Tim Wu se convirtió en un geek tecnológico cuando tenía 10 años y su mamá le compró un Apple II, el primer computador personal de la historia. Era 1982 y ese equipo le cambió la vida al actual profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Cuando estaba en el liceo, Wu ya trabajaba escribiendo software y cuando entró a estudiar Derecho en Harvard se especializó en una rama muy popular a fines de los 90: las leyes que abordaban el acceso a internet, la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios.
Era la época de la fiebre “puntocom” y el conocimiento legal de Wu más sus talentos para programar lo convirtieron en un profesional muy requerido. Pronto consiguió un empleo en el departamento de marketing de RiverStone Networks, una start-up de Silicon Valley que vendía routers, aparatos que permiten la conexión de los computadores a internet. La empresa había prometido que todos sus trabajadores se harían ricos. A poco andar Wu se dio cuenta de que algo andaba mal porque RiverStone Networks vendía routers industriales a proveedores de internet en China, los cuales usaban los equipos para bloquear el acceso a sitios opositores al régimen local o reducir su velocidad de conexión.
“Ayudar al régimen chino a censurar disidentes no era lo que deseaba para al resto de mi vida”, dijo Wu a The New York Times en 2014. El abogado renunció, empezó a dar clases y en 2002 su frustración lo motivó a redactar un ensayo que acuñó un principio que se convirtió en bandera de lucha para activistas de internet y gobiernos, pero que hoy la administración de Donald Trump pretende erradicar con un plan que podría afectar al resto del mundo. Se trata de la neutralidad de internet, un concepto que plantea que los proveedores de internet (ISP) –las compañías a las cuales los usuarios les pagan para conectarse a la red- deberían tratar todos los datos que circulan por la red de la misma manera y sin discriminar o cobrar de manera diferente según contenido, sitio web, modo de conexión o procedencia y nivel social del usuario.
A comienzos del milenio, Wu y sus partidarios querían evitar que los ISP bloquearan herramientas que remecían las telecomunicaciones, como las llamadas por internet vía Skype y las conexiones caseras a aparatos Wi-Fi que, aunque suene increíble, eran definidas como un delito por empresas como AT&T. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) abrazó la propuesta de Wu y ya en 2005 sentó un precedente al ordenar a la compañía telefónica Madison River Communications que dejara de impedir las llamadas vía internet.
El respaldo definitivo de este principio se produjo en 2015, cuando la FCC siguió el mandato de Barack Obama y aprobó leyes que colocaron a los ISP en la misma categoría de servicios básicos como el teléfono, el agua, la electricidad y el gas, prohibiéndoles la creación de vías más rápidas de conexión a empresas que pudieran pagarlas y el bloqueo del tráfico hacia ciertos sitios, blogs o portales similares. Sin estas normas, dicen los expertos, un ISP estadounidense como Comcast podría bloquear YouTube o reducir la velocidad de acceso a Netflix, con el fin de potenciar su propio servicio de televisión en línea Xfinity y obligar a su rival a pagar para tener una conexión más rápida.
“Estas leyes son importantes porque se cercioran que las compañías que entregan el servicio no controlen lo que hacemos en la red. Se aseguran de que los usuarios puedan acceder a la información que quieren, que usen los servicios que desean y no sólo los que hayan conseguido algún trato especial con un ISP. Son vitales para proteger la libertad de expresión, sobre todo hoy cuando nuevos formatos de medios como los videos tipo streaming (en vivo) se han vuelto tan importantes”, dice a Tendencias el consejero John Bergmayer, de la organización Public Knowledge, que se dedica a promover el uso abierto y libre de la web.
POTENCIALES RIESGOS
Rebecca Jeschke, analista de derechos digitales de la Electronic Frontier Foundation, explica a Tendencias un peligro que hay que tener en cuenta al considerar las salvaguardas instauradas por Obama: “No queremos un futuro donde los ISP realicen contratos especiales con ciertas compañías. Si eso ocurre, nos veremos dominados por unos cuantos gigantes que sacan del camino a empresas más pequeñas, las cuales podrían estar creando la siguiente gran herramienta de comunicación que todos querrán usar”.
Esa posibilidad explica por qué servicios emergentes e independientes como Vimeo –que permite publicar videos al estilo del popular YouTube de Google- han sido los primeros en oponerse tenazmente a los planes del gobierno de Trump. A comienzos de abril, Ajit Pai, nuevo director de la FCC nombrado por el presidente estadounidense, anunció que pretende revertir la reclasificación de los ISP que instauró Obama. Según reportes de Reuters y The Wall Street Journal, su plan también busca establecer que cualquier medida para preservar la neutralidad de la web será voluntaria para los proveedores, lo que desató un rechazo inmediato.
Ajit Pai, director de la FCC.
“Ajit Pai conspira con los lobistas de las empresas para eliminar salvaguardas fundamentales que mantienen a la internet abierta y libre. Reemplazar las leyes sobre la neutralidad de internet por medidas voluntarias es un escándalo y un insulto para millones de personas que lucharon por ellas. Es claro que Pai piensa que sus verdaderos electores son Comcast y Verizon”, señaló Craig Aaron, presidente de la organización Free Press, en una declaración pública.
En diciembre, Pai ya había revelado su posición al asegurar que es necesario “remover todas las reglas que frenan la inversión, la innovación y la creación de trabajos”, y el miércoles recién pasado el director de la FCCanunció que la primera votación del organismo para revertir la clasificación de Obama se realizará este 18 de mayo. Medios como The Hill no se midieron al publicar titulares como “El desmantelamiento de la red que busca Ajit Pai es una declaración de guerra contra los consumidores”.
Juliana Guerra, socióloga y encargada de comunicaciones en Chile de la organización Derechos Digitales, explica que “uno de los argumentos comúnmente esgrimidos por los ISP para oponerse a la neutralidad es que ‘alguien debe pagar por las inversiones de infraestructura’, pero lo cierto es que esa inversión es financiada hoy por las tarifas que pagan mensualmente los usuarios conectados a internet, ya sea a través de redes fijas o móviles”.
Según los analistas, los ISP argumentan que ellos deben asumir los costos del creciente tráfico web sin poder cobrar a los servicios que usan cantidades masivas de datos: por ejemplo, en Estados Unidos los servicios tipo Netflix ya representan el 70 por ciento del tráfico web, mientras que en Chile el consumo de video ya abarca el 52 por ciento del tráfico móvil. “Pai parece creer que la ley sobre neutralidad impuesta por la FCC representa una regulación gubernamental excesiva”, dice Rebecca Jeschke. Sin embargo, John Bergmayer agrega que la interferencia de los proveedores en el “ámbito político es un peligro real, aunque quizás no inmediato. Por eso es bueno tener reglas obligatorias que eviten esas conductas”.
En un artículo publicado en la revista PC Mag, la analista Samara Lynn ahondó precisamente en esa amenaza: “Digamos que Rupert Murdoch –multimillonario dueño de Fox News- o algún magnate con una agenda política compra un ISP. ¿Qué le impediría brindar la mejor conexión y velocidad a sitios que se alinean con su postura y al mismo tiempo bloquear contenido que provee otros puntos de vista?”. Incluso, dice Lynn, se corre el riesgo de crear guetos de internet: “Los ISP podrían asignar servicios más caros y mejores a ciertos clientes y entregarles una banda ancha más rápida y robusta. Si eres pobre y no puedes pagar ese servicio, no tendrás acceso igualitario a internet. Tu conexión sería lenta y deficiente. Los ISP invertirían en zonas más adineradas con residentes y negocios que pueden pagar e ignorarían a los suscriptores más pobres”.
EFECTO GLOBAL
Aunque estas leyes y controversias parezcan lejanas a Chile, no lo son tanto si se considera que hoy el 70 por ciento de todo el tráfico mundial de internet pasa por servidores y data centers instalados en el estado norteamericano de Virginia. “Las leyes de neutralidad de la FCC se enfocan en servicios ofrecidos a los ciudadanos de Estados Unidos. Sin embargo, la posibilidad de que nuevos negocios más pequeños y disruptivos lleguen a esas personas se podría ver seriamente afectada. Muchas empresas tecnológicas cuyos productos y servicios son usados por los sudamericanos tal vez se queden sin usuarios suficientes para seguir siendo viables”, comenta a Tendencias Chris Riley, director de políticas públicas de Mozilla, organización a cargo del navegador Firefox y férrea opositora al plan de Ajit Pai.
“Un gran número de los proveedores de plataformas, aplicaciones y contenidos provienen de Estados Unidos. Allí han desarrollado sus modelos de negocios que son replicados en el resto del mundo. Lo anterior implica que la eliminación de la protección del principio de neutralidad en Estados Unidos tendrá indudablemente un impacto en el ecosistema de internet”, explica Juliana Guerra. Por eso, agrega la socióloga, los servicios y aplicaciones desarrollados en Sudamérica “podrían ver negativamente impactada su competitividad versus los servicios y aplicaciones del norte”.
En 2010, Chile se volvió el primer país del mundo en adoptar una ley sobre neutralidad en internet, pero su aplicación no ha sido la ideal. Romina Garrido, directora ejecutiva de la organización Datos Protegidos, dice, por ejemplo, que “no es efectivo que obtengamos los servicios de velocidad que las compañías dicen ofrecer, ni en todos los lugares. Creo que es una ley de buenas intenciones, difícil de fiscalizar”. Guerra también menciona como ejemplo el “cero rating”, una práctica instaurada por los proveedores de internet móvil que no respeta el “principio de no discriminación contemplado en la ley”, al no cobrar por el volumen datos que usan aplicaciones específicas como Facebook y que son elegidas por las propias empresas: “Pese a que en 2014, la Subtel fue una de las primeras autoridades del mundo en condenar ese tipo de programas, luego ha caído en total inactividad en la fiscalización”.
Por ahora, la disputa en Estados Unidos sigue y la Asociación de Internet, que congrega a más de 30 compañías como Google y Netflix, ya se reunió con Ajit Pai para recalcarle que las “normas existentes deberían aplicarse y mantenerse intactas”. Además, más de 800 start-ups le enviaron una carta abierta afirmando que eliminar la protección de la neutralidad podría borrarlas del mapa. Según Chris Riley, de Mozilla, en estos momentos no “está claro a qué argumentos, audiencias o acercamientos le prestará atención Pai. Ciertamente, confiamos en una masiva ola de opinión pública en apoyo a las normas existentes y esperamos que la FCC escuche”. (La Tercera-Marcelo Córdova)
