Con sorpresa y molestia. Así recibieron en el Gobierno el último informe publicado por Amnistía Internacional, que dio cuenta de una «gravísima crisis de derechos humanos», en medio del estallido social que ya se ha extendido por más de un mes en nuestro país.
En el documento, el organismo criticó las medidas que ha tomado el Ejecutivo para frenar las manifestaciones y aseguró que «la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual».
En respuesta, la subsecretaria de Derecho Humanos del ministerio de Justicia, Lorena Recabarren, cuestionó a la Amnistía y afirmó que el escrito no cuenta con la documentación y el respaldo necesario para haber sido publicado.
«El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el Gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos, lo que ha sido, desde el primer día, declarada y reiterada por todas las autoridades de Gobierno», señaló.
Agregó que «el informe que hemos conocido hoy lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del estado de derecho, y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos».
Por otro lado, Recabarren enumeró «la serie de medidas correctivas» que ha tomado el Ejecutivo para «reforzar la adecuada aplicación de los protocolos del uso de la fuerza», y que incluye la «determinación de las responsabilidades administrativas correspondientes frente a cualquier denuncia».
«Hemos avanzado en la creación de la Dirección Nacional de Derechos Humanos en Carabineros y la actualización de los protocolos sobre el uso de la fuerza, que son consistentes con los más altos estándares internacionales de derechos humanos», indicó.
Añadió que «también hemos avanzado en un proyecto de ley que significa una profunda modernización de Carabineros de Chile, con especial énfasis en la formación, el respeto y resguardo de los derechos humanos».
Respecto a otras medidas que ha aplicado el Gobierno para asegurar la protección de los derechos fundamentales, Recabarren puso énfasis en las diversas visitas que han realizado al país organizaciones como la CIDH, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH.
«El Gobierno reitera su absoluto compromiso por la verdad y la justicia, manifestando su solidaridad y asistencia a las personas que han sufrido los efectos de la violencia, y condena toda vulneración a los derechos de las personas (…) Como lo señaló el Presidente de la República, no habrá impunidad», concluyó la subsecretaria.(Emol)
