El suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, presentó un recurso al Tribunal Constitucional por el proceso administrativo que lleva en su contra la Corte Suprema.
Con fecha 15 de julio, la defensa del magistrado exhibió un requerimiento de inconstitucionalidad contras las normas indicadas en un auto acordado del máximo tribunal en las que se detallaba el procedimiento para “investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial”.
Respecto a dicha acta, la defensa de Vásquez sostiene que la aplicación de dichas normas “infringe el artículo 19 números 2°, 3°, 5° y 26° de la Constitución Política de la República”.
“Este requerimiento no tiene por objeto tachar de inconstitucional la potestad normativa de la Corte Suprema; en cambio tiene por objetivo denunciar la inconstitucionaldad de algunas normas del auto acordado, por infringir derechos fundamentales, y en general, la garantía de reserva legal en el ejercicio de los derechos y sus garantías”, se señala en el documento.
Vásquez es parte del proceso administrativo que está realizando el Poder Judicial en el denominado caso jueces. En este, tanto él como su colega del tribunal de alzada de Rancagua, Emilio Elgueta, están siendo investigados por eventuales faltas a la probidad. Un tercer ministro, Marcelo Albornoz, estaba siendo investigado también por esta causa, pero luego de su suicidio, fue sobreseido de esta investigación.
De hecho, a comienzos de julio se supo que la defensa de Elgueta había recurrido al TC, cuestionando la constitucionalidad de las mismas normas objetadas por Vásquez, las que fueron acordadas para la investigación de irregularidades al interior del Poder Judicial.
Respecto a este último, en mayo pasado la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, formuló cargos contra él por tres supuestas irregularidades que habría cometido el magistrado mientras ejercía como juez de la Corte de Rancagua.
Por dichos cargos, Maggi propuso la apertura de un cuaderno de remoción contra los tres jueces, hecho que fue ratificado por el máximo tribunal el pasado 2 de julio.
La Tercera/Agencias
