«Nosotros queríamos dar una señal como Ejecutivo de que queríamos actuar rápido, por eso hemos generado un decreto lo más acotado que nos permite la legislación, para poder cumplir con esta garantía de seguridad en la zona», dijo este martes el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, defendiendo la decisión que tomó ayer en la noche el Ejecutivo junto con los presidentes de los partidos oficialistas de decretar un estado de excepción «acotado» en la macrozona sur.
En ese contexto, el secretario de Estado fue enfático en recalcar que «el anuncio va particularmente en tres líneas y todas ellas orientadas para poder garantizar el bienestar y la seguridad de las personas en las regiones de Biobío y también La Araucanía«, mencionando el aumento del presupuesto de la Conadi, la creación del ministerio de los Pueblos Indígenas, la inversión de 400 mil millones «en materia de pobreza y desigualdad», y el diálogo con la ONU para generar buenas políticas públicas.
En ese último punto, Jackson mencionó que el día de ayer se realizaron todos los trámites para hacer una solicitud formal a la organización internacional.
De todas maneras, el ministro recalcó las resoluciones que lograron convencer al oficialismo para decretar estado de excepción: «Siempre bajo todas las medidas de uso de la fuerza y también de protección a los derechos humanos que para nosotros va a ser prioritario».
¿Y EL PROYECTO DE ESTADO INTERMEDIO?
Ni en la oposición ni el en oficialismo estaban los consensos para el proyecto llamado «estado de protección y resguardo» que quería proponer el Gobierno.
«Como Ejecutivo, en un comienzo habíamos pensado que era mejor tener una nueva modalidad de los estados, en este caso, de resguardo y protección de rutas. Sin embargo, nos dimos cuenta al conversar con las distintas bancadas que esto, además de demorarse más tiempo, podía demorarse más tiempo en generarse los consensos para esa nueva modalidad, lo que iba a generar también es un aplazamiento», mencionó Jackson al respecto.
ESTADO DE EXCEPCIÒN INGRESADO A CONTRALORÍA
Durante la mañana de este martes el gobierno ingresó a Contraloría el decreto que aplica el Estado de Excepción “acotado” en la Macrozona Sur para el resguardo de las rutas y caminos por parte de las FF.AA.
La medida fue anunciada en La Moneda la noche de este lunes por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien estuvo flanqueada por sus pares del Comité Político y por dirigentes de los partidos oficialistas.
“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”, dijo anoche la jefa de gabinete.
Si bien el Presidente Gabriel Boric al llegar al gobierno había dejado en claro que estaba en contra de mantener esta medida que venía de la administración de Sebastián Piñera, finalmente se optó por esta vía “acotada”, tras una serie de fallidas negociaciones con los colectivos oficialistas para buscar avanzar en el proyecto de Estados intermedios que era el camino que el actual gobierno quería seguir para el resguardo de rutas de la zona.
En el decreto ingresado a Contraloría -al cual accedió La Tercera– firmado por el Presidente y las ministras Siches y Maya Fernández (Defensa), se justifica la aplicación de la medida, señalando que “en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos violentos en las rutas, especialmente, en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío de la Región del Biobío. En reiteradas oportunidades se ha puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de vías que conectan diferentes zonas de nuestro territorio. Lo anterior, afecta especialmente a quienes ejercen funciones de vital importancia para el habitual desarrollo de servicios y actividades económicas y, en particular, de la cadena de producción y distribución de alimentos, bienes, suministros e insumos de salud”.
Y se agregó que “también hemos visto cortes extendidos de las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas. Estos bloqueos han tenido lugar en rutas y han dificultado el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y la vida cotidiana de las familias en las zonas afectadas, impactando tanto al sector público como privado”.
Es así como el decreto establece tres artículos: el primero que señala que este Estado de Excepción regirá “en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío, para la protección de rutas en aquellos territorios”.
“Las medidas adoptadas, en función de este decreto, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas”, se agregó en el documento.
El segundo es respecto a los integrantes de las FF.AA. que se harán cargo de las zonas donde regirá la medida. Y por otro lado, en lo relativo a las facultades para los jefes de la Defensa que se harán cargo de la seguridad, el artículo 3 del citado texto establecen una serie de medidas que ya se habían visto en otros Estados de Emergencia, como la autorización de reuniones, control de accesos o el dictar medidas de protección para servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales, entre otros.
Es así como se establece que los jefes de la Defensa deberán “asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en las zonas declaradas en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, en especial las de los Delegados Presidenciales Regionales respectivos”.
También se les faculta para “dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar” y “autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno”.
Por otro lado podrán “controlar la entrada y salida de las zonas declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella”. Además de “dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros”.
El decreto del gobierno faculta a los efectivos militares a cargo de dicha zona a “impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas, siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), especialmente de los principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Es deber de los Jefes de Defensa Nacional asegurar el conocimiento y respeto de los derechos humanos y los principios de uso de la fuerza por parte de los funcionarios que realicen labores de mantenimiento del orden público en razón del presente decreto”.
DESIGNADOS JEFES DE LA DEFESA NACIONAL
Con la firma del Presidente Gabriel Boric y de las ministras del Interior, Izkia Siches y de Defensa, Maya Fernández, el gobierno ingresó a la Contraloría General de la República esta mañana el decreto que aplica el Estado de Excepción de Emergencia “acotado” en la Macrozona Sur por 15 días.
La medida fue anunciada el lunes por la noche desde La Moneda, y permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas y carreteras en La Araucanía y en la provincias de Arauco y Biobío.
Tal como establece la Constitución vigente, el Mandatario debe designar a un jefe de Defensa Nacional, ya que las zonas respectivas en las que se decretó la medida quedarán bajo la dependencia inmediata de aquella autoridad y ésta tendrá deberes y atribuciones otorgados por ley.
En esta ocasión, quienes asumirán esta labor para el Estado de Excepción de Emergencia “acotado” anunciado por la actual administración serán dos viejos conocidos: el almirante Jorge Parga Balaresque, en las provincias del Biobío y Arauco; y el general Edward Slater Escanilla en La Araucanía.
No es primera vez que ambos asumen un cargo de este calibre. En octubre de 2021, cuando el exPresidente Sebastián Piñera decretó Estado de Excepción -también en la Macrozona Sur-, designó al funcionario de la Armada como uno de los jefes de Defensa Nacional.
Mientras que el miembro del Ejército asumió también en ese cargo el 12 de marzo. Su designación se enmarcó en la llegada del gobierno del Presidente Boric, pero solo estuvo por un plazo de 15 días, mientras finalizaba el estado de emergencia en la zona decretado por Piñera, que dejó de regir el 26 de marzo.
Los jefes de defensa nacional tendrán las facultades establecidas en el artículo 5 de la Ley N°18.415, según indica el decreto ingresado a la Contraloría.
En detalle, son las mismas que un Estado de Excepción a secas o “no acotado”, ya que incluyen asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en las zonas contempladas por el estado de emergencia y la autorización para la realización de reuniones en lugares de uso público.
Así como también el control de la entrada y salida de la zona -así como también su tránsito- y dictar medidas para la protección de obras de arte y de los servicios de utilidad pública.
Revise aquí todas las facultades de los jefes de defensa nacional durante el Estado de Excepción anunciado por el gobierno:
- Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en las zonas declaradas en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, en especial las de los Delegados Presidenciales Regionales respectivos;
- Dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar;
- Autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno;
- Controlar la entrada y salida de las zonas declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella;
- Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros;
- Impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas, siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), especialmente de los principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Es deber de los Jefes de Defensa Nacional asegurar el conocimiento y respeto de los derechos humanos y los principios de uso de la fuerza por parte de los funcionarios que realicen labores de mantenimiento del orden público en razón del presente decreto; y
- Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal. (Emol-La Tercera)
