Llegó la hora. La reforma constitucional que establece la elección directa de los Gobernadores (Intendentes) por el voto popular, vive días decisivos. Tras un largo y entrabado debate han quedado sobre la mesa las lealtades con el compromiso presidencial de avanzar en la descentralización del país y la capacidad política de la Presidenta Bachelet de ordenar las filas del oficialismo. Pero hay mucho más el juego: la distribución del poder en Chile.
Sobre los nocivos efectos del centralismo en los territorios se ha teorizado por décadas. Sabemos que Chile padece un modelo institucional centralista en lo político y concentrador en lo económico, lo que ha contribuido a transformar a muchas de sus regiones en verdaderas zonas de sacrificio. Avanzar en la descentralización le hace bien al país. Nos puede permitir una gobernanza más cercana a la ciudadanía y abordar la horizontalidad que demandan los ciudadanos La regionalización entendida como una desconcentración del poder es un poderoso instrumento para disminuir las brechas de desigualdad que muestra nuestro país a nivel de sus territorios, como lo revela la Encuesta Casen conocida hace algunos días.
También tenemos un modelo concentrador en lo económico, que ha transformado a las regiones en zonas extractivas de recursos naturales, donde muchos de sus habitantes conviven con las externalidades negativas de este modelo y sin una participación equilibrada de sus supuestos beneficios. Claramente el actual modelo administrativo de regionalización no permite desplegar las potencialidades existentes, inhibe la integración de las capacidades locales en favor de la creatividad, el emprendimiento, la industrialización, las cadenas de valor, la innovación y la formación de nuestra gente.
Por eso promovemos una descentralización que asegure la defensa eficaz de los ecosistemas y de las comunidades que viven en ellos, respetando la diversidad cultural en los territorios con sus fiestas, sus costumbres y su forma de ver y sentir a Chile.
Seamos claros. La verdadera descentralización implica redistribuir poder político, económico y cultural. No es una reforma sectorial, sino que una dimensión de lo público que debe estar presente en la formulación de una política integral del país. Un reconocido estudioso de estas materias, Joan Prats-Catalá, nos recordaba en una de sus últimas visitas al país que “Chile será descentralizado o no será desarrollado”. Debemos avanzar en el desarrollo político que permita desbloquear la concentración económica, política y territorial del poder.
En julio de 2014 un grupo importante de senadores de distintas sensibilidades políticas suscribimos el “Manifiesto por la Descentralización”. Junto con compartir un diagnóstico, hacíamos nuestro el compromiso por promover un conjunto de iniciativas en favor de este objetivo superior. Por cierto que recogíamos la demanda por la elección de los Intendentes, corrigiendo, de paso, una clara anomalía de Chile al ser nuestro país el único de la OCDE que no elige su autoridad regional por votación popular.
Parte importante de las propuestas y conclusiones que se mencionan en el referido Manifiesto, sirvieron de norte para el trabajo desarrollado por las Bancadas Regionalistas del Senado y la Cámara de Diputados. Todos nos propusimos aunar voluntades y avanzar, asumiendo que iniciativas en favor de la descentralización en el marco de un Estado unitario las debemos enfrentar con responsabilidad, gradualidad, asignando de manera eficiente los recursos, desplegando una adecuada comunicación, promoviendo la participación, pero mostrando una decidida convicción por esta necesaria reforma. En este caminar juntos en pos de un objetivo superior, acompañamos y también colaboramos con la Comisión Presidencial que se creó para estos efectos.
La experiencia europea nos da luces al respecto. Ellos, sin desconocer sus particularidades, han desplegado una intensa agenda reformadora a favor de sus regiones, provincias y comunas, dotándolas de recursos y potestades de conformidad con la realidad social, económica y cultural de cada uno de sus territorios. El modelo de descentralización francés es un claro ejemplo de lo señalado. Hoy es motivo de permanente mención como ejemplo de una buena política. Pero muchos omiten, amparados en una crítica interesada por no avanzar, que dicho proceso tuvo conflictos, fue lento y gradual. Como sea, comenzaron a inicios de la década de los ochenta con la creación de las regiones, a continuación se regularon las competencias y la autonomía financiera sobre la base de la institucionalidad nacional existente, su experiencia histórica y su jurisprudencia constitucional. El presidente François Mitterrand fue el gran impulsor de estas reformas secuenciales. Mostró convicción y liderazgo para encabezar este proceso.
La discusión que se da hoy en el Congreso chileno no difiere en el fondo con el debate francés de sus inicios. Y podríamos también citar otras experiencias de política comparada. Por lo mismo, debemos hacer hincapié en que estamos al inicio de un proceso que por su naturaleza y complejidad debe ser gradual y acumulativo: dotemos de legitimidad democrática a las nuevas autoridades aprobando la elección de estas y, en paralelo, vamos dibujando los contornos de esta regionalización, los roles de sus autoridades, sus asignaciones, los recursos y los plazos contemplados. Todo ello buscando el más amplio consenso social y político como una decisión de Estado.
Estudiemos la historia del sufragio en Chile. Siempre que un gobierno y sus coaliciones políticas decidieron avanzar ampliando la participación democrática e incorporando mayor ciudadanía, las fuerzas conservadoras apelaron a los mismos argumentos: populismo, caudillismo, demagogia, desorden, desprolijidad, etc. No caigamos en ese juego inconducente. Debemos estar disponibles a aportar en la mejora y perfeccionamiento de las leyes que tienen que aprobarse.
Podemos precisar de mejor manera las competencias y atribuciones del nuevo Gobernador Regional. Podemos efectivamente resolver sobre la pertinencia o no de la figura del Delegado Presidencial. Si hay voluntad política, podemos aprobar una buena ley y así tener una mayoría de votos que nos permita esta elección el 2017.
Esta fue una promesa de campaña, está en nuestro programa de gobierno, cuenta con el compromiso político de los partidos de la Nueva Mayoría. No propiciemos una derrota a la Presidenta Bachelet y a nuestro gobierno. No sigamos alimentando el descontento de la ciudadanía. Votar en contra solo acrecentará la brecha, el desacople y la desconfianza de la gente en nosotros. Por eso, en las últimas semanas, y como una contribución para desbloquear las diferencias entre el oficialismo y la oposición, junto a otros Senadores Independientes propusimos bajar a 40% el umbral de elegibilidad.
Es hora de cumplir con este anhelo de nuestras regiones. (El Mostrador)
Alejandro Gullier
