En las dependencias de la Fundación Chile 21, el presidente de Chile Transparente , José Miguel Insulza, participó ayer del panel “Agenda de Probidad y Transparencia”, foro en el que también coincidieron la directora ejecutiva de Pro Acceso, María José Poblete, y la directora de Espacio Público, María Jaraquemada.
En la cita, Insulza abordó aspectos de la regulación del nexo entre la política y los negocios y expuso la opción de que las empresas sigan aportando a la actividad política. Un planteamiento contrario a lo que establece el proyecto de ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia impulsado por el gobierno Ejecutivo, donde se eliminan las donaciones de personas jurídicas.
“Resurge una idea que exista un fondo privado. O sea, que las empresas sí puedan dar a la política y a las elecciones. Pero la empresa debería hacerlo en los mismos términos en que se hacen los aportes públicos. Es decir, siguiendo el mismo porcentaje de distribución para cada partido y fuerza política, las empresas deberían poder hacerlo también para contribuir a un fondo”, dijo el ex ministro, poniendo como requisito que puedan hacerlo una vez que se sepan los resultados de los comicios electorales.
“Es lo que ocurrió en las primeras elecciones (posterior a la legislación sobre la materia surgida en el 2003) Las empresas donaron, sobre todo las empresas extranjeras, acordaron que si se les pedían donaciones, ellos iban a donar directamente de acuerdo con la misma distribución de un fondo público. Incluso, algunas como Telefónica, lo hicieron. Por lo tanto, no es una idea nueva, pero ya significa un cierto cambio”, añadió.
“Depende mucho de qué concepto tiene uno de eso. Porque en principio uno dice si el Fisco va a hacer el esfuerzo, porque no hace una parte el sector privado en los mismos términos en los que el Fisco tiene que entregar. Es un tema que está pendiente”, argumentó.
CONCESIONES
El en foro también se hizo una revisión a las condiciones políticas en las que surgió la actual legislación que regula el aporte de las empresas a la política. Esto, en el contexto del llamado “Caso Mop-Gate” durante el gobierno de Ricardo Lagos.
“Esto fue una cosa que se discutió mucho en el año 2003. Hubo dos oponentes: la derecha y Hacienda, donde no estaban muy convencidos de que realmente esto pudiera funcionar y eso fuera seguido por nuevas demandas de financiamiento público por falta de donaciones privadas, fue una de las grandes concesiones del año”, sostuvo Insulza.
Asimismo, quien fuera ministro del Interior en la administración de Lagos agregó, sobre la figura de los aportes reservados surgido en aquel periodo, que “era completamente irreal e ingenuo proteger al candidato de la influencia del donante. Esto tuvo bastante acogida, yo no estuve de acuerdo con ello”.
Uno de los presentes en el encuentro, el ex senador Carlos Ominami, cuestionó la normativa surgida en la época, en particular, sobre los aportes reservados y las carencias de regulación en el periodo de precampaña. “Los que estábamos en esto, sabíamos que estas normas salieron con vacíos. Cada cual nos sentíamos en el derecho de torcerle la nariz e incluso infringirla, porque no tenía dientes y porque era una norma que no era justa”, dijo el presidente ejecutivo de Chile XXI.
