Lucía Pinto renunció a la intendencia de Coquimbo luego que la Contraloría General de la República denunciara un presunto caso de fraude al fisco en la Intendencia citada tras la adquisición de unos terrenos por $9.800 millones para la construcción de un recinto deportivo.
El ente fiscalizador señaló haber rechazado en cuatro oportunidades el contrato de compra -vía trato directo- del terreno, suscrito entre el Gobierno Regional (GORE) y la Inmobiliaria Guayacán Spa y otras.
En ese sentido, estableció que «el GORE incumplió la norma que se aplica para este tipo de compras, al no justificar debidamente por qué se había recurrido al trato directo». Producto de esto, el Ministerio Público abrió una investigación.
«En vista de los hechos acontecidos durante las últimas semanas, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo de Intendenta de la Región de Coquimbo al Presidente de la República, Sebastián Piñera. Por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera. Agradezco especialmente al Presidente Sebastián Piñera por su permanente apoyo y confianza, pero muy especialmente por el afectuoso respaldo que me ha brindado en estos momentos, así como a todas las personas que me han entregado innumerables muestras de confianza y cariño, ellas son el mayor aliciente para demostrar que en todo momento he actuado persiguiendo exclusivamente el bienestar de mi región», señaló en una declaración pública.
Durante los últimos días se había informado que la intendencia de la región inscribió un contrato de una compra de terreno en una notaría de La Serena sin que pasara por la «toma de razón» de Contraloría General de la República, quienes ya habían rechazado cuatro veces este proceso de compra iniciado por el Gobierno Regional.
Esta «toma de razón» es una operación ineludible que forma parte del proceso, por lo que Contraloría remitió el caso a la Fiscalía, argumentando irregularidades, quienes investigan un fraude al fisco por $9.800 millones.
Pinto había señalado por esto que «Contraloría puede poner en antecedente cualquier hecho que a su juicio deba ser investigado, pero nosotros tenemos la absoluta certeza y todos los antecedentes, que acreditan que no existe ningún tipo de irregularidad«.
«Esto se desarrolla en el marco de un trabajo mayor como es el futuro hospital. Cuando se entregó el terreno de la Cordep, la municipalidad se dedicó a la búsqueda de un espacio apropiado para el luego sitio deportivo, ellos evaluaron y realizaron todos los estudios técnicos. Este fue un proceso en el que actuamos diversas instituciones públicas, además del municipio, también estuvo el Consejo Regional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte«. (Emol)
