Inevitablemente, los eventos de esta semana remitieron a algunos funcionarios del Ministerio Público a lo sucedido durante el verano de 2009. La sensación era demasiado familiar. En ese entonces, la Fiscalía Oriente llevaba una investigación de alto perfil público, que implicaba a 22 miembros del comando de Michelle Bachelet, quienes presuntamente habían recibido dineros de la Presidencia -aún encabezada por Ricardo Lagos- a través de la empresa Ser Producciones en enero, febrero y marzo de 2006. Se indagaban dos convenios por un total de $ 56 millones.
En busca de pruebas, los persecutores Vinko Fodich y Pablo Norambuena llegaron hasta el Palacio de La Moneda el 27 de agosto de 2008, para incautar el servidor de correos electrónicos de la Presidencia. Mientras los funcionarios de Palacio miraban con incredulidad, los fiscales se llevaron 52 cintas magnéticas, que fueron a parar a la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (Dictuc), pues ninguna de las policías tenía los medios para leer su contenido. Estas diligencias generaron tal escozor en el gobierno que luego se presentó una queja formal ante el fiscal nacional, Sabas Chahuán.
Casi seis meses después, el 5 de febrero de 2009, mientras Chahuán estaba de vacaciones, el fiscal nacional (S), Alberto Ayala, decidió entregarle el caso a la jefa de la Centro Norte, Sonia Rojas, desplazando así a quienes llevaban la indagatoria hasta ese momento. Al poco tiempo, la Contraloría validó el traspaso de los fondos a Ser Producciones Creativas, por haber sido utilizados en la organización de la ceremonia de cambio de mando de 2006 en la que asumió Bachelet. Sin embargo, también se abrió una nueva arista, vinculada a supuestas triangulaciones de platas fiscales entre la empresa Enlace S.A. y cercanos asesores de la Presidenta, como el actual ministro del Interior y ex jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, y la ex directora de programación María Angélica “Jupi” Alvarez, entre otros. La investigación se estancó. Unos meses después, el fiscal Fodich dejó la institución.
Su más cercano colaborador en ese caso, Pablo Norambuena, todavía sigue en el Ministerio Público. Trabaja en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, que encabeza otro integrante de aquel equipo, Carlos Gajardo. El miércoles 18, ambos revivieron la sensación de hace seis años, cuando otra fiscal nacional (S), Solange Huerta, hizo efectivas dos determinaciones que Chahuán había visado en enero: primero, dividir la arista SQM del caso Penta y entregársela al fiscal regional de la Centro Norte, Andrés Montes; segundo, dejar a Alberto Ayala, el mandamás de la Fiscalía Oriente, oficialmente a cargo del caso Penta. Aunque en rigor Ayala siempre ha supervisado el expediente, su nuevo estatus le permite fijar las líneas de la investigación y limitar la autonomía de Gajardo. Algunos incluso hablaron de un “golpe blanco” en su contra.
“Quiero aclarar que acá no hay nada que pueda considerarse o que yo pueda considerar, personalmente, como que desde la Fiscalía Nacional se esté quitando el piso en estas investigaciones”, señaló Gajardo el jueves 19, para cerrar filas públicamente con sus superiores. Quienes lo conocen creen que estas palabras no son del todo sinceras y que el alcance de esta decisión puede hacer que el persecutor tome caminos inesperados.
Factor SQM
El descubrimiento de una boleta del 21 de julio de 2009 por $ 8.333.334, emitida por María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, a la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich o SQM), abrió un nuevo capítulo dentro del intrincado caso Penta. El 9 de enero, Wagner declaró ante el fiscal Gajardo que ese dinero sirvió para financiar la campaña senatorial de Joaquín Lavín. Este reconocimiento le abrió una nueva fuente de información a la fiscalía y un proceso totalmente nuevo.
En su querella contra Wagner y su cuñada, el Servicio de Impuestos Internos (SII) pidió requisar la contabilidad de SQM entre 2009 y 2014, pero posteriormente envió una nota rectificatoria que acotó la búsqueda sólo al mes de julio de 2014. A pesar de esa limitante, Gajardo y sus colaboradores, Pablo Norambuena y José Villalobos, encontraron otras 19 boletas sospechosas, que incluían a una ex asesora del senador PS Fulvio Rossi -Mariela Molina-, al hijo del diputado DC Roberto León y también al ex embajador Marcelo Rozas, su esposa e hijo. La teoría que describía a SQM como una “caja de Pandora” parecía encontrar sustento.
La Fiscalía Nacional se anticipó a estos descubrimientos. La cantidad de trabajo que la Unidad de Alta Complejidad dirigida por Gajardo acumulaba con los casos FUT y Penta iba en aumento, y desde arriba se visualizó a SQM como un “monstruo” que no podía seguir en las mismas manos. Tampoco se podía eludir la incompatibilidad transparentada por el jefe de Gajardo, el fiscal regional de la Metropolitana Oriente, Alberto Ayala, quien trabajó por 12 años en la mentada empresa mientras vivió en Antofagasta.
No hubo consideraciones que no fueran meramente técnicas. La Fiscalía Centro Norte es la más grande del país y su Unidad de Alta Complejidad, dirigida por José Morales, ya tenía entre sus archivadores el caso cascadas, que atañe indirectamente a SQM. Como ha ocurrido en otras investigaciones “emblemáticas” -bombas en la Fiscalía Sur, tsunami en la Occidente y ahora también Caval en la de O’Higgins-, se quiso dejar SQM bajo una figura con espaldas políticas anchas o, en otras palabras, a cargo de un fiscal regional. Por eso fue escogido Andrés Montes, pese a ser hijo del senador PS Carlos Montes, cuyo partido recientemente apareció vinculado en la contabilidad de la firma minera con la boleta de la ex asesora de Rossi. Las críticas de la oposición por esta eventual inhabilidad no tuvieron mayor eco desde el ente persecutor. “No había otra posibilidad”, afirman desde la Fiscalía Nacional.
Marca Personal
Carlos Gajardo ya no podrá consultar los 13 tomos que acumula el caso Penta cada vez que le plazca. El expediente completo ya no estará en su oficina del tercer piso de la Fiscalía Oriente, sino que pasará a estar en el despacho de su superior, el fiscal regional Alberto Ayala. Cada vez que requiera algún antecedente del que no posea copia, tendrá que pedírselo a su jefe. Este inconveniente puede parecer insignificante, pero revela la diferencia entre lo que ocurría hasta hoy en la investigación del caso Penta y el nuevo panorama después del anuncio realizado por la Fiscalía Nacional.
La relación entre Ayala y Gajardo nunca ha sido cercana. Quienes conocen a ambos aseguran que se tienen respeto profesional, pero que no existe confianza. De hecho, muchos percibieron que el traslado del persecutor curicano de jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa -que también abarca Providencia- a la Unidad de Alta Complejidad, concretado en mayo del año pasado, no fue un premio. De tener 70 funcionarios, 17 fiscales adjuntos y cinco unidades especializadas a su cargo, Gajardo pasó a trabajar en una oficina estrecha con sólo dos fiscales bajo su mando: Norambuena y Villalobos. Ya no tiene una bodega disponible en el mismo edificio y debe consultar las de Ñuñoa si necesita algún documento. En su lugar, Ayala designó en su reemplazo al fiscal Christian Castro, uno de sus hombres de confianza. “A Carlos le inventaron la Alta Complejidad, pero no como un ascenso. Fue una quitada de piso”, dice un cercano a la Fiscalía Oriente.
Dentro de su nuevo espacio, Gajardo se las arregló para mantenerse autónomo. Mantuvo las riendas cortas en el caso de fraude al FUT, amplió la investigación hasta llegar al ex gerente general de Penta, Hugo Bravo, y a los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. De ahí tiró de una nueva hebra investigativa, la denominada “arista política”, que golpeó fuerte a importantes figuras de la UDI, como Iván Moreira, Ena von Baer, Jovino Novoa, Laurence Golborne y Pablo Zalaquett, además de otras personalidades políticas, como el ex candidato presidencial Andrés Velasco y el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
De acuerdo a abogados que están en la órbita del caso Penta, fue la arista política la que comenzó a ponerle obstáculos en el camino al fiscal Gajardo. Su intención de profundizar en estos potenciales ilícitos chocó con los protocolos del Servicio de Impuestos Internos (SII), que muchas veces pasa por alto faltas tributarias por montos “pequeños”, como los que aparecen en las boletas ideológicamente falsas cobradas a Penta para el financiamiento irregular de campañas. “El SII no se quema las pestañas por boletas de menos de $ 100 millones y prefiere solucionar por la vía administrativa. Querellarse es muy caro”, explica un defensor del caso.
A diferencia de Gajardo, el fiscal regional Ayala le bajó el perfil a la arista política. “No todo aporte eventualmente irregular puede ser constitutivo de delito. Pueden existir aportes o podrían existir aportes que infringen la ley electoral, que tiene sanciones que constituyen multas, y esa conducta sólo podría constituir delito penal o regulado por el Código Tributario en la medida que exista falsificación”, dijo en diciembre del año pasado.
Asimismo, trascendió que Ayala también entabló conversaciones para negociar un juicio abreviado con los controladores de Penta. Esta información nunca fue desmentida por la fiscalía.
Las líneas paralelas en las que se movían Ayala y Gajardo respecto del mismo tema se habían extendido por demasiado tiempo. Como su superior, el fiscal regional debía rayarle la cancha. “Carlos andaba muy ‘cabeza de pistola’. Estaba suelto y se le arrancaba a Ayala”, comenta un abogado defensor del caso Penta.
La decisión de desplazar a Gajardo a un rol secundario se tomó en enero, antes de que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, saliera de vacaciones. La versión oficial es que, en la práctica, nada ha cambiado y que Ayala se hará cargo de la carpeta para subirle el perfil a la investigación, como ha ocurrido en otros procesos de alto impacto en la opinión pública. “No se le podía dar SQM a un fiscal regional como Montes y mantener Penta en manos de un adjunto -dice una fuente de la Fiscalía Nacional-. Gajardo seguirá haciendo la pega como hasta ahora”.
La disyuntiva
El 4 de marzo, Alberto Ayala y Carlos Gajardo estarán sentados uno al lado del otro en una sala del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Mientras dure la audiencia de formalización a los controladores de Penta y sus ejecutivos, ambos estarán en el mismo bando. Sin embargo, lo que ocurra delante del tribunal será clave para definir el futuro de la investigación y el futuro de Carlos Gajardo en el Ministerio Público. El persecutor curicano ha recibido propuestas informales de trabajo en el mundo privado, que podría analizar con mayor detención si ve que el proceso no sigue en la misma línea que él tenía planificada.
Las medidas cautelares que se soliciten serán determinantes. Gajardo permanecía desafiante frente a los dueños de Penta, especialmente luego de encontrar un sinnúmero de operaciones forward (ver pág. 6) que la defensa de los “Carlos” no había transparentado a cabalidad. Si la fiscalía no pidiera algún tipo de prisión preventiva, sería una señal inequívoca de que la investigación ya no le pertenece.(La Tercera)
