En julio de 2020, cuando la pandemia llevaba cuatro meses de embate contra la población chilena, la Encuesta Social covid-19 cifraba en un 19,4% la proporción de hogares en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa.
El indicador mide la falta de acceso físico, social o económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, una necesidad que se vio duramente afectada por causa del SARS-CoV-2 y las restricciones asociadas a su control.
Este jueves, el Ministerio de Desarrollo Social y Familita dio a conocer los resultados de la segunda ronda de la medición realizada en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cual dio a conocer una mejoría en la situación nacional: la inseguridad alimentaria moderada-severa bajó a un 11,5% de los hogares.
En la práctica, los porcentajes se traducen a la siguiente realidad: si en julio de 2020 había un total de 1.156.031 hogares en situación de inseguridad alimentaria, ya fuera moderada o severa, el número de hogares en la misma situación disminuyó a 693.649 hacia fines del mismo año. La reducción corresponde a un 40% de la cifra inicial.
«Hemos hecho enormes esfuerzos para brindar una ayuda no solo en materia sanitaria, sino también en la entrega de alimentos y en apoyos económicos«, explicó la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.
«Las transferencias monetarias han demostrado tener un impacto no solo en la pobreza, sino también en la seguridad alimentaria de las familias en pandemia«, agregó.
Las iniciativas de la cartera que apuntan en esa dirección consideran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Bono Covid, el Bono Clase Media y el Plan de Seguridad Alimentaria, que considera entre sus 29 medidas la entrega de alimentos saludables a ollas comunes, que cuenta con un presupuesto de $500 millones.
La ministra señaló que combatir la inseguridad alimentaria «no es un acto de caridad: es un deber». «Brindar alimentos suficientes y nutritivos no es un tema colateral en los desafíos que ha impuesto la pandemia, sino un tema central en la implementación de las políticas gubernamentales«, dijo.
«Cuando como autoridad decimos que hemos logrado reducir en un 40% la inseguridad alimentaria, no lo hacemos para decir ‘misión cumplida’, sino para mantener activo el sentido de urgencia».
Sus palabras fueron refrendadas por las de la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, quien señaló que aunque el retroceso «sin duda se trata de una buena noticia», el deber es «seguir trabajando con fuerza para continuar por este camino, apoyando a quienes aún enfrentan este problema: familias que mayoritariamente tienen a una mujer como jefa de hogar, que no cuentan con personas ocupadas y en donde hay problemas para pagar deudas«, añadió.
En efecto, la encuesta mostró que la inseguridad alimentaria en hogares donde ninguno de los integrantes tiene empleo alcanza el 21,4%, muy por encima de aquellas residencias donde al menos uno de los habitantes tiene trabajo remunerado (8,1%).
El indicador también es mayor en hogares donde la jefatura de hogar tiene educación media incompleta (19,3%) versus aquellos donde la educación media está completa (8,1%). La misma tendencia se muestra en hogares que deben pagar deudas (13%) en comparación a aquellos que no tienen dichos compromisos (7,4%).
Al analizar la situación regionalmente, se evidencia que el descenso de la inseguridad alimentaria ocurrió en las macrozonas Norte, Centro, Sur y Metropolitana, exceptuando únicamente a la zona del Extremo Sur.
ENTREGA DE ALIMENTOS SALUDABLES
En abril de 2020, en el contexto de pandemia, la secretaría Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social inició un trabajo de coordinación de distintos organismos públicos y organizaciones no gubernamentales para crear un Plan de Seguridad Alimentaria que incluye la entrega saludable de alimentos a ollas comunes.
Esto último fue financiado a través de asignaciones directas del Fondo para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y lo ejecuta la Corporación Red de Alimentos con la colaboración de Elige Vivir Sano. Cuenta con un presupuesto de $500.000.000.
El proyecto tendrá cobertura nacional, con un alcance 101 comunas, 130 ollas comunes y más de 28 mil beneficiados. (Emol)
