A través de un informe con fecha 23 de junio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo desacreditó los argumentos entregados por el Comité Regional para rechazar el proyecto Dominga, en marzo pasado.
Esa última instancia estuvo integrada por el intendente regional, Claudio Ibáñez, y los secretarios regionales ministeriales de varias carteras que apuntaron al deficiente estándar con que, a su juicio, se evaluó el proyecto, según reflejó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
El SEA de Coquimbo descartó que la iniciativa no considerara los impactos del puerto Cruz Grande y precisó que el Comité no entregó todos los antecedentes que justificaran su decisión.
Sin embargo, en este estudio por primera vez el servicio reconoce la existencia de impactos en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, considerándola como parte del área de influencia de la iniciativa.
El futuro del polémico proyecto minero portuario ahora dependerá del Comité de Ministros, encabezado por el titular de Medioambiente, Marcelo Mena, junto a sus pares de Salud, Economía, Fomento y Turismo, Agricultura, Energía y Minería. Se estimaba que durante la primera semana de agosto se conocería la resolución de esta instancia, que cumpliría con el plazo legal de 60 días después de ser revisado en la comisión regional.
Sin embargo, en una minuta publicada por el SEA se indica que las sesiones del Comité se retomarán el próximo 25 de julio y en tabla no figura el proyecto Dominga.
Para el vocero de la Federación de Pescadores de La Higuera, Gabriel Molina, nuevamente se reflejan las presiones sobre el SEA para dar luz verde a este proyecto.
Además, comentó que la semana pasada participaron en una mesa organizada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Punta de Choros donde estuvo el seremi de medioambiente y representantes del SEA. Afirmó que las posiciones son las mismas y, por ende, ya están trabajando con un equipo de abogados para seguir por la vía judicial dependiendo de la resolución de los ministros.
El movimiento ambiental que se ha conformado en la zona manifestó que “el SEA arbitrariamente silencia a los servicios del Estado y presiona para aprobar el proyecto cuando aún existen observaciones pendientes”.
El vocero de la campaña “Salvemos La Higuera” e integrante de la organización Chao Pescao, Cristóbal Díaz, explicó que este último informe es relevante, porque señala que el proyecto sí impacta en la región de Atacama y, en ese entendido, debería integrarse una consulta ciudadana a los habitantes de ese territorio. Proceso que no se ha llevado a cabo tampoco para las comunidades indígenas, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.
“Toda la evaluación de este proyecto se ha dado de manera ilegal, porque al reconocer el impacto en la Reserva se asume que es un proyecto biregional, pero la participación ciudadana no se aplicó en el poblado de Chañaral de Aceituno de Atacama”, sostuvo.
Mientras, el también integrante de la campaña “Salvemos La Higuera”, Raimundo Gómez, dijo que es importante la posición que se adopte en el Comité de Ministros, porque depende de eso el acudir al tribunal ambiental, donde se debería fallar considerando el impacto a la reserva que ahora reconoce el SEA en su nuevo informe.
Gómez señaló que el proyecto es incompatible con un sector de reservas marinas y seguirán defendiendo ese argumento clave.
Recalcó que “más allá del movimiento político que se está dando, se están dejando de lado los aspectos ambientales por eso espera que los ministros se apeguen a la legalidad”.
El proyecto minero- portuario Dominga implica una inversión de cerca de dos mil millones de dólares para el titular Andes Iron. La compañía informó que acudirán al tribunal ambiental si el Comité de Ministros no se pronunciaba a más tardar en agosto próximo.
La iniciativa pertenece en un 75 por ciento a un grupo controlado por el dueño de Penta y procesado por casos de financiamiento irregular de la política, Carlos Délano. (Radio U. de Chile)
