grande al neoliberalismo hablando de Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, el hecho de que la derecha —incluso aquella que no recela del término “subsidiariedad”— no tenga mayores problemas en comprometerse con la consagración del Estado social es una señal de que este término no es problemático para ella y que, en realidad, el diagnóstico de la izquierda está errado. Parte del error se explica, valga insistir, porque el concepto de Estado social no es un término unívoco, sino amplio.

Y si, por otra parte, con la expresión Estado social se quiere indicar un sistema que apunta a asegurar que cada cual tenga lo necesario para proporcionar diferentes bienes que se estiman esenciales para el ejercicio de la propia libertad o, también, para el desarrollo de las propias capacidades o potencialidades, tanto físicas como espirituales, entonces, ha de decirse que el Estado social es un Estado que ha sido defendido y promovido de diferentes modos tanto por el liberalismo como por la derecha chilena. (El Líbero)

Valentina Verbal