Una nueva compañía del negocio del ladrillo y el cemento inició un proceso de reorganización judicial. Ahora se trata de La Cruz Inmobiliaria y Constructora, de propiedad del expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado, y Marcelo Garrido.

Los pasivos son cercanos a los US$ 80 millones y los principales acreedores son los bancos Scotiabank, Consorcio y Santander. La negociación está siendo liderada por Capital Trust, vinculada a Rodrigo Muñoz Vivaldi, y por el estudio jurídico del abogado Luis Felipe Castañeda, ambos reconocidos por su extensa experiencia en resolver situaciones de crisis financieras en múltiples sectores económicos.

“Tenemos la convicción de la viabilidad de la empresa, atendida su historia y las proyecciones a futuro, lo cual permitirá cumplir con sus obligaciones”, dijo el propio Marcelo Garrido en la solicitud de reorganización presentada a la justicia el viernes.

Ahí detalló que la sociedad comenzó sus operaciones el año 2014, “sumando la experiencia de dos reconocidos operadores del área inmobiliaria y con activa participación en el mercado de la construcción”, sostuvo.

La firma es liderada por Hurtado, constructor civil de la Universidad Católica, quien ha tenido una destacada carrera en empresas de ingeniería dedicadas a la construcción. Entre 1989 y 2005 desempeñó labores en Brotec, donde alcanzó la gerencia general.

A mediados de 2010 asumió como primer vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ocupando la presidencia entre 2012 y 2014. Además, es past presidente del Consejo de Política de Infraestructura (CPI) y presidente del directorio de Caja Los Andes, ligada al gremio constructor.

Marcelo Garrido es asistente social de la Universidad Católica de Valparaíso con vasta experiencia en el área inmobiliaria, desempeñándose en sus inicios como Agente Regional de la Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la Construcción en la V y VII regiones. Por más de 16 años ocupó importantes cargos ejecutivos en inmobiliarias de presencia nacional.

La mayoría de los proyectos de los socios se insertan en el Programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

“Debido a la alta competencia en el sector, nuestra empresa ha incorporado elementos diferenciadores, tanto en materia de calidad de las viviendas como planteamiento del desarrollo urbano, manteniendo un compromiso permanente con el medio ambiente”, dijo Garrido en su presentación a la justicia.

A la fecha, entre proyectos terminados y en desarrollo, la empresa alcanzó un total de 4.200 viviendas, repartidas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins.

“Sin embargo, el crecimiento de la empresa y los buenos resultados obtenidos se vieron afectados a partir del año 2020 por efectos de la pandemia, ya que los plazos de ejecución de las obras se fueron ampliando debido a las cuarentenas y restricciones de movilización, retrasándose las ventas, pero manteniéndose la estructura de vencimiento de los financiamientos”, afirmó.

Y añadió: “Frente a la situación producida, se hace necesario proceder a una reestructuración de los plazos y condiciones de los créditos, acorde al flujo de caja de la compañía”.

Fuentes vinculadas al proceso destacaron, además, que la empresa se ha visto enfrentada a un escenario altamente desafiante que es transversal a la industria, debido al alza del costo de los materiales de construcción como a la escasez de mano de obra producto de la pandemia y de las disposiciones de la autoridad para el control de la crisis. (DF)