La agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings rebajó la nota crediticia de Chile de A+ a A- debido, según explicó, a un debilitamiento de las finanzas públicas a raíz del mayor gasto social post 18-O y ante la pandemia.
Ante ello, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó las implicancias de dicho recorte y se refirió a la importancia de ordenar las finanzas públicas a partir de 2022. «La situación del Fisco es una situación igual a la de miles de hogares de Chile, donde les han caído sus ingresos. Al final el Fisco funciona con los aportes que hacen los propios ciudadanos y las empresas a través de sus impuestos y cuando cae la actividad, caen los ingresos», introdujo en su explicación.
Así, indicó que los ingresos fiscales han caído casi 20%, al mismo tiempo en que ha aumentado significativamente el gasto para atender las demandas de la pandemia en lo sanitario y en lo social a través de diversas transferencias.
«En lo concreto, esto significa que hoy día el Fisco está recibiendo 100 y está gastando 150, esos 50 se llaman ‘déficit’ y ese déficit hay que financiarlo de dos maneras: rompiendo el chanchito, que lo hemos hecho, y también endeudándonos más, y lo hemos hecho. Eso se traduce en un aumento del endeudamiento y eso es lo que consigna en parte la rebaja en la clasificación crediticia de Chile», sostuvo el ministro.
En ese sentido, explicó que se trata de una nota que ponen agentes externos al país «para evaluar la calidad de esa deuda y la probabilidad de no pago».
De todas formas, remarcó que «Chile con todo sigue estando muy arriba en el mundo emergente y eso es una buena noticia, pero la parte negativa, naturalmente, cuando uno tiene una baja en la clasificación de riesgo, es que las tasas de interés y las primas de riesgo tienden a subir no sólo para el Fisco, sino que para la economía como un todo».
«El compromiso de nuestro país es que tenemos una robusta institucionalidad fiscal. En consecuencia, hoy día tenemos una desviación transitoria, porque tenemos una crisis transitoria, pero el compromiso refrendado en ese acuerdo de mediados de junio por las principales fuerzas políticas es que a partir de 2022 ir hacia una consolidación fiscal», añadió el titular de Hacienda.
«No cabe duda que Chile, el Gobierno, el Estado de Chile, ha hecho un esfuerzo fiscal muy, muy significativo en esta pandemia. Es lo que corresponde ante una crisis inédita, es lo que corresponde porque ante un momento extraordinario, corresponden acciones extraordinarias» indicó Briones.
Lo anterior, añadió, «significa un ordenamiento de las cuentas fiscales, porque el Estado no puede vivir de prestado, eso no es sustentable. Tenemos que ordenan nuestras finanzas públicas, tenemos que robustecer nuestra institucionalidad fiscal y vamos a trabajar encarecidamente en pos de eso».
EMPRESARIOS CULPAN A INSEGURIDAD CIUDADANA
En la denominada «zona cero» de las manifestaciones en el entorno de Plaza Baquedano se reunieron comerciantes y vecinos, junto a los alcaldes de Santiago, Felipe Alessandri, y Providencia, Evelyn Matthei, y los presidentes de la CPC, Juan Sutil, y CNC, Manuel Melero, para hacer un llamado a la no violencia ante la proximidad del 18 de octubre.
Sutil señaló que «de una vez por todas hay que condenar la violencia en este sector, esto no tiene nada que ver con las demandas sociales que son legítimas, pero esto es delincuencia y sin hipocresía hay que condenarla. No puede ser aceptada esta violencia acá ni en ningún lugar de Chile, que está vinculada a la anarquía, al narcotráfico y la extrema izquierda. Eso no construye sociedad y no permite tener un país mejor y vivir en armonía».
Planteó que «estoy sorprendido con la situación extrema de violencia que se ha dado, por destruir la democracia, los negocios, los comercios y las familias.
Sutil sostuvo además que «estamos tratando a diario de avanzar en buscar mejores soluciones creativas tanto trabajadores y empleadores, pero si tenemos violencia sin duda vamos a retroceder, la violencia destruye el trabajo y la inversión. Cuando eso ocurre se afecta la disminución de nuestra clasificación internacional, un punto son cientos de millones de dólares que el Estado debe asumir en pagos de intereses por la deuda y eso es fruto de la inseguridad».
Para Melero, «la violencia debe ser condenada y las autoridades deben hacer esfuerzo para castigar a los delincuentes que se disfrazan de manifestantes que saquean e impiden la actividad de las personas y los comerciantes».
Aseguró que «vamos a cumplir un año de crisis que al comercio y turismo le ha significado más de 300 mil puestos de trabajo perdidos y empresarios que debieron bajar sus cortinas. Si vuelve la violencia será letal para los pocos que quieren retomar sus actividades».
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que «estamos con un grado de pena porque a todos estos vecinos y emprendedores del sector su calidad de vida es inhumana».
«Hemos visto tanta gente que ha perdido su empleo y locales quemados y saqueados. Una cosa es manifestarse y las demandas sociales, y otra muy distinta el afán de destruir todo, esos son delincuentes», lanzó la autoridad. (Emol)
