Quienes defienden la gratuidad en el sistema de educación superior lo hacen diciendo que se trata de una política que busca una mayor inclusión, favoreciendo a los más pobres del país. Eso es falso por varias razones:
1. Si la gratuidad es total, como se plantea en el proyecto original, el efecto favorece a los más ricos del país. Las cifras son claras al respecto. Los verdaderos beneficiarios serían el 90% de los alumnos de familias más ricas del país y sólo el 20% de los más pobres. La razón es simple: la gran mayoría de los alumnos de menores ingresos no asiste a la educación superior.
2. Si la gratuidad se acota, como ahora, a los tres primeros quintiles de ingreso, es cierto que con ello se evita financiar a los más ricos, pero tampoco se ayuda a los más pobres por la misma razón: la mayoría de ellos no están en el sistema. Así las cosas, incluso en este escenario es un error pensar que se trata de una política social que busca una mayor equidad.
3. Lo peor es que tampoco es inclusiva. Algunos piensan que dado que la educación superior sería gratis, más alumnos de bajos ingresos tendrán acceso a ella. Nuevamente eso es falso. A lo mejor muchos más quisieran entrar, pero la realidad es que la mayor parte de las personas que no tiene acceso es porque no cumple los requisitos académicos de admisión. Y esto sucede porque asisten a colegios de mala calidad.
4. Por eso el proyecto que el gobierno busca implementar provoca, al final, menos inclusión. Porque en vez de destinar recursos para resolver el problema de los más pobres -la educación escolar-, pone la plata en la educación superior, que es donde no están y no pueden llegar. Es poner la carreta delante de los bueyes.
5. Eso no es todo. La gratuidad, como está planteada, atenta contra la calidad de las instituciones. Esto, porque el proyecto ni siquiera tiene los recursos suficientes para financiar como se debe la gratuidad de las universidades del Cruch. En efecto, para acceder al beneficio se les pide a las instituciones que bajen sus aranceles, restrinjan su matrícula y se abstengan de crear nuevos programas. En suma, las universidades recibirían menos recursos y se le cortan todos sus planes futuros. Esto es un atentado contra su desarrollo y crecimiento, algo que es fundamental, porque nada sacamos con tener un sistema gratuito y malo.
6. La paradoja es que lo anterior afecta aún más la inclusión. Porque si el sistema se restringe en su crecimiento, entonces será cada día más difícil acceder a él. Y quienes ganan en ese escenario son los alumnos de los estratos de mayores ingresos, que son los que tienen los mejores resultados en las pruebas de selección. En resumen, tendremos una educación superior socialmente más de elite que la actual.
7. Se trata de una gratuidad tramposa. No beneficia a quienes quiere ayudar y, de paso atenta contra la calidad de la educación. El gobierno debe explicar esta contradicción: por una parte promueve la igualdad y la inclusión y, por otra, presenta un proyecto que hace justo lo contrario.
