Un total de 222 ingresos ha recibido en lo que va del año, desde enero a julio, el Tribunal Constitucional (TC), lo que equivale a un incremento de 19%. La cifra ya superó el total de recursos que se presentaron en 2015, que fueron 186; es decir, 36 más.
El TC es uno de los tribunales más importantes y tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de preceptos legales, ya sea por la vía de requerimientos de inaplicabilidad o de acciones de inconstitucionalidad.
Los controles preventivos pueden presentarse a requerimiento del Presidente de la República, de las cámaras o de una parte de sus miembros en ejercicio, y otros son obligatorios respecto de leyes interpretativas de la Constitución, leyes orgánicas constitucionales y tratados internacionales que contengan normas propias de este último tipo de leyes.
En los dos últimos años se ha experimentado un aumento respecto a 2014, donde ingresaron 148 causas, la cifra más baja en comparación con otros años. Esto obedeció «a un rezago de asuntos mientras la facultad de conocer la inaplicabilidad estuvo radicada en la Corte Suprema, también a que el tribunal ha ido estableciendo jurisprudencia; asimismo, a que es más estricto en la admisibilidad», explicó en esa oportunidad el presidente del TC, Carlos Carmona, a «El Mercurio».
Con el incremento de 2016 se está volviendo al promedio que se venía dando desde 2011 cuando ingresaron 268 requerimientos; en 2012, 238, y en 2013, 220.
El año 2010 se produjo un fenómeno especial porque se interpusieron 304 asuntos, la cifra más alta. Esto, principalmente por los recursos de inaplicabilidad en contra de las isapres.
EL ALZA DE 2016
La mayor alza en 2016 es en los recursos de inaplicabilidad. Según explicaron al interior del tribunal, se debe a que han llegado varias causas por porte ilegal de armas en donde se impugnan artículos de la ley.
En estas los acusados argumentan que heredaron armas de familiares y quieren pronunciamiento acerca de la inconstitucionalidad de artículos de la ley como el que no permite salidas alternativas para los condenados, como la remisión condicional de la pena o la libertad vigilada. También se cuestionan las altas penas.
El incremento de estos recursos además se debe a que jueces de familia han pedido pronunciamiento respecto a tutela de menores de edad.
La otra materia que experimentó un aumento de dos ingresos en 2015, a dieciséis en 2016, es la revisión por cuestiones de constitucionalidad sobre autos acordados.
Este incremento, respecto a los últimos años, se debe a la presentación de 12 jueces de policía local que están impugnando la resolución de la Corte Suprema de limitar el ejercicio de sus funciones hasta los 75 años de edad, como ocurre con todos los magistrados.
En el TC explicaron que la mayor carga de trabajo no ha generado un atraso en la vista de las causas, porque se han debido adoptar medidas.
En las últimas semanas se han realizado sesiones extraordinarias de Pleno y en las salas también se comienza a sesionar antes si hay muchos recursos que revisar. Según cifras del organismo, el promedio que han demorado en 2016 en sacar las sentencias dictadas es 348 días. En el período anterior fue de 327. (Emol)
