Se dice que la justicia es ciega porque no debe distinguir, para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados, su raza, religión, orientación sexual o posición política. Por ello, como ciudadano, me llama tanto la atención que en las últimas semanas la fiscalía haya determinado no seguir adelante con las investigaciones de prácticamente todas las personas de izquierda o centroizquierda vinculadas al financiamiento irregular de la política. Me alegro de verdad por los señores Jorratt, Rosenblut, el exdiputado Insunza, el actual senador Pizarro y tantos otros beneficiados por el criterio predominante de que si usted es de izquierda o centroizquierda, nadie lo sancionará. Sin embargo, hay otras personas de derecha formalizadas por años, a quienes se han aplicado criterios distintos, aun cuando sus situaciones son similares a las de los antes mencionados.
Por ejemplo, mientras se resuelve no investigar a las personas de izquierda, una combativa fiscal pidió nada menos que 21 años de cárcel por financiamiento ilegal de la política en el caso del exsenador Jaime Orpis, acusándolo de cohecho, a pesar de que él votó la Ley de Pesca igual que todos los senadores que concurrieron a un acuerdo político prácticamente transversal. En muchas otras votaciones, incluso, su opción fue contraria a los intereses de las grandes empresas privadas. Esto consta en las actas de las votaciones de dicha ley, que son públicas.
Un fiscal puede tener ideas de izquierda. Ello es legítimo. Pero la justicia a la que sirve no puede admitir que en su nombre se discrimine, porque la justicia debe garantizar imparcialidad y un trato equitativo para todos. (El Mercurio)
Julio Dittborn
