A estas alturas está claro que la decisión no fue fácil para el gobierno. Lo que comenzó siendo un negativa total, descartando desde hace cinco meses la opción de querellarse contra Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauaco Malleco (CAM), tuvo finalmente un vuelco total. La Moneda anunció este miércoles que ampliaría las acciones judiciales bajo la Ley de Seguridad del Estado (LSE) ya interpuestas contra el líder del grupo que llama al “sabotaje” de forestales en la Macrozona Sur, situación que terminó por concretarse durante las últimas horas.
A través de una ampliación de querella de trece carillas, el Ministerio del Interior, con la firma de la nueva jefa jurídica de la cartera, Luppy Aguirre, interpuso ante el Juzgado de Garantía de Temuco el libelo en que atribuye a Llaitul -y todos quienes resulten responsables- incitar a cometer delitos contra el orden público, sancionados en la LSE. Se describen tres intervenciones públicas en particular: las efectuadas el 11 de mayo y el 21 y 25 de julio. En todas, se imputa al integrante de la CAM haber llamado a “realizar un levantamiento armado, tanto contra empresas forestales, como contra las Fuerzas Armadas”.
Según se señala en la querella, Llaitul “ha validado públicamente la vía armada como un mecanismo legítimo para reivindicar demandas sociales”, lo cual, a juicio del gobierno, ha coincidido con la posterior ocurrencia de atentados en las regiones de La Araucanía, el Biobío y Los Ríos. Es acá donde la actual administración hace una diferencia en cuanto al actuar de las autoridades anteriores, durante la gestión de Sebastián Piñera.
En la acción judicial, los abogados del Ejecutivo vinculan directamente los dichos de Llaitul con otras diez causas de violencia rural, donde el Ministerio del Interior ya se había querellado, lo que bastaría para iniciar una investigación contra el líder de la organización que hace llamados explícitos a cometer este tipo de actos. Es ahí donde la convicción del gobierno está en que el Ministerio Público ya tenía las armas suficientes para indagar al ex Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). La hipótesis planteada por La Moneda es que también existen delitos comunes a los que estaría incitando el querellado y le enrostra a la Fiscalía que para perseguirlos no es necesario que cada vez se invoque la LSE.
En el documento se expone que “el ente persecutor queda facultado para desarrollar la actividad investigativa respecto de todo hecho que se relacione, como en este caso, directamente con el objeto de la persecución penal vigente en la presente investigación y, todo ello sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público para investigar y, en definitiva formalizar y acusar por los delitos comunes que puedan llegar a acreditarse”.
La última intervención pública de Llaitul, y que motivó finalmente la presentación de esta acción judicial, la hizo el lunes recién pasado. En una entrevista con el periódico “werkén” sostuvo que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias y por eso (…) lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores”.
Fue esa entrevista y la fecha en que se concedió que Interior incorporó en su análisis para desplegar al tesis del vínculo del vocero de la CAM con otros hechos ocurridos en la zona y que el Ministerio Público indaga, facultándole así, eventualmente, para llegar al origen de quienes impulsan esas acciones. En simple: Llaitul. En su querella, el Ejecutivo lo expresa así: “resultan los últimos episodios de violencia registrados en las Regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos, ocurridos precisamente durante las semanas previas a esta última entrevista realizada a Héctor Llaitul, lo ligaría a acciones concretas que son constitutivas de delito”.
A modo de ejemplo, se desarrolla en el documento, la División Jurídica de Interior advierte que el gobierno ha deducido querellas por delitos de incendio, porte ilegal de armas y municiones, disparos injustificados, entre otros, cometidos durante el mes de julio. Así, los dichos Llaitul, según el gobierno, “aparecerían conectados” al núcleo de las investigaciones por estos delitos ya investigados, pues se alzan “como un reconocimiento expreso del modus operandi de la organización y de delitos concretos, que se ejecutarían a su alero, todo lo cual debe ser investigado por el ente persecutor”.
En este sentido, se consigna en el libelo, los llamado a un “sabotaje” por parte del líder de la CAM pueden terminar en un “desequilibrio institucional, pues generan una afectación grave de las condiciones de seguridad y orden público provistas por la normalidad institucional del Estado, afectando directamente a la población de la zona donde estos ilícitos se concretan”.
La cartera liderada por Izkia Siches, además, en este apartado vuelve a su hipótesis principal: “Las conductas que han sido cometidas en las últimas semanas en la Macrozona Sur, se condicen con aquellas a las cuales hace referencia en la entrevista, donde refiere hechos concretos que se podrían haberse materializado, tras las incitaciones aludidas en declaraciones públicas anteriores”.
Finalmente, el gobierno, como querellante en la investigación contra Llaitul, pidió a la Fiscalía Regional del La Araucanía una serie de diligencias para que sean materializadas por la PDI. Entre ellas, destaca que se cite a declarar, en calidad de testigo, al periodista que realizó la última entrevista al vocero de la CAM, al equipo de producción y todos quienes estuvieron en la grabación de esta conversación.
De esta manera el tono del gobierno respecto de las intervenciones del líder de la CAM cambió drásticamente, las cuales -en un comienzo- eran catalogadas como “ideas” que no motivaban interés penal. De eso, a pedirle al Ministerio Público algo que antes nunca se había solicitado: que instruya investigar “la vinculación de los hechos relatados en esta presentación con los atentados incendiarios ocurridos en la Macrozona Sur durante los meses del año 2022″. Eso, además, de ubicar y citar a Lalitul a declarar en calidad de imputado. (La Tercera)
