La Asamblea Constituyente encara amenazas. Una, proveniente de la extrema izquierda, aunque no exclusivamente de ella, es hacerla fracasar aun antes de su establecimiento. Son sectores que nunca estuvieron con el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado y que buscan una ruptura institucional.
Las formas que ha adoptado esa estrategia —hasta ahora— es la revisión de lo ratificado en el plebiscito del 25 de octubre, de que la aprobación de la nueva Constitución será por un quorum de los dos tercios y su sustitución, por una mayoría de 50 por ciento más uno; otra, retorcida y encubierta, pero afortunadamente fracasada, fue la propuesta de acortar el período presidencial y celebrar el mismo día tanto la elección de Presidente con la de constituyentes, lo que significaba hacer banal esta última y destruir su importancia. Obviamente se ensayarán nuevas, como la incorporación de organizaciones sociales, reales o de fachada, bajo control de esos grupos, que permitan licuar las mayorías ciudadanas elegidas a través del sufragio universal, o el intento de destruir el clima de diálogo y deliberación con la presión de grupos violentos que rodeen la Asamblea.
Una segunda amenaza, proveniente de ambos extremos, es que la Asamblea fracase al no tener resultados. Ella se instala, se respeta el quorum de los dos tercios y funciona, pero termina en un fiasco, pues no es capaz de dar origen a una nueva Constitución. Es la política como veto. El argumento es simple. Con un tercio de los votos se puede impedir la aprobación de cualquier norma y en el extremo hacer inviable una nueva Carta. Una estrategia legal y posible. Un tercio en la izquierda y otro en la derecha tienen, cada uno, suficiente poder para impedir los acuerdos, pero ninguna capacidad para construir consensos. Es lo que podríamos llamar el síndrome de la República de Weimar, donde ambos extremos se unían en el Parlamento para derribar a los gobiernos, pero eran incapaces de nombrar uno nuevo. No es raro que extremistas de uno y otro lado incorporen, en sus cálculos, que el fracaso de la Constituyente vaya a trasladar el surgimiento de un nuevo orden político a lo que resuelva la calle o el “camarada Mauser”. Una apuesta en que la extrema izquierda ha perdido casi siempre, en tanto que la extrema derecha —¿habrá necesidad de recordarlo?— se ha mostrado maestra.
Obviamente, sobre la Constituyente no hay solo amenazas, sino también una oportunidad de que este esfuerzo pueda terminar dando una salida a un país en crisis.
Se puede imaginar una Asamblea donde en cada uno de sus extremos se ubique un 20 por ciento de miembros que no tienen ni voluntad ni capacidades para construir acuerdos; cifras que para la derecha e izquierda representan la mitad de las votaciones que alcanzaron en la última parlamentaria. Lo anterior significa que habrá una mayoría de constituyentes, en el orden del 60 por ciento, que rechazando pactos partidistas o acuerdos cupulares estén dispuestos a aceptar que en muchas materias tienen diferencias que no deben negar, sino encauzarlas para resolverlas dentro del sistema político; que crean en el diálogo y la tolerancia; que rechacen la idea de que hay un conflicto polarizado que solo se puede solucionar con una victoria total, y, por el contrario, sostengan como necesario no solo alcanzar compromisos exitosos —aunque sean parciales—, sino también aceptar que hay diferencias que no van a poder resolver; que entren a este debate con la actitud que la teoría conoce como “juegos de motivación mixta”, donde la visión de enemigos deja paso a la de actores que presentan una mezcla de compañerismo y rivalidad, de oposición y mutua dependencia; que acepten que en una sociedad democrática hay zonas de conflicto que deben ser encaradas al margen de criterios político-partidistas.
Unos constituyentes que, al momento de ser elegidos, asuman que su compromiso, rechazando la política de los vetos, es una tarea histórica de aquellas que por su grandeza ocurren una vez en la vida y en la que no pueden fracasar.
Genaro Arriagada
