La Fiscalía Regional de Coquimbo comunicó este lunes al 7° Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la investigación por presunto tráfico de influencias y fraude al fisco, relacionada con la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja.
El ente persecutor justificó su resolución tras un análisis de las diligencias realizadas por la Unidad de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad, señalando que “no se dispone por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados”.
La polémica surgió debido a la ilegalidad de la operación, ya que el Estado intentó adquirir la vivienda mientras dos de sus propietarias —la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende— estaban impedidas constitucionalmente de celebrar este tipo de contratos.
El caso tuvo severas consecuencias políticas, marcando el fin de los 30 años de carrera legislativa de Isabel Allende, quien fue destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional el 3 de abril. Además, la controversia provocó la salida de Maya Fernández del gabinete del Presidente Gabriel Boric, quien incluso debió declarar en la indagatoria.
Fuentes de La Tercera indicaron que la investigación, liderada por el fiscal Patricio Cooper, se había centrado en un presunto delito de tráfico de influencias por supuestas presiones ejercidas desde el entorno de la exsenadora para acelerar el proceso de adquisición estatal.
DECLARACIÓN DE FAMILIA ALLENDE
La familia Allende emitió una declaración pública para referirse a la decisión de la Fiscalía Regional de Coquimbo de no perseverar en la investigación por presunto tráfico de influencias y fraude al fisco en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.
El Ministerio Público comunicó que, si bien la causa no será continuada por ahora, no existen antecedentes suficientes para formular imputaciones contra personas determinadas, dejando abierta la posibilidad de reabrir el caso.
En su declaración, la familia expresó: «hemos tomado conocimiento del cierre de la investigación por parte de la fiscalía sobre el proyecto de la casa museo Allende y que se desestimaron todas las imputaciones».
La familia, que sufrió graves repercusiones políticas (incluida la destitución de la exsenadora Isabel Allende y la renuncia de la exministra Maya Fernández), manifestó su alivio: «El proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende». (NP-Gemini-La Tercera-Emol)
