Se trata de la causa que levantó el profesor de Trabajo Social, Patricio Miranda, quien denuncia que la Universidad Católica lo despidió por ser un académico “crítico” y activo en el apoyo a las demandas de los estudiantes movilizados y a los trabajadores sindicalizados de la PUC. Tras 22 años de servicio como docente, la casa de estudios lo despidió por “necesidades de la empresa”.
Además durante ese mismo mes, se supo que el profesor de Patricio Miranda –que fue desvinculado de la Universidad Católica, tras 22 años de servicio en la Escuela de Trabajo Social y la Facultad de Teología, bajo la figura de “necesidades de la empresa”, luego de que hubiera una reestructuración al interior de la Escuela de Trabajo Social y un cambio de autoridades– presentó una demanda laboral en contra de la universidad.
En marzo se vivió un verdadero huracán al interior de la Universidad Católica, que puso en jaque el discurso del rol público de dicha institución, luego de que monseñor Ricardo Ezzati decidiera no renovar la “misión canónica” del profesor y sacerdote la de la Facultad de Teología, Jorge Costadoat, reconocido por mantener una visión crítica en sus cátedras. La resolución significa que el profesor no puede seguir dictando clases en dicha facultad.
“En mi demanda se establece que ha habido una violación a los derechos fundamentales de mi persona, a la honra, a la vida, al derecho a pensar distinto, sin que haya falla doctrinal”, contó aEl Mostrador el ex académico de la PUC.
Terminada la etapa oral de este proceso judicial, se citó a declarar al rector Ignacio Sánchez, como representante legal de la UC, además del Vice Gran Canciller, Cristian Roncagliolo, y al Secretario General, Mario Correa, los últimos en calidad de testigos, para la audiencia a realizarse el próximo 28 de mayo.
PAÑOS FRIOS A LAS CRISIS
En el caso del profesor Jorge Costadoat la decisión, según Ezzati, fue tomada “bajo la certeza de que la docencia del profesor J. Costadoat, dista de la enseñanza teológica que se espera de una universidad que tiene la característica, y la exigencia, de ser Católica y Pontificia”. Además del no cumplimiento de un compromiso que realizó Costadoat en 2012, cuando se le renovó por última vez la “misión canónica”.
Finalmente, por medio de un decreto de nombramiento firmado por monseñor Ezzati y el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, se le ofreció al sacerdote continuar siendo parte de la facultad como investigador, propuesta que fue aceptada por el académico.
Dicha propuesta puso paños fríos a una situación que –de acuerdo a fuentes de la UC– “parecía descontrolarse por la presión mediática”, ya que tanto académicos como estudiantes hicieron público su descontento con la decisión de la máxima autoridad de la PUC.
Esta salida administrativa que ofreció Ezzati junto a Sánchez parece ser una forma tradicional de operar al interior de la UC, ya que una solución similar fue ofrecida al profesor Patricio Miranda a finales del 2014. Un académico recuerda que cuando el profesor fue desvinculado “de la Escuela de Trabajo Social, se le ofreció hacerse cargo del Centro Fe, Cultura y Desarrollo en América Latina, un proyecto que más parecía una forma de apaciguar las aguas que intentar continuar con el aporte de un académico con una visión crítica, ya que de todas formas terminó fuera de la Universidad”.
RESPUESTA DE LA PUC
En su momento la Universidad Católica decidió no referirse al caso, debido a que “este problema está en manos de los Tribunales y esperamos resolverlo en ese ámbito”. Pero el proceso legal ha avanzado y la UC respondió a la demanda, a la que tuvo acceso El Mostrador.
El documento explica que el contrato de trabajo del profesor Miranda “se extinguió con fecha 16 de enero de 2015, en virtud de la causal establecida en el inciso primero del artículo 161, del Código del Trabajo, es decir, necesidades de la empresa”.
El argumento entregado por la universidad corresponde a que existía “una serie de procesos internos de reorganización y readecuación –Plan de Desarrollo– destinados a reestructurar las áreas en que trabajaba” el profesor. Dentro de esas medidas está la “discontinuación” del Magíster de Trabajo Social y Organizaciones –que dictaba el académico– por una “bajísima tasa de titulación”, pero agrega que los mismos problemas se repetían en los otros programas de magíster de la Escuela de Trabajo Social.
Ante esto, el profesor Miranda establece que “el único plan de desarrollo que ha regido a la Escuela de Trabajo Social en estos últimos años, es el Plan de Desarrollo Estratégico, acordado por el 100% de los académicos del Claustro Académico en noviembre del 2012 (…). Nunca supe que hubiese otro Plan de Desarrollo Estratégico que quitara vigencia a este”.
Además, agrega que ante la reestructuración de las áreas en donde él trabajaba, “lo curioso es que las mismas funciones docentes que yo cumplía por dos décadas y con excelentes calificaciones de estudiantes, pares y autoridades, fueron cubiertas por docentes de categoría de Asistentes, siendo despedido el Profesor Titular”. Según el profesor, la llamada reestructuración “no fue más que un enroque en el que una de sus piezas fue sacada del tablero”.
Por otra parte, en su documento de defensa, la UC establece que, en cuanto al punto de la demanda que mantiene que hubo “una violación a los derechos fundamentales” del profesor Miranda, “no es efectivo que mi representada –Universidad Católica– haya incurrido en actos lesivos de derechos fundamentales del actor. Tampoco es efectivo que el demandante haya sido despedido como una especie de represalia a reclamos que haya formulado al interior de la universidad”. “Sólo basta leer la demanda para darse cuenta de que el actor sabía perfectamente la causal aplicada y los hechos fundamentales de la misma”, añade.
Asimismo, establece que “no es efectivo que al actor se le haya discriminado por su eventual opinión de ‘política universitaria’”. Niega, de igual modo, que Patricio Miranda haya solicitado un sumario por el despido de la Escuela de Trabajo Social y asegura que su reunión con el secretario general –Mario Correa– no tiene “relación con su desvinculación”. Esto, luego de que el académico expusiera que un día antes de ser despedido por la universidad, se reunió con Correa –por recomendación del Vice Gran Canciller, Cristian Roncagliolo– y en dicho encuentro él le comentó al profesor que podía invocar un autosumario para que su caso fuera revisado, lo que finalmente no ocurrió. “Al otro día en la mañana me estaba llamando la Directora de Personal para hacerme entrega de la Carta de Despido”, detalla el profesor.
Según el académico, “como del argumento de la “reestructuración” no se sustenta, “queda abierta la pregunta por las razones reales de mi despido. Sólo a modo de indicación, cabe referir aquí el testimonio de la Directiva del Sindicato de Profesionales de la UC. El mismo día del despido exigieron explicaciones al Vice Gran Canciller, Pbro. Cristian Roncagliolo. Éste habría dicho que finalmente me despidieron ‘por ser rebelde’”
“Expulsar a alguien por ser considerado ‘rebelde’, habla de una sui generis necesidad de ‘reestructuración’ que bien puede expresarte en este imperativo, en nada categórico: disciplinarás a los indisciplinados y expulsarás a quienes no se disciplinen. Convendremos que tal es una figura típica de un imperativo de carácter político”, agregó.
Por otra parte, la respuesta de la Universidad esgrime que la demanda por vulneración de los “derechos fundamentales” denunciados por el profesor, deberá realizarse en un plazo máximo de 60 días al hecho, los que se habrían excedido, ya que los actos vulneratorios denunciados se desarrollaron en octubre, sobrepasando los 60 días a la presentación de la demanda laboral.
JUICIOS LABORALES
El sindicato de Red Salud UC, que protagonizó una gran huelga a fines de 2012, ha seguido de cerca la causa laboral que ha entablado el profesor Patricio Miranda contra la PUC. En ese marco, se ha presentado como testigo durante el juicio oral. “Nos hemos dado cuenta que de Rectoría hay muy poco de tolerancia a quien piensa distinto. Ha pasado con nosotros también, que queremos que se haga valer la ley como corresponde y eso no es prioridad para la universidad”, señaló Luis Orellana, secretario del sindicato.
Según el sindicalista, la relación y compromiso con los trabajadores del profesor Miranda siempre estuvo latente. Explica, en tal sentido, que fue parte del proyecto “Escuela Sindical”, y que dicha “libertad de pensamiento y cercanía con los trabajadores y estudiantes, hace que el profesor sea considerado una persona no grata para la universidad”.
Explica que la causal de necesidades de la empresa es injustificada, “finalmente no hay una necesidad, es más, lo primero que se hace es reemplazarlo, pasa también con los desvinculados de nuestro sindicato, es un actuar constante”. “Soy dirigente desde el año 2008, siempre los despidos han sido por dicha causa, pero incluso en muchas ocasiones ya tenían el reemplazo del trabajador desde antes”, añadió.
En cuanto a la citación de altas autoridades de la Universidad, para Luis Orellana no es nuevo que se llame al Rector Ignacio Sánchez: “En general en todos los juicios que llevamos nosotros –Sindicato Red Salud UC– se solicita absolver posiciones por parte del representante legal, que es el rector, pero no recuerdo alguna ocasión en la que haya ido, siempre manda a su abogado, no es algo importante para su agenda”.
Lo que sí es nuevo es la citación de otras altas autoridades de la Universidad, aunque –según el profesor Miranda– no hay claridad sobre si efectivamente asistirán a declarar, señalando que su “esperanza no está depositada en las autoridades civiles y eclesiásticas que dirigen la universidad, sino en el Poder Judicial de la República”.
