Jurar o prometer

Jurar o prometer

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El asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay ocurrido el año 2013 debe ser uno de los crímenes más atroces que se haya cometido: quemar viva a una pareja de la tercera edad en su propia casa. La investigación de estos hechos ha sido larga y difícil. Pero la PDI y la Fiscalía presentaron este año al Tribunal de Garantía a 11 presuntos autores, quienes fueron dejados en prisión preventiva, y hoy sigue en marcha el proceso judicial correspondiente. Se aplica totalmente la ya clásica frase “hay que dejar que las instituciones funcionen”.

Pero no ha sido así. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que nunca ha asumido que las víctimas son la familia Luchsinger Mackay, ni tampoco se ha reunido con otras víctimas del conflicto en La Araucanía, pretendió a principios de este mes que uno de los imputados por dicho crimen, José Peralino, concurriera como invitado a esa Comisión, para que declarara sobre situaciones que son absolutamente propias de la investigación de la causa judicial.

Tuvo que pronunciarse la propia Corte de Apelaciones de Temuco para impedir esta “invitación”, haciendo prevalecer las razones jurídicas. Además, la propia Constitución en su artículo 76, en forma expresa, señala que “ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

Cuando se conoció esta decisión de la Comisión, especialistas en materias constitucionales de los más distintos sectores y voces transversales del mundo político, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, señalaron que la comparecencia de un imputado, formalizado y sujeto a detención preventiva,  ante un órgano de la Cámara de Diputados era contraria a la Constitución,  por cuanto significaba asumir funciones exclusivas de los Tribunales de Justicia.

A pesar de ello y habiéndose prohibido judicialmente dicha comparecencia, faltaba una sorpresa de la Comisión. De forma increíble, en su sesión del miércoles pasado -con los votos en contra de los diputados de la oposición y de su propio presidente, el diputado PPD Tucapel Jiménez- aprobó funcionar en la Intendencia Regional de Temuco e invitar nuevamente no sólo a José Peralino, sino también a la machi Francisca Linconao, que se encuentra en igual condición judicial.

Una demostración más de que el Partido Comunista, esta vez  a través del diputado Hugo Gutiérrez, vuelve a dejar clara su influencia en la Nueva Mayoría y su desprecio por el orden institucional. Logró que diputados de esa coalición aprueben nuevamente la invitación a ella de personas sujetas a prisión preventiva, como si el problema fuese el lugar donde funciona la Comisión y no ésta, en su condición de órgano de la Cámara de Diputados.

Hay cosas que superan los límites. Esta es una. Si hay diputados que al momento de asumir sus cargos juran o prometen respetar la Constitución y después con sus actuaciones transgreden abiertamente su juramento o promesa, y no tienen problema en no respetar las normas constitucionales… no nos quejemos después de las debilidades institucionales, la desconfianza de la gente o el no respeto a un estado de derecho.(La Tercera)

Andrés Chadwick

 

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