Entusiastas, como pocas veces, estaban ayer las autoridades del Consejo de Rectores (CRUCh) en su reunión mensual, realizada en Rancagua. Pocas horas antes, el Congreso aprobó, en la Ley de Presupuestos, una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC) que les permitirá utilizar parte de los recursos del Fondo Solidario (o ex crédito fiscal) para paliar el déficit de la gratuidad.
Las universidades tradicionales habían pedido una ley corta para abordar el tema, pues más allá de la brecha que se les ha generado en los primeros tres años del beneficio, en 2019 tendrán que afrontar nuevos déficits, al comenzar otras exigencias. Por ejemplo, deberán cubrir el 50% del arancel de unos 22 mil alumnos que hoy tienen gratuidad, pero que la perderán porque se atrasaron en titularse.
Así, la senadora Provoste aseguró que su iniciativa «es justa, necesaria, absolutamente admisible, y no genera gastos para el Estado».
UN SOLO PROBLEMA
Una opinión opuesta tuvo el Mineduc. «Nos gustaría que los problemas referidos a financiamiento se analizaran en su conjunto, y que no utilizáramos el Fondo Solidario en este caso para resolver un problema», dijo el jefe de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
«Queremos que la discusión se haga sobre todos los problemas que afectan al financiamiento, entre ellos, por supuesto, el nuevo sistema de crédito. Es en ese contexto que debe estar, pero no como una medida que puede beneficiar o servir solamente a un grupo de instituciones y para un problema específico», puntualizó.
Con ese mismo argumento, el senador José García Ruminot (RN) anunció que irá al Tribunal Constitucional (TC). «Decidimos recurrir al TC porque lo que hace la indicación es agregar un uso de recursos al Fondo Solidario que hoy no está en la ley. Además, se establece una discriminación arbitraria: alumnos que tienen gratuidad, pero que no están en una universidad del CRUCh, no tendrían opción de hacer uso de estos recursos».
Cristian Nazar, rector de la U. Finis Terrae -institución que está en gratuidad-, hizo la siguiente pregunta: «¿Por qué si todas las universidades adscritas a la gratuidad tenemos el mismo problema esto se resuelve para unas y no para otras? No hay justificación racional para limitar este beneficio solo a las universidades tradicionales, en circunstancias que la norma reconoce que Chile cuenta con un sistema de educación superior mixto».
Asimismo, la máxima autoridad de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, acotó que «esta solución es solo un parche que no resuelve el tema de fondo. El sistema seguirá con un problema estructural a causa de una ley mal diseñada. Mientras no se corrijan los graves errores de la normativa aprobada en el gobierno anterior, las universidades volverán a caer en el mismo problema una y otra vez».
VIVALDI: «ESTAMOS BUSCANDO COMO PODER SOBREVIVIR»
Ante las críticas, el vicepresidente del CRUCh y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, afirmó que «no hay ningún interés en discriminar a ninguna universidad«, sino que se busca «recurrir a los instrumentos de gestión financiera que hay en el sistema, y sería muy lamentable que esto terminara en el TC«.
El rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, sostuvo que «estamos buscando cómo podemos sobrevivir el próximo año y, en ese contexto, se han propuesto soluciones compatibles con la ley. Ahora, si eso no les soluciona el problema a algunas universidades, yo no tengo problema que busquen otras que sean adecuadas para ellas».
Su par de la U. de Talca, Álvaro Rojas, advirtió que como los estudiantes se demoran más de lo establecido en titularse, «la ley genera un daño patrimonial a las universidades y lo que se busca aquí es una forma de por lo menos poder mitigar el daño que se produce». (El Mercurio)
