El gobierno del Presidente Piñera ha reactivado un proyecto de ley que presentó en 2013 que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentran estudiando en la educación superior. Hoy la tasa de desocupación juvenil alcanza 20,5% (la nacional es 7,9%). La participación laboral de jóvenes entre 15 y 24 años apenas supera el 30% y varios países -como Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca e Irlanda- están sobre el 60%, siendo el promedio de la OCDE superior al 40%.
La excesiva regulación laboral es, por supuesto, un disuasivo para contratar jóvenes. En el Economic Freedom of the World Report de 2018, Chile está en el lugar 126 de 162 países en regulación laboral, nuestra peor posición. En el índice de Libertad Económica de Heritage Foundation retrocedimos del lugar 10 al 20 y la libertad laboral es uno de los principales causantes.
Diversas legislaciones contienen incentivos al trabajo joven que incluyen beneficios tributarios y subsidios al empleador. Los países que tienen contratos rígidos, caracterizados por horarios y distribuciones de jornadas inflexibles, limitan la participación de grupos juveniles que requieren compatibilizar el trabajo con sus estudios. Una regulación inadecuada también aumenta la informalidad, lo que en definitiva redunda en empleos más precarios.
El proyecto que discute el Congreso permite a los jóvenes estudiantes que trabajen mantener su asignación familiar; no cotizar para salud si sus padres los mantienen como carga en su seguro de salud; no sumar los ingresos obtenidos al cálculo de renta para obtener beneficios sociales; una jornada laboral no mayor a 30 horas semanales ni distribuida en más de seis días; prohibición de pactar horas extraordinarias, y supletoriedad del Código del Trabajo en lo no regido por el proyecto.
Pero un grupo de diputados del Frente Amplio y el PS se han opuesto al proyecto aludiendo a una supuesta precarización y pérdida de derechos. Han dicho que se elimina el derecho a sindicalización, lo que es falso, pues se señala expresamente en todas las materias no reguladas por esta ley los trabajadores estudiantes gozarán de todos los derechos consagrados en el Código. Han señalado que no se contemplan cotizaciones previsionales ni seguro de cesantía, lo que es manifiestamente falso, pues se dice expresamente que los empleadores estarán obligados a declarar y pagar las cotizaciones para pensiones, para seguro de cesantía y contra accidentes del trabajo. Se ha dicho que las mujeres contratadas a través de esta modalidad no podrán acceder a pre y post natal, lo cual ocurriría solamente si renuncian a cotizar para salud, pero ellas pueden optar por cotizar si dejan de ser carga de sus padres.
En síntesis, han puesto dificultades a la tramitación del proyecto atrasando su aprobación. Cuando finalmente fue aprobado en la Cámara de Diputados, ingresó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado el 17 de Julio de 2018. El Ejecutivo ha ingresado cuatro urgencias sumas y cuatro urgencias simples desde esa fecha, pero no ha tenido avances sustanciales en su tramitación durante los seis meses siguientes.
Esperamos que en marzo el Senado dé rápida tramitación a este proyecto. Hay aquí una oportunidad para que nuevos liderazgos les hagan ver a los jóvenes chilenos que el futuro se jugará entre empleos formales o informales, y que los políticos que entorpecen esta iniciativa les hacen un tremendo daño a quienes pretenden compatibilizar sus estudios con un trabajo remunerado. (DF)
Luis Larraín
