Si en mi columna anterior me referí a dos aspectos de las reformas constitucionales que me parecieron altamente imprudentes de promover en una nueva Constitución, a saber el cambio de régimen político y la eliminación del Estado subsidiario, advirtiendo las consecuencias que ello implicaría, en esta ocasión me quiero referir a una propuesta -igual de imprudente- que algunos partidos políticos quieren impulsar en abril próximo: la eliminación de las facultades preventivas del Tribunal Constitucional (TC). En esta ocasión, el fundamento de tal medida -que me lleva a cuestionarla sin complejos ni ambigüedad- es la falsa creencia de que este órgano jurisdiccional tiene un déficit de legitimidad democrática o de que carece de importancia para nuestro sistema democrático. Intentaré desenmascarar ambas “cuchufletas”*, demostrando que son “insanablemente cuchufletas”.
Aunque esta institución existe en la mayoría de los países democráticos, quienes promueven esta medida -bajo la consigna de que adolece de ilegitimidad política- son tan incongruentes que recurren con frecuencia a la “Tercera Cámara” a través de requerimientos de constitucionalidad para defender la primacía constitucional. Un interesante estudio del Observatorio Judicial, del año 2017, demuestra que “entre los años 2006 y 2017, ambos conglomerados acudieron al Tribunal Constitucional de manera relativamente equiparada”. En este sentido, resulta difícil cuestionar -sin caer en demagogia- que la práctica parlamentaria ha terminado por legitimar democráticamente al TC. Más recientemente parlamentarios del FA recurrieron -de manera preventiva- al Tribunal alegando la inconstitucionalidad de una disposición de la ley de Presupuesto, terminando por dinamitar el mito sobre su supuesta carencia de legitimidad.
Irónicamente quienes recurrieron de manera preventiva al TC, son los principales promotores de su eliminación. Sin embargo, hay sectores de izquierda más moderados, como el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), incluyendo a la Democracia Cristiana (DC), que insisten en promover la eliminación de sus atribuciones preventivas, con las consecuencias que de ello se derivan para la legitimidad institucional y seguridad jurídica en un contexto en que la calidad del trabajo legislativo deja mucho que desear.
En efecto, hemos sido testigos de los niveles de populismo, demagogia e irresponsabilidad de los parlamentarios en general y, de los de izquierda en particular, en el ejercicio de sus labores legislativas. Ya no sorprende la presentación de mociones abiertamente inconstitucionales (como el proyecto de jornada laboral de 40 horas o de nulidad de la Ley de Pesca). Pero que ellas se traduzcan en leyes de la República (como la ley de la Jibia) -igualmente inconstitucionales- habla de lo mal que está nuestro Congreso, cuyo respaldo y confianza ciudadana decae vertiginosa y justificadamente. Y para qué hablar de aquellos proyectos que apenas se transforman en leyes derivan en impracticables y requieren de urgente modificación (como la ley de pago a 30 días), dada su descuidada tramitación en el parlamento.
Si hace tiempo las secretarías de ambas Cámaras renunciaron a realizar una revisión de admisibilidad de los proyectos, más patético resulta la falta de valentía de algunos parlamentarios -temerosos de su popularidad- para impugnar tales proyectos por ser contrarios a la constitución, legislando para la galería o los medios. No es casualidad, asimismo, que muchas de dichas mociones tengan su origen en iniciativas de parlamentarios del PC y del FA, que desafían permanente y sistemáticamente nuestra institucionalidad, transformándolo en su actividad favorita. De ello, solo pueden resultar leyes deficientes o de mala calidad. El célebre estadista y político alemán Otto von Bismarck nos recuerda que “con las leyes pasa como con las salchichas: es mejor no ver como se hacen”.
En ese contexto, resulta altamente imprudente e insensato eliminar las facultades preventivas del TC. A los chilenos nos resulta difícil confiar en la calidad o validez de muchas de nuestras leyes. Ello implicaría dejarnos indefensos frente al deficiente trabajo legislativo de nuestros parlamentarios, abriendo un campo fértil y amplio para la presentación de mociones inconstitucionales, que afectarán los derechos fundamentales, la seguridad jurídica o la institucionalidad vigente, erosionando los valores, principios y derechos de la Constitución vigente.
Los chilenos tenemos derecho a defendernos de los parlamentarios populistas, demagogos e irresponsables. ¿Habrá alguien serio en este país que pueda afirmar responsablemente que la eliminación de esta atribución preventiva va a mejorar la calidad de la labor legislativa? ¿O que, a raíz de esta medida, los parlamentarios van a trabajar responsablemente y elaborar leyes que respetan la Constitución, renunciando al populismo? Me temo que no y me resulta aún más difícil vislumbrar que esta triste realidad legislativa pueda revertirse en el corto o mediano plazo. Incluso, mirado desde el punto de vista del pobre o defectuoso trabajo parlamentario, me atrevería a aventurar sobre la necesidad y conveniencia de que el control preventivo obligatorio se extendiera a todas las leyes aprobadas por el Congreso. Aunque improbable, sería una medida de salvaguardia de nuestros derechos fundamentales, ante el abandono de muchos parlamentarios a hacer bien su pega.
Nadie duda a estas alturas que el TC requiere algunos perfeccionamientos en su sistema de designación, atribuciones y funcionamiento. Basta recordar que a mediados del año pasado, y luego de un completo diagnóstico, un grupo transversal de constitucionalistas, cientistas políticos y académicos, presentaron una propuesta de 25 reformas específicas a este organismo jurisdiccional. Lamentablemente aún hay sectores de la izquierda chilena, como el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), que insisten en eliminar este importante tribunal olvidando -de adrede, sea dicho de paso- que fue incorporado precisamente a nuestra tradición constitucional en un gobierno marxista-socialista (¡plop!) y que cumple un rol fundamental en nuestro régimen democrático.
No dejemos que la izquierda nos venda la “cuchufleta” o nos pase gato por liebre esta materia tan fundamental. Afortunadamente aún estamos a tiempo de detener esta imprudencia constitucional, para lo cual hago un llamado a defender -con respeto, fuerza y convicción- la valiosa labor preventiva que esta institución realiza en defensa de nuestra Constitución, de nuestra democracia y de nuestros derechos fundamentales. ¡Larga vida al Tribunal Constitucional! (El Líbero)
Francisco Orrego
*engaño, trampa, pasar una cosa por otra
