Ahora que los principales imputados en el caso Penta están en prisión preventiva, la clase política chilena debiera abocarse a encontrar una salida a la crisis de credibilidad y confianza que se ha profundizado producto de este caso, pero también producto del caso Caval y de otros casos que involucran a políticos democráticamente electos. A menos que las elites de la Nueva Mayoría y de la Alianza demuestren el liderazgo necesario para forjar un acuerdo que permita restaurar la confianza en las instituciones políticas, las medidas cautelares aplicadas a los involucrados en el caso Penta alcanzarán también, en la percepción de la gente, a toda la clase política chilena.
Porque las réplicas del caso Penta todavía se sienten y no se sabe si el terremoto del caso Dávalos tendrá también un tsunami posterior, resulta prematuro anticipar el nivel de daños que estos escándalos políticos habrán hecho a la credibilidad de las instituciones y a la legitimidad del sistema. En tanto sigan abiertas otras aristas del caso Penta —y no se sepa si la fiscalía podrá indagar a SQM por un periodo más amplio de tiempo o a otras empresas que pudieran haber tenido mecanismos similares para financiar la política de forma irregular—, los efectos de esta bola de nieve de casos de corrupción que ha vivido el país en los últimos meses podrán seguir aumentando. Aun si lo peor ya pasó, y ahora solo toca esperar que el juicio en el caso Penta, la investigación en el caso Caval y las formalizaciones que se vienen de parlamentarios por otros casos no relacionados, los efectos sobre la credibilidad de la clase política en su conjunto ya son gigantescos.
La reputación de los políticos está en el piso. Nadie se salva de las burlas y las sospechas. Si bien en el país existe la presunción de inocencia, cuando se trata de los políticos, la opinión pública ya está convencida de que todos son culpables a menos que demuestren lo contrario. En parte, la propia clase política es responsable de este juicio apresurado de la gente. Aunque repiten a diestra y siniestra que no harán defensas corporativas, casi todos los partidos que tienen militantes involucrados en los escándalos han reaccionado de forma lenta e insuficiente para separar aguas entre los políticos involucrados y el resto del partido. Sin entender que a los representantes electos del país y a las altas autoridades de gobierno se les exige un estándar ético superior que el que se aplica al resto de los ciudadanos, la clase política ha argumentado que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Lo que es cierto ante los tribunales de justicia no es necesariamente cierto ante la opinión pública. La gente tiene todo el derecho de esperar más de la clase política de lo que se le exige a las personas de a pie. Por eso, los partidos debieron actuar de forma mucho más proactiva cuando estallaron los escándalos. Pero desde la UDI hasta el gobierno de Bachelet, la reacción fue la misma. Además de relativizar la importancia de los escándalos, se demoraron en tomar las medidas necesarias para minimizar el daño que esos escándalos causaron en su credibilidad.
Es cierto que, legalmente, el caso Penta es mucho más grave que el caso Caval. Pero en la arena de la opinión pública, ambos casos son sintomáticos de una clase política desconectada de la realidad de la gente y vive en un mundo de impunidad, tráfico de influencia y reglas mucho más laxas que las que aplican al resto de los chilenos. Los ejemplos abundan. La Presidenta Bachelet se demoró en reaccionar ante el escándalo que involucra a su hijo y nuera. Incluso hoy, Bachelet todavía no critica abiertamente el negocio de su hijo. En el otro extremo, la UDI todavía insiste en mantener a Ernesto Silva como presidente del partido, pese a que su cercanía con varios de los involucrados debiera llevarlo a dejar la presidencia para que el partido pueda comenzar a reconstruirse. Desde el escándalo que afecta al PC por su participación en la Universidad Arcis hasta la charla que dio Andrés Velasco al grupo Penta, todos los involucrados en escándalos se han amparado en lo legal y no se han hecho cargo de las implicaciones éticas de sus decisiones de mezclar la política con los negocios.
Aunque el sábado había caras tristes en la derecha y de satisfacción en la izquierda cuando los dueños de Penta entraron a Capitán Yáber, la percepción general en Chile es que la clase política en su conjunto está con medidas cautelares. De ahí que sea tan importante que, entendiendo que todos son sospechosos y que la credibilidad del club completo está en cuestionamiento, la clase política enfrente el difícil desafío de encontrar una solución que fortalezca las instituciones, transparente el papel del dinero en la política, cree un cortafuego entre la actividad política y la empresarial. Solo así se podrá comenzar a recuperar lenta y gradualmente la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la democracia. (El Líbero)
