Una ambiciosa agenda busca sacar adelante el ministro de Justicia, Hernán Larraín. El secretario de Estado tiene varios proyectos en trámite y le resta por enviar los cambios al sistema legal (justicia civil y penal) y las reformas institucionales que están a su cargo: modificaciones al Ministerio Público, al sistema de nombramientos de jueces y cambios al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Así, el titular de Justicia ya tiene avanzadas esas tres medidas -que forman parte de una agenda más global que está liderando el ministro del Interior, Andrés Chadwick- y está a la espera de que el Presidente Sebastián Piñera le entregue el visto bueno para ingresarlas al Congreso durante este segundo semestre. Esto, además, en un contexto en que La Moneda se comprometió a enviar las iniciativas y mientras en la oposición han comenzado a presionar para que se concreten.
En este escenario, Larraín espera enviar al Parlamento primero el proyecto que modifica el sistema de nombramientos de jueces; luego, el que dice relación con los fiscales y, por último, el que contempla los cambios al CDE.
“Esperamos que sean una contribución muy significativa dentro del cuadro de reformas que está promoviendo el Presidente”, dice el ministro, quien, además, iniciará -dentro de los próximos días- una ronda de reuniones, en principio, con los parlamentarios de Chile Vamos. Esto, con el objetivo de socializar las medidas.
“Vamos a trabajar (los proyectos) con nuestra gente antes de hacerlos llegar al Congreso”, señala Larraín, añadiendo -respecto a posibles encuentros con la oposición- que “eso aún no se ha resuelto”.
Hasta ahora se han conocido detalles de los proyectos que modifican el sistema de nombramiento de jueces y las modificaciones en el Ministerio Público. Sobre el primero, Larraín destaca que “hemos llegado a la conclusión de un comité de nombramientos de jueces”, lo que, a su juicio, es “una innovación muy profunda”.
En cuanto a la medida para modificar el CDE, La Tercera accedió a una minuta con los detalles, documento en el que se indica que los cambios apuntan en tres aspectos: reformas sustantivas, que consisten en establecer “estándares de probidad en el ejercicio de las funciones de los consejeros”; reformas de fortalecimiento, que buscan potenciar la “función de la defensa estatal que ejerce el CDE, incorporando nuevas funciones”; y, finalmente, reformas orgánicas, que modifican la estructura del organismo.
Así, se establecen una serie de medidas: se restringe a 10 años la duración en el cargo de consejero; se incorporan nuevos requisitos para ser abogado consejero del organismo (contar con título o al menos 15 años de experiencia y tener reconocida trayectoria); se modifica el actual sistema de nombramiento, estableciendo concurso por Alta Dirección Pública; se establece un sistema de remoción de los consejeros, a través del Presidente de la República o de un tercio de la Cámara de Diputados, la que será resuelta por la Corte Suprema luego de un procedimiento regulado por ley; se establecen, además, prohibiciones -de plazos de un año- posteriores al cese del cargo y sanciones en caso de incumplimientos, fijando multas de hasta 500 UTM, entre otras medidas (ver recuadros).
“Esta bastante avanzando el proyecto y puede entrar luego a trámite legislativo”, agrega Larraín.
CAMBIOS PROPUESTOS AL CDE
Duración en el cargo
El proyecto de ley restringe la duración en el cargo de abogado consejero a 10 años. Actualmente, permanecen en sus puestos hasta que cumplen 75 años.
Causales de cesación
Se establecen causales para que los consejeros dejen sus cargos: incapacidad física o psíquica, notable abandono de deberes y negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones.
Obligación prioritaria
Se establece “dedicación prioritaria” en el ejercicio del cargo y prohibiciones: no podrán tener otros cargos remunerados con fondos del Estado, celebrar contratos con el Estado, participar en propiedad de empresas o sociedades que presenten servicios jurídicos al sector público, actuar como mandatario judicial en juicios contra el Estado o aceptar arbitrajes.
Nuevas funciones
Se establece la colaboración en la defensa internacional de Chile, a petición del Presidente; la extensión de la intervención del consejo hasta la etapa de ejecución de la pena; y la defensa de los funcionarios públicos por sus actos de servicio a petición del jefe de la institución a la que pertenezcan, entre otros.
La Tercera
