Tras 15 meses de investigación, finalmente se incautaron los celulares y computadores de Alberto Larraín, fundador y director de la Fundación ProCultura. Esta es una buena noticia que, lamentablemente, llega tarde. Pareciera que todos, excepto los responsables de conducir el caso, sabían que era necesario hacerlo antes. Era obvio lo que estaba ocurriendo, y mientras más tiempo pasaba, menos probabilidades había de encontrar las pruebas que todos sabían que debían estar ahí.
Cuando hay indicios de corrupción, es crucial actuar con rapidez y decisión. Retrasar las acciones pone en riesgo la justicia. En este sentido, la Corte Suprema dio una lección esta semana al tomar una decisión rápida respecto a Ángela Vivanco. No esperaron el proceso legislativo ni la acusación constitucional en curso, sino que actuaron de inmediato para hacer lo que les correspondía.
Es un misterio por qué el poder político ha tardado tanto en hacer lo que el poder judicial logró en solo un par de semanas. Mientras Vivanco estuvo solo unas semanas en el cargo tras el escándalo, la mayoría de los involucrados en ProCultura ha pasado desapercibida. Ni hablar de los implicados en el caso Democracia Viva, donde se reveló con claridad el mecanismo que ha sido utilizado en varias fundaciones para desviar fondos públicos hacia los bolsillos de los políticos.
Tal vez la respuesta a esta demora en esclarecer la estafa está en el denominador común de los casos de corrupción: el sector político que controla los tiempos. Es lógico pensar que avanzar en estas investigaciones conllevaría un costo importante para el oficialismo, que, según lo conocido hasta ahora, perdería a varios legisladores, gobernadores, alcaldes y ministros de sus filas.
La remoción de Ángela Vivanco es relevante porque demuestra que el poder judicial puede limpiar sus problemas internamente. Si bien es insuficiente, ya que es evidente que la destitución de una sola persona no soluciona todo el problema, es un paso importante. Es un gesto relevante, especialmente considerando que el sistema político no ha ofrecido algo similar. Por el contrario, ha sido complaciente con aquellos que han tenido conductas éticamente reprochables, e incluso ha premiado a algunos directamente involucrados.
Por ejemplo, nadie medianamente informado podría pensar que Daniel Andrade y Carlos Contreras fueron los cerebros detrás del esquema de Democracia Viva. Es ilógico pensar que ellos fueron los ideólogos del fraude, ya que, teniendo todo el gobierno local, regional y nacional a su disposición, ni siquiera pudieron robar sin ser detectados. Por lo tanto, es obvio que los verdaderos autores intelectuales de ese esquema nunca han sido señalados.
En el caso de ProCultura, sin embargo, es claro que Larraín es el jefe. Es evidente que él es el dueño de la operación. Además, es amigo personal del Presidente de la República, lo que lo distingue y lo hace difícil de descartar. A diferencia de Andrade y Contreras, él es quien consigue y firma los contratos, no quien los ejecuta en terreno. Ese rol le ha permitido mantener una red de personas que le han jurado lealtad y lo han protegido cuando más lo ha necesitado.
Larraín, un hombre exitoso que ha intervenido en casi todas las áreas sociales, debe estar entre las personas que más fondos públicos ha recibido en la historia de los concursos públicos. Con su experiencia, es imposible que no supiera que algo no estaba bien. Con los miles de millones adjudicados a través de los distintos RUTs de empresas, debió al menos sospechar que los concursos estaban inclinados a su favor, ya sea por diseño o por error. Pero nunca alzó la mano ni dijo nada.
Larraín se ha convertido en un símbolo de la corrupción en el Estado. Ha sabido utilizar sus conexiones políticas para enriquecerse, legal o ilegalmente. Incluso ha empleado a la pareja del Presidente, lo que le habría permitido manejar los hilos desde arriba y obtener beneficios que ni Andrade ni Contreras podrían soñar. Larraín es un mecenas moderno que, de alguna manera, ha logrado adjudicarse una cantidad de contratos con el Estado que otras empresas, con décadas de experiencia, no han podido obtener.
La caída de Larraín sería el equivalente político de la caída de Vivanco en el poder judicial. A pesar de no ocupar un cargo formal, su figura simboliza lo mismo. Sin ostentar un puesto electo o designado, ha logrado esquivar el escrutinio riguroso a pesar de estar profundamente involucrado en las investigaciones. Mientras no se clarifique su rol en el caso, persistirá la duda. Haber mantenido a Vivanco habría causado el mismo daño al poder judicial que la protección implícita a Larraín ha hecho al poder político.
Hasta que no se revele toda la verdad sobre lo ocurrido en ProCultura, las preguntas seguirán abiertas. Sin embargo, tampoco sería sorprendente si nunca se responden por completo, ya que es posible que la verdad sea más perjudicial que mantener la duda. Pero, si es así, que no sea una sorpresa cuando la corrupción se arraigue más, crezca la desconfianza, y se rompan por completo los vínculos entre los ciudadanos y la política institucional. (Ex Ante)
Kenneth Bunker
