El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, cuestionó la posibilidad de una amnistía para los detenidos y condenados por delitos vinculados a las protestas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.
Esto, en relación a la indicación que el senador de la Democracia Cristiana (DC) Francisco Huenchumilla presentó respecto del proyecto que se discute en el Congreso para beneficiar a los llamados “presos de la revuelta” por razones humanitarias.
Frente a ello, la autoridad de gobierno reiteró que “este es un proyecto de ley que da las señales incorrectas. Es una señal de impunidad para aquellos que cometieron delitos graves”.
“Los senadores van a tener que hacerse cargo de responderle a las víctimas de estos delitos, porque nos han querido decir que hay delitos graves y menos graves. A mí me gustaría que les dijeran a las víctimas de estos delitos, a esas carabineras que les quemaron la cara, a esos locales comerciales del centro de Santiago que saquearon y destruyeron, a los chilenos que utilizaban el sistema de transporte público, a los usuarios del Metro, que quemar una estación de Metro, que destruir un local o lanzar una bomba molotov es un delito menor”, planteó el subsecretario durante la mañana, previo a que la comisión de Constitución del Senado revisara el proyecto.
En esa línea, Galli llamó a que el proyecto se “vote de una sola vez y que se diga exactamente qué es lo que se va a indultar y que no”.
La autoridad comentó que indicaciones como la que ingresó Huenchumilla “han sincerado” que “este es un proyecto de ley de amnistía que busca el perdón de todos los delitos ocurrido durante un determinado periodo de tiempo”.
“No es un indulto para aquellas personas que sean condenadas. Algunos senadores lo han dicho con total claridad. Este es un proyecto de ley de amnistía, de perdón de todos los delitos cometidos o algunos de ellos y en ese sentido creo que lo razonable es que si lo que se busca es el perdón, entonces que terminemos con todas las persecuciones penales ocurridas durante el periodo posterior al 18 de octubre, porque lo peor que podría ocurrir, es que esta amnistía sea sólo para aquellos que cometieron delitos violentos en contra de locales comerciales, en contra de Carabineros, en contra del sistema de transporte público, pero a todos los demás se tenga que investigar, perseguir y condenar eventualmente”, argumentó.
“Tenemos que hablarle con total transparencia y honestidad a la ciudadanía. Qué es lo que estamos legislando, un indulto o una amnistía, cuáles van a ser los delitos que se van a indultar, respecto de quién va a haber impunidad y cuál va a ser la respuesta a las víctimas de esos delitos”, sostuvo el subsecretario.
PIÑERA: «UNA MUY MALA SEÑAL»
El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la tramitación del proyecto de indulto a personas imputadas por delitos ocurridos en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019.
La iniciativa actualmente está siendo tramitada en el Senado. En este contexto, el senador Francisco Huenchumilla (DC) presentó una indicación para modificar el indulto por una amnistía, con lo que busca destrabar la aprobación de la iniciativa.
Al respecto, el mandatario aseguró que «yo creo que es una muy mala señal indultar a personas que han cometido delitos tan graves como tirarle bombas molotov en la cara a dos carabineras, incendiar iglesias, incendiar el Metro, incendiar monumentos y destruir todo lo que era parte del patrimonio de todos los chilenos».
«Además de eso, homicidios frustrados, saqueos, vandalismo que destruyeron y sueños de tantas familias, emprendedores y pymes«, añadió.
Finalmente, sostuvo que «sería una muy mala señal indultar o amnistiar a esas personas. Yo creo que no le hace bien a Chile y por esa razón no estamos de acuerdo con ninguno de los dos proyectos y así lo hemos dicho desde el primer instante».
COMISIÓN DECLARA ADMISIBLE INDICACIÓN SOBRE AMNISTÍA
La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado analizó este martes el proyecto que concede un indulto general por razones humanitarias a los llamados “presos de la revuelta”.
Al inicio de la sesión se discutió sobre la admisibilidad de la indicación sustitutiva que presentó el senador Francisco Huenchumilla (DC) para cambiar por amnistía la figura legal que trata la iniciativa. La votación fue de 3 votos a 2 en favor de la admisibilidad. Votaron a favor los senadores Jorge Pizarro (DC), Alfonso De Urresti (PS) y el independiente Pedro Araya. Lo hicieron en contra Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI).
De acuerdo a lo que había adelantado el senador DC, con esta indicación se buscó “simplificar jurídicamente el proyecto”. De prosperar la propuesta del legislador no se requeriría un quórum de Ley Orgánica Constitucional de 25 votos y bastaría con el voto de 22 senadores para la aprobación del proyecto.
“La idea matriz es una decisión política de si el Estado persigue o no a personas del estallido social y si está en condiciones de renunciar (a la persecución). Cuál es la forma jurídica de aterrizar esa idea matriz, eso es perfectamente debatible”, señaló Huenchumilla conectado en forma telemática.
El legislador permanece bajo cuarentena y regresaría al Congreso este miércoles cuando se comience a votar el proyecto. En la sesión fue reemplazado por el senador Jorge Pizarro.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, fue invitado a la sesión, pero no pudo participar. Si estuvo presente el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, representando al Ejecutivo.
Pavez recordó que cuando se aprobó la idea de legislar esta iniciativa “se estaba votando por una norma de indulto”.
“En la discusión particular lo que corresponde es corregir si el indulto para los delitos que no estaban condenados procede o no, pero claramente nos paree que a la luz de los textos, a la luz de los informes, a la luz de los argumentos con los cuales cada uno de los senadores argumentó su voto, siempre la idea de legislar está en base a un indulto general”, argumentó, advirtiendo que había una “situación reglamentaria” de la que debían dejar constancia, dijo.
“La idea de legislar en los informes es sobre indulto general, no sobre amnistía”, enfatizó la autoridad de gobierno.
La senadora Luz Ebensperger criticó que “se va a poder amnistiar de aprobarse este proyecto a quienes tiraron piedras o elementos punzantes a carabineros, pero no a los carabineros que se defendieron de evitar ser heridos por esas piedras o elementos punzantes”.
“Se va a indultar a aquellos que entraron en morada ajena con violencia e intimidación. Esos son los que saquearon los cientos de negocios de particulares. Se fundamenta en que con este proyecto se busca la paz social, la paz social para un sector, pero la paz social cuando se busca es para todos los sectores”, advirtió la senadora.
A su vez Pedro Araya, el senador presidente de la comisión, señaló que “no me cierro, porque soy un convencido de que si queremos construir paz social hay que buscar soluciones a todos los que tienen algún problema producto del estallido social y eso implica abrirse a la posibilidad de estudiar un proyecto conforme al estándar de derechos humanos respecto del personal de Orden y Seguridad y Fuerzas Armadas en la materia”.
“No es una puerta que haya cerrado, pero esto solamente se refiere a civiles”, dijo.
La posibilidad de legislar en favor de agentes del Estado investigados por procedimientos en las protestas es un tema que deslizó previo a la discusión de la comisión el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. “Lo razonable es que si lo que se busca es el perdón, entonces terminemos con todas las persecuciones penales ocurridas durante el periodo”, sostuvo en la mañana la autoridad de gobierno.
IMPUTADOS DE ATAQUE A JADUE BUSCAN AMNISTIA
Eran 80 personas que asistieron a una charla entregada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), el 27 de febrero del 2020, en Osorno. El lugar escogido era una iglesia luterana, donde el incipiente candidato presidencial expondría sobre los alcances del proceso constitucional y otros tópicos de la contingencia. Cuando habían pasado 15 minutos desde el inicio de la charla, una botella de vidrio ingresó rodando a la sala principal y cayó justo debajo de la silla de Rosita Bello (65). “Rebotó en la mesa y de ahí rebotó en la patita de mi silla, era una botella, se esparció líquido que contenía, se imagino parafina o bencina por el olor, fue muy chocante el hecho”, declaró ante la fiscalía.
En palabras simples, y según el rótulo de la causa, el hecho fue un ataque incendiario con una bomba tipo molotov. A los pocos minutos del frustrado ataque -dado que el elemento de fabricación artesanal no estalló- la policía logró detener a los presuntos autores del hecho: Ramón Vargas Cotiart y Rubén Gallegos Rivas. El primero es hermano del concejal de la zona de Hualaihué, Félix Vargas (RN).
“Nos persiguieron y torturaron en la dictadura de Ibáñez, luego proscritos por Videla y en la dictadura de Pinochet, además de torturados, desaparecidos y exiliados nos asesinaron dos direcciones completas del Partido Comunista de Chile, y ¿siguen creyendo que pueden amedrentarnos?”, escribió el 28 de febrero de ese año la diputada PC Camila Vallejo, quien rechazó el ataque presuntamente dirigido a Jadue.
Los imputados quedaron detenidos ese mismo día, tras ser formalizados por el delito de incendio con peligro para las personas, y arrojar elementos incendiarios, fueron trasladados a la cárcel de Osorno para iniciar una prisión preventiva de, hasta hoy, 690 días. Sin embargo, la estadía tras las rejas por intentar atacar un recinto cerrado con 80 personas en su interior, incluido el alcalde Jadue, podría llegar a su fin.
Así se desprende del listado de 69 personas que están en prisión preventiva -entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2021- elaborado por Gendarmería y remitido a la presidenta del Senado, Ximena Rincón.
En el informe figura la situación de los imputados Vargas y Gallegos, quienes fueron detenidos en el periodo mencionado en el proyecto de ley que busca el indulto para quienes hayan sido arrestados entre el 18 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre de 2020. Según la iniciativa de los senadores Isabel Allende (PS), Juan Ignacio Latorre (RD), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (PP) y Yasna Provoste (DC), el ilícito de arrojar elementos incendiarios está contemplado para liberar a quienes estén en prisión preventiva por ese delito.
FISCALÍA PIDE OCHO AÑOS DE PRESIDIO
En la acusación, la fiscalía incorporó una serie de testigos relativos al hecho, donde da cuenta, incluso, de que uno de los imputados quiso acercarse a Jadue, minutos antes del hecho, para conversar con él a solas.
Nicolás Araya, médico cirujano de la zona y amigo de Jadue, estaba ese día en la iglesia. En su relato a los persecutores sostuvo que “se acercó una persona, me pregunta si él puede hablar después a solas con Daniel, exponerle un tema (…). Posterior a eso la persona entra a la actividad, pasa un rato, unos 10 o más minutos, y se escucha que se quiebra algo y empieza la gente a salir. En eso, una persona, se sube a un auto Volvo blanco y salen rápidamente”.
El Ministerio Público acusó a los imputados por el delito de incendio y arrojo de elementos incendiarios, en julio del año pasado. Pidió, en total, ocho años de presidio para ambos, y el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno acogió los delitos imputados y condenó a los presuntos autores del ataque.
Sin embargo, ambos figuran como personas en prisión preventiva aún, dado que la defensa interpuso un recurso de nulidad, el cual aún está pendiente. La última jugada de la defensa fue buscar el cambio de medidas cautelares, pero, el tribunal oral se negó a este requerimiento.
“La necesidad de imponer la medida más gravosa, como es la prisión preventiva, a fin de asegurar la ejecución de la sentencia propiamente tal, no obstante existan recursos pendientes. Lo concreto es que existe esta sentencia condenatoria y, en definitiva, cualquier otra medida cautelar que propone el defensor resulta insuficiente para cautelar efectivamente dicho objetivo”, resolvió en septiembre del año pasado la jueza María Soledad Santana.
(La Tercera-T13)
