Este lunes, el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, se refirió al caso de Ronald Ojeda y acusó que se trata de un crimen político.
Recordemos que fue el pasado 21 de febrero que el exteniente fue secuestrado desde su domicilio por cinco personas que se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).
Lo anterior, usando una orden de detención falsa. Su paradero fue desconocido por 10 días, hasta que su cuerpo fue hallado el 1 de marzo en una maleta enterrada en la toma Santa Marta, en Maipú.
De los cinco sospechosos, dos están en prisión preventiva: un menor de 17 años, de iniciales A.D.C.R. y Maickel Villegas, ciudadano venezolano de 28 años, extraditado desde Costa Rica, quien fue formalizado por el delito de secuestro con homicidio.
CRIMEN POLÍTICO
Fue en conversación con ADN que el fiscal Héctor Barros aseguró que fue un secuestro común. “Este crimen tenía un móvil político, y que no se trató de un caso de extorsión ni de un pedido de dinero a cambio de la liberación de la víctima por parte del Tren de Aragua”, dijo.
Agregando “yo sigo sosteniendo que el crimen de Ronald Ojeda es un delito político. El perfil de la víctima, un exteniente del ejército venezolano y un activista en contra del gobierno de Venezuela, es claramente político”.
“No hubo ninguna solicitud de rescate, que es lo típico de los secuestros cometidos por grupos como el Tren de Aragua, que buscan obtener dinero a través de sus actividades criminales. En este caso, no hubo esa motivación. Lo que ocurrió con Ronald fue un sicariato, pero también una contratación del Tren de Aragua para secuestrarlo y asesinarlo”, complementó.
Consultado por si existiría una relación con el gobierno venezolano, el persecutor respondió “lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano”.
“Ronald no solo era un exteniente del ejército venezolano, sino que también fue un activista político que se opuso al régimen actual. Participó en un intento de golpe de Estado y, después de eso, vino a Chile, donde continuó su lucha política contra el gobierno venezolano”, detalló.
Finalmente, en diálogo con el medio antes mencionado, el fiscal Héctor Barros recordó que Ronald Ojeda “en diciembre, justo antes de su asesinato, viajó a Venezuela para participar en un intento de organizar un nuevo golpe de Estado”.
“La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político, nos lleva a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al gobierno de Venezuela”, concluyó.
GOBIERNO RESPALDA HIPOTESIS DE BARROS
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a los recientes dichos del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, en el marco del caso Ronald Ojeda.
Fue en conversación con ADN que, esta mañana, el persecutor dijo que el crimen tiene un móvil político y que “no se trató de un caso de extorsión ni de un pedido de dinero a cambio de la liberación”.
“Lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano”, fue parte de lo que dijo el fiscal Barros.
Al ser consultado por la prensa, el subsecretario Luis Cordero destacó que no es primera vez que el fiscal Héctor Barros hace esa declaración que es su tesis del caso.
“Por cierto, el Ejecutivo no solo la comparte, sino que lo que desea es que el fiscal Barros tenga éxito en su investigación y he dado pleno apoyo a la investigación que está desarrollando”, comentó Cordero.
Agregando “diría que no es la primera vez que el fiscal Barros lo dice (…) quiero recordar que el Ministerio Público es una parte del litigio y ojalá que judicialmente también se pudiera consolidar así”.
“El fiscal Barros probablemente es de los fiscales de nuestro país, que tiene mayor prestigio (…) mientras tanto, como Ejecutivo, por cierto, tomamos nota, lo hemos hecho con anterioridad y estamos apoyando activamente su labor”, cerró.
Por otro lado, el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a la familia del exteniente venezolano, dijo que “debemos completar la revisión de la carpeta de investigación, chequear aquellos nuevos hechos o indicios desde los cuales la Fiscalía obtiene esa conclusión y de ahí proceder”.
“Probablemente, cuando se trata de la intervención de un gobierno, como dice el fiscal jefe del ECOH, eso supone la intervención de organismos internacionales”, agregó.
Lo anterior, “puede ser a través de OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana, en lo que dice relación con la responsabilidad penal internacional, personal por delitos de lesa humanidad (…) han de ser competencia de la Corte Penal Internacional”. (Bio Bio-ADN)
