Un proyecto sobre integridad pública para municipios y para las futuras gobernaciones regionales -cuyos cargos se elegirán democráticamente el próximo año por primera vez- elaboró La Moneda.
La medida ingresará a trámite en el Congreso durante este segundo semestre.
La Tercera accedió a una minuta con los detalles de la iniciativa, que modifica seis cuerpos normativos. Y en ella se establecen, entre otras cosas, límites a las contrataciones en período electoral.
En el documento se plantea específicamente una “prohibición para llamar a concurso público para los cargos de planta en calidad de titular, durante los 180 días previos a elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, salvo las excepciones contempladas en la ley”. Y se agrega una “prohibición de modificar las condiciones de los contratos vigentes de los funcionarios de planta en calidad de titular durante los 180 días previos a elección de los sujetos enunciados”.
En la iniciativa también se incluye la obligación de los postulantes a gobernador regional y a alcalde de presentar un programa de gobierno al momento de inscribir su respectiva candidatura, además de, una vez en el cargo, rendir cuenta pública anual de su gestión.
Asimismo, se propone que los futuros gobernadores regionales y los municipios informen mensualmente al Ejecutivo -a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere)- sobre las medidas que han ido implementando, sobre la base de sus programas de gobierno y de los presupuestos. Esto, pese a que esos cargos no tienen dependencia ni responden al gobierno. “Se establece la obligación mensual de la Unidad de Control Municipal de informar al concejo y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo sobre el avance del ejercicio programático presupuestario. De igual manera, se aplicará lo concerniente a los gobiernos regionales”, se explica en el anteproyecto.
INHABILIDADES
“Fortalecer la valoración del mérito personal y la idoneidad profesional de quienes ingresen a desempeñar funciones en municipios y gobiernos regionales, junto con robustecer las medidas que tiendan a la prevención y sanción de los conflictos de intereses para quienes ingresen, se desempeñen actualmente y hayan cesado en sus funciones en dichas instituciones”. Ese es otro de los objetivos que se señalan en el documento sobre el proyecto del ley del gobierno.
Así, por ejemplo, la propuesta contempla regular a los lobbistas, fijando una “inhabilidad de lobbistas para asumir cargos directores de unidades municipales y regionales por el plazo de un año desde el cese de sus funciones”, y “la prohibición para ser candidato a alcalde, concejal, gobernador ni consejero regional a lobbistas que hayan realizado lobby ante sujetos pasivos del mismo organismo respecto del cual postulan, dentro de los 12 meses anteriores a la elección”.
Además, se busca aumentar los requisitos para capacitaciones de concejales y consejeros regionales en el extranjero. “Que las actividades de capacitación, cometidos y pasantías que realicen concejales y consejeros regionales sean aprobadas mediante acto administrativo fundado, cuando impliquen ausentarse del territorio nacional o la región respectiva por más de tres días”, propone La Moneda. Esto, además de exigirles que entreguen informes sobre esos procesos.
De esta manera, esta iniciativa va en línea con el proyecto de integridad pública del Ejecutivo -más conocido como ley antinepotismo- que actualmente se tramita en el Senado y que regula, entre otras materias, el ingreso a la administración del Estado de parientes de autoridades. (La Tercera)
