El 22 de enero, el Senado despachó a tercer trámite legislativo la reforma constitucional que busca favorecer la participación de independientes y equidad de género en el proceso constituyente, aunque sin acuerdo en el mecanismo para asegurar esta última. El proyecto que busca facilitar la participación de independientes en la elección de convencionales constituyentes –mediante la conformación de listas electorales– señala que dos candidatos independientes o más, podrán constituirse como una lista electoral dentro del distrito en el que compitan.
Lo anterior les permitiría competir en cierta igualdad de condiciones frente a otros pactos electorales de partidos políticos. Significa que, una vez declarada e inscrita, la lista estará sujeta a las mismas reglas electorales que una candidatura a diputación, debiendo contener un lema común y programa con las principales ideas de su labor constituyente. Cada candidatura que sea parte de una lista, deberá contar con firmas de al menos un 0,4% de los votos de la elección parlamentaria 2017 en el distrito electoral en el que compite. En la misma instancia se rechazó una indicación presentada por senadores de oposición, que bajaba los requisitos de entrada del 0,4% al 0,2%, entre otras modificaciones.
En relación con las últimas elecciones parlamentarias, esto significaría facilitar la entrada a candidaturas independientes, entendiendo que en 2017 las candidaturas independientes fuera de pacto necesitaban contar con firmas equivalentes al 0,5% de votos de las elecciones previas, emitidos en dicho territorio electoral.
¿Pero facilita realmente la participación de independientes en el proceso constituyente?
Comparando solo en términos de números de firmas necesarias para presentar candidaturas, efectivamente este proyecto beneficiaría a las candidaturas independientes. Eso, considerando que los requisitos para las listas de partidos políticos son mayores, a quienes se les pide contar con un 0,5% de patrocinio del total de votos a nivel nacional, a diferencia de las candidaturas independientes, que deberán contar con el 0,4% de firmas a nivel distrital.
Sin embargo, a pesar de necesitar un menor porcentaje de firmas para competir, las candidaturas independientes todavía tienen otros obstáculos que sortear, especialmente, en términos de financiamiento. Actualmente, si una persona independiente quiere inscribir su candidatura, lo debe hacer presentando ante notario centenas o incluso miles de firmas, significando un gasto no menor, considerando el distrito en el cual se compita. Luego, una vez sorteadas las dificultades para inscribir la candidatura, necesitará conseguir financiamiento para su campaña.
Si se analiza desde el punto de vista del número de firmas, las listas de independientes necesitarían un mayor respaldo numérico que los partidos políticos. El proyecto actualmente considera que una lista de independientes debe estar conformada por al menos dos candidaturas y que cada una de estas debe contar con firmas equivalentes al 0,4% de votos de las elecciones previas, con un tope de 1,5% por lista.
Siguiendo esto y considerando una lista de solo dos candidaturas, el porcentaje mínimo de firmas requeridas equivale a un 0,8% del distrito. O, incluso, una lista que quiera maximizar los efectos del sistema electoral, presentando el número máximo de candidaturas permitidas por nuestra normativa, requeriría de 1,5% de firmas, mientras que los candidatos de un partido político tan solo necesitan 0,5% para inscribir al mismo número de candidatos.
Entonces, considerando la problemática financiera y de requisito de firmas, ¿están compitiendo realmente en igualdad de condiciones los independientes frente a los partidos políticos?
Si bien se entiende que uno de los objetivos del sistema electoral es generar estabilidad al sistema de partidos, no hay que desconocer el contexto en el cual estarán insertas estas elecciones constituyentes, con características tan particulares. Bajo el actual sistema, las condiciones en las que compiten siguen siendo desiguales, viéndose dificultada la entrada de nuevos actores a la arena política.
Dicho sea de paso, no es que los partidos políticos sean algo malvado, como se les ha tildado durante el último tiempo. En teoría, su función es actuar como nexo entre la ciudadanía y las instituciones y es aquí, en la práctica, donde han fallado. Y justamente es la desconexión con la realidad y necesidades de la ciudadanía, lo que nos tiene hoy atravesando la mayor crisis política y social de las últimas décadas, sin una debida renovación de actores.
Las instituciones, y especialmente los partidos políticos, atraviesan hoy en día una grave crisis de legitimidad y confianza de la ciudadanía. Como respuesta a dicho malestar, han comenzado a proliferar partidos de independientes, que han sido creados con la finalidad de ser una herramienta para competir por escaños dentro del órgano constituyente. Dichos partidos nacen desde diversos actores de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas que no se habían sentido representados y representadas por los partidos políticos tradicionales, que ven la necesidad de agruparse para que sus necesidades se vean reflejadas en lo que será la primera Constitución en la historia de Chile escrita mediante un proceso democrático.
No olvidemos que ya van 9 partidos en proceso de constitución y 21 constituidos. Ante dicho escenario, han surgido resquemores legítimos por parte de la ciudadanía respecto a las posibilidades reales de poder participar y competir en calidad de independientes. El sistema se encuentra en tensión, necesitamos pluralidad de actores, pero sin caer en la fragmentación. Si proceso legislativo sigue avanzando de la forma en que lo ha hecho hasta el minuto, que no nos sorprenda si en octubre nos encontramos con un sistema altamente fragmentado, en un momento en que la historia nos pide unidad.
En resumen y como llamado de atención a los partidos políticos, se enfrentan a dos posibles escenarios. Por una parte, tienen la opción de restringir la entrada de nuevas candidaturas no institucionalizadas, aprobando el proyecto de ley de la forma en que está avanzando en su tramitación. O, por otra parte, tienen la opción de democratizar y abrir este proceso, facilitando la entrada de nuevas candidaturas independientes y disminuyendo las barreras de entrada.
La ciudadanía ya se cansó de los torniquetes, el proceso constituyente debe ser inclusivo, paritario, con independientes y pueblos indígenas. Es necesario que los partidos políticos permitan la entrada de nuevos actores y que este proceso les sirva de aprendizaje para fortalecer sus proyectos políticos y escuchar las demandas de la ciudadanía movilizada. (El Mostrador)
Valentina Moyano
