Como «incomprensible» calificó la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, que los tribunales de Justicia desestimaran la prisión preventiva en más del 80% de los casos querellados desde el Gobierno por saqueos y lanzamiento de bombas molotov en la conmemoración del 18 de octubre.
En entrevista con Primera Pauta, de Radio PAUTA, Gómez dijo que «para las víctimas, para las personas afectadas, que no se haya decretado prisión preventiva más que en un 14% [de los casos], resulta total y absolutamente incomprensible«.
«Las 57 personas que saquearon el Unimarc de Portugal, después de la resolución del juez estaban durmiendo en su casa. Lo que uno esperaría es que las señales que dan todas las instituciones del Estado vayan en la misma línea. Nosotros respetamos la autonomía de los tribunales, pero por supuesto no compartimos la resolución y por eso el Ministerio del Interior apeló», agregó. «Consideramos que los antecedentes eran suficientemente graves como para que quedaran en prisión preventiva».
«Las respuestas de cómo se están sancionando determinados delitos tiene que darlas el Poder Judicial, es un poder autónomo, esto no es un tema de ir cambiando las leyes», sumó Gómez. «A nosotros nos parece que esas personas sí le causaron daño a la sociedad y sí deberían tomarse medidas estrictas para dar una señal porque no podemos permitir que estos hechos se sigan cometiendo».
«Espero que nadie se ofenda porque se dice la verdad, aquí se creó una sensación de impunidad con un proyecto de indulto, que está impulsado por una candidata presidencial y apoyado por otro, un proyecto que indulta los mismos delitos que vimos el lunes: saqueo, incendios, y ataques a Carabineros; esos mismos delitos, que fueron cometidos entre el 18 de octubre de 2019 y diciembre de 2020, quieren que se indulten«, añadió.
Y respecto a una presunta intervención electoral por parte del Gobierno, Gómez la negó: «Es plantear una posición política, el Gobierno tiene el deber de expresar posturas políticas».
CRIMEN Y VIOLENCIA
La subsecretaria de Prevención del Delito abordó la situación de la delincuencia a nivel general en el país. Dijo que han visto aumento de violencia en los delitos y que «los factores que inciden en esto es la existencia de organizaciones criminales, narcotráfico y uso de armas de fuego».
Destacó también que el trabajo con las policías «están mostrando resultados», destacando en el último año el aumento de más de un 100% en incautación de droga, el desmontaje de más de 900 bandas y el aumento en la incautación de armas. Todo, además del plan «Antibandas, armas y narcotráfico» anunciado por La Moneda que refuerza la labor de Carabineros en 15 comunas de la Región Metropolitana.
Sin embargo, reconoció que uno de los factores del aumento de la delincuencia es la mayor disponibilidad de droga a nivel nacional. «Hemos visto el aumento, principalmente, de producción de marihuana con un nivel de THC que es muy alto y más dañino, y también un aumento en los laboratorios de droga», dijo. «Enfrentamos una delincuencia que muta, que tiene nuevos modus operandi, que cambia de lugar y de horarios».
DEBATE
Luego de los distintos hechos de violencia que se desarrollaron la noche del lunes tras las manifestaciones en conmemoración de los dos años del estallido social, el debate político se ha centrado es si es o no procedente aprobar el proyecto de indulto que se discute en el Senado, impulsado por cinco parlamentarios, entre ellos la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.
Ante eso el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, envió un mensaje al Poder Judicial considerando que, según informó, de las 100 personas que fueron detenidos en ese contexto, solo 14 quedaron en prisión preventiva.
Mientras, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), aseguró que debe revisarse la normativa vigente aún más considerando que aún hay personas detenidas con esa cautelar por hechos cometidos durante el 18 de octubre de 2019.
En tanto, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, criticó el proyecto, pero aseguró que una amnistía no sube ni baja los niveles de delincuencia.
Bravo, descartó en Radio Cooperativa que el proyecto avale o fomente el vandalismo, como lo planteó el Gobierno. «Si esto fomenta o no fomenta, en general en los estudios dogmáticos académicos, más allá de este caso concreto, (se dice que) las leyes de amnistía, así como el aumento de las penas, en general no dicen relación ninguna con el aumento o la baja de las tasas de delincuencia», dijo.
El representante de los persecutores comentó que «si uno aumenta penas, lo que está probado es que la tasa de delincuencia no baja, y aquí está lo que se llama ‘el populismo punitivo’, es decir, que hay como una tentación a pensar que si yo aumento penas, freno la delincuencia. Eso es una falacia, no está probado en ninguna parte«.
De todos modos cuestionó el proyecto de ley destacando que es «es bastante amplio», ya que se contempla dentro de los delitos algunos calificados como «graves» como el de incendio y homicidio frustrado, y no acotándolo solo a lo que tenga que ver con manifestaciones sociales.
«Además, incluye un periodo que va mucho más allá particularmente de los hechos más específicos (…) no solamente de octubre a diciembre del 2019, sino que se extiende prácticamente por todo el año 2020, en el que hay muchos casos, por ejemplo, de lanzamiento de bombas incendiarias», analizó el fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte.
En el mismo sentido apuntó a la candidata presidencial Yasna Provoste (DC), ya que ella declaró que la iniciativa que beneficiaría a personas que llevan mucho tiempo bajo la máxima cautelar sin pruebas concretas en su contra.
«Es una afirmación compleja, porque revelaría que no solamente la Fiscalía está actuando de manera arbitraria, sino que también los tribunales (…). Si un tribunal dicta una prisión preventiva sin pruebas, se podría decir que está prevaricando y eso sería gravísimo», enfatizó.
«En lo que hay que avanzar quizás, y me parece que en esto habría consenso, es en que exista una ley o artículo transitorio que acelere estos procesos, que les pongan límites«, sostuvo Bravo resaltando que a su juicio «esa es una alternativa concreta y viable». (Pauta-Emol)
