El ministro en visita Mario Carroza está evaluando la posibilidad de liberar a dos condenados por violaciones a los derechos humanos que actualmente cumplen condena en Punta Peuco.
Según publica hoy La Tercera, se trata de los ex agentes de la DINA José Fritz Esparza, de 84 años, y Risiere del Prado Altez España, de 88, quienes están vinculados con procesos como el Villa Grimaldi y la Operación Colombo, y tienen sus facultades mentales disminuidas.
De acuerdo con el matutino, la reflexión del magistrado se produjo durante la visita que realizó el pasado 28 de noviembre a Punta Peuco, donde constató que, de un total de 116 internos (93 mayores de 65 años) 60 están en buenas condiciones de salud, 48 en condición «regular» y ocho están en malas condiciones.
«Pude detectar que ocho personas estaban en estado de bastante gravedad. (…) Me entrevisté con ellos, los vi dónde estaban. Seis están en una situación delicada de salud grave y hay dos más que están en precarias condiciones de tipo cognitivo», explicó Carroza.
El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago recordó que para estos casos «hay una normativa que se puede aplicar»: el artículo 10 del Código Penal, que señala que quedarán exentos de responsabilidad «el loco o demente (…) y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón».
«Solicité un informe al SML (Servicio Médico Legal) para que me dijeran si (Fritz y Altez) estaban dentro de lo que uno considera loco o demente en la judicatura. Una vez que tenga esos informes tengo que resolver cuál será el destino de estas personas, si se mantienen ahí o se le aplica lo que señala la ley (…) Si se define que son peligrosos deberían ir a una casa siquiátrica, y si no lo son, serían entregados a sus familiares», indicó Carroza.
La eventual liberación, agrega la nota periodística, no considerará a los otros seis reos en malas condiciones de salud, pues el Código Penal no incluye ninguna norma que permita excarcelar a un reo por motivos de salud, dado que eso se tiene que decretar por medio de algún indulto humanitario.
«PRECEDENTE JUDICIAL HISTÓRICO»
El abogado de la Multigremial de las Fuerzas Armadas, Raúl Meza, celebró la decisión del juez y advirtió que puede tener implicancias «históricas».
«Lo que está haciendo (Carroza) es cumplir estrictamente con el ordenamiento jurídico vigente, en cuanto a que el legislador contempla expresamente que si el condenado cae en enajenación mental, el juez debe dejarlo en libertad bajo la custodia de su familia, si ésta no constituye un riesgo para él y la sociedad. Sin duda que de adoptarse esta decisión se constituiría en un precedente judicial histórico en materia de derechos humanos en favor de militares condenados por delitos de lesa humanidad», dijo Meza.
El jurista piensa que «esta decisión será muy buen recibida por el resto de los internos, ya que se abriría, después de 43 años, una expectativa judicial cierta para la obtención de otros beneficios carcelarios para el resto de los condenados».
Consultado por el estado de Fritz y Altez, Meza dijo que el primero «tiene un diagnóstico de alzhéimer sin conciencia de la realidad que vive y duerme en el suelo esperando que llegue su esposa».
El segundo «tiene una incapacidad mental grave, sin recuerdos presentes ni pasados, no es autovalente», indicó. (Cambio 21-La Tercera)
