«Los hechos antes descritos constituyen los delitos de estafa, previsto y sancionado en el artículo 468 en relación con el artículo 467 inciso final de Código Penal y la infracción al artículo 79 bis de la Ley 17.336 (Ley de Propiedad Intelectual), ilícitos consumados (…), en que los imputados tienen la calidad de autores».
Con estas palabras, en un documento de 99 páginas, el fiscal jefe de San Fernando, Francisco Caballero, presentó la acusación contra Natalia Compagnon, nuera de la expresidenta Michelle Bachelet, y su esposo, Sebastián Dávalos, hijo de la exmandataria, en la causa por estafa contra el empresario Gonzalo Vial Concha, una arista derivada del caso Caval.
Esta línea investigativa surgió luego de una querella presentada por Vial Concha en 2016, por estafa, la que interpuso contra todos los que resulten responsables. Después, en mayo de 2018, amplió la acción judicial y la individualizó en contra del matrimonio.
En su acusación, el persecutor solicita que «se aplique a cada uno de los acusados la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales del artículo 29 del Código Penal, esto es, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, multa de 25 UTM ($1.207.625) y el pago de las costas de la causa».
El fiscal Caballero fundamenta su acusación en un relato cronológico. Detalla que «entre fines de 2011 y comienzos de 2012, Natalia Compagnon contactó a Gonzalo Vial Concha», a quien le ofreció «realizar una asesoría en la gestión de proyectos inmobiliarios y una amplia gama de servicios, indicando tener equipos profesionales idóneos para ello».
Agrega: «Para los efectos anteriores, y con posterioridad a la negociación ya referida, la imputada Compagnon constituyó la sociedad exportadora y de gestión Caval». Lo hizo «junto a Mauricio Valero, sociedad cuya escritura social se otorga en el mes de febrero de 2012».
Más adelante, el investigador afirma: «Como consecuencia de esta oferta de servicios efectuada por doña Natalia Compagnon, con fecha 1 de febrero de 2012, se celebró un contrato denominado ‘Acuerdo de Representación y Comisiones’, entre la sociedad Caval, representada por Compagnon, y Vial Concha, este último actuó por sí mismo y a nombre de Inversiones Graneles Ltda.».
El acuerdo estipuló «servicios en el área minera, desarrollo de nuevos negocios y asesoría en concesión portuaria».
Asimismo, se estableció -señala la acusación- que «Caval debía presentar un modelo de informes y tareas mensuales y modelos de tracking de actividades», entre otras tareas.
En el marco de dicho contrato, Graneles debía «pagar la suma de $162.000.000 a la sociedad Caval, monto que no incluía la contratación de expertos (…) Fue pagado en tres parcialidades en el transcurso de 2012».
REUNIÓN CON ASIÁTICOS
Luego, el fiscal describe una reunión en un hotel de Las Condes, a la que Vial Concha llegó invitado por Compagnon. Estaban convocados «empresarios asiáticos que querían realizar proyectos mineros en Chile, a la que también asistió en calidad de gerente de proyectos de la sociedad Caval, el imputado Dávalos».
Sin embargo, «no se concretó ningún negocio con Vial Concha ni para su sociedad», explica la acusación.
El fiscal añade que Compagnon, además, «ofertó en reuniones sostenidas con la víctima en Rancagua realizar auditorías tributarias al interior de las empresas del ofendido, sin contar ni con la calificación personal ni con un equipo idóneo (…) ofertó la realización de un master plan para propiedades de la víctima y/o sus empresas, inmuebles ubicados en Machalí, careciendo del equipo profesional que manifestaba tener su sociedad Caval».
COPIAS DE INTERNET
El Ministerio Público les imputa a Compagnon y Dávalos la entrega a Vial Concha de ocho documentos que «habrían sido supuestamente elaborados por los especialistas del equipo multidisciplinario que la imputada Compagnon refirió que la sociedad Caval tenía, situación que no era efectiva, dado que correspondían a informes y presentaciones confeccionados por Cochilco (Comisión Chilena del Cobre) y su dirección de estudios y políticas públicas, textos legales disponibles en la página web del Congreso Nacional y a una presentación para un seminario internacional, documentos todos asequibles en internet».
«De esta forma, los imputados Compagnon y Dávalos, sin estar expresamente facultados para ello, utilizaron obras de dominio ajeno, las que fueron entregadas a Vial Concha como trabajos originales, elaborados por la sociedad Caval».
PERJUICIO ESTIMADO EN $1.335 MILLONES
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, «la víctima Gonzalo Vial Concha y la sociedad Inversiones Graneles Ltda. sufrieron un perjuicio económico ascendente a $1.335.651.795. Los pagos asociados se hicieron con recursos propios de Gonzalo Vial y/o Inversiones Graneles Ltda., y fueron entregados y/o depositados en cuentas bancarias personales de los socios de Caval o de la misma sociedad Caval».
Para el cálculo de la pena de cuatro años de cárcel, el Ministerio Público les reconoce como atenuante «irreprochable conducta anterior» y señala que no concurren agravantes.
DESCARTAN INFORMES COPIADOS
Cuando la fiscalía formalizó los cargos en la arista de estafa, en marzo de 2018, Dávalos expresó: «Sobre los informes, el Ministerio Público no ha sido capaz de demostrar una sola prueba de auditoría o de delito alguno».
Y agregó: «La fiscalía está acostumbrada a filtrar información para tratar de demostrar que los imputados son culpables. El único que puede determinar eso es un juez y hasta que eso no ocurra, sigo siendo inocente».
Mientras que en su declaración ante el órgano investigador, en enero de 2018, Compagnon sostuvo: «Nunca me he atribuido la autoría de esos informes. Tampoco he solicitado ni recibido pagos por estos y no forma parte de los servicios establecidos en el contrato entre Caval y Graneles, por lo que no existe delito de estafa alguno». (El Mercurio)
