La larga chequera de SQM –que hasta hoy ha reconocido la entrega de más de 11 millones de dólares en pagos irregulares– alcanzaba para políticos, sus familiares, sociedades y funcionarios de Gobierno.
Así se desprende de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en la arista SQM derivada del Pentagate. El Ministerio Público también tiene en su poder facturas emitidas a SQM por parte del brazo ideológico de la política: centros de pensamiento othink tanks: Chile 21, ligado a la centro izquierda; Libertad y Desarrollo, que asesora gratis el trabajo legislativo de la UDI, son algunos. También figura en la lista la Fundación Jaime Guzmán.
Pero los pagos no sólo están en las carpetas del Ministerio Público, sino que también son mirados con desconfianza por políticos y académicos. El analista de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, cree que aunque estas instituciones necesitan financiarse y hacer estudios para empresas privadas, lo que sí le parece discutible, sin embargo, “es qué tan reales son este tipo de servicios o es simplemente una manera de financiar a los partidos políticos a través de sus fundaciones y esto se transforma en un hilo muy delgado. Las fundaciones asociadas a partidos políticos dejan de tener sustento”.
Los pagos a estos centros no serían casuales. Según explica el sociólogo Alberto Mayol, “durante todo el proceso transicional aumentó el peso de los tecnócratas. Por lo que se hizo importante controlarlos en alguna clase de institucionalidad. No podían ser solo las universidades, que no eran controlables por los partidos políticos. Los centros de estudio fueron la clave para eso”.
Según Mayol, “hay un interés de que al menos estos centros no fueran hostiles. Mantenerlos tranquilos sobre innumerables proyectos que podrían enfrentar cuestionamientos. Por otro lado, los think tanks tienen centros de operación financiera sencillos y bastante flexibles, por la ley que les permite manejar plata con cierta tranquilidad”.
El autor de El Derrumbe del Modelo, agrega que los think tanks requieren bastante financiamiento, “incluso más que el funcionamiento normal de un partido político. Los partidos los apoyaron para tener opiniones técnicas fundamentadas para proyectos de ley, pero también para apuntalar a través de datos una perspectiva política, alguna clase de conflicto político o perspectiva ideológica. En ese sentido aportaban consiguiéndoles financiamiento, a través de mecanismos para que emitieran informes. Pero luego vino un fenómeno inverso: se dieron cuenta de que a través de los think tanks y universidades privadas se podía sacar plata para empresas, para el mundo político. Y de ahí viene esta otra rama”, apunta.
Según Mayol, “hay un interés de que al menos estos centros no fueran hostiles. Mantenerlos tranquilos sobre innumerables proyectos que podrían enfrentar cuestionamientos. Por otro lado, los think tanks tienen centros de operación financiera sencillos y bastante flexibles, por la ley que les permite manejar plata con cierta tranquilidad”.
“Es una institución paralela a la política que adquiere poder. Además había capacidad operativa de estos centros en el tema de las elecciones, ya que influyen en la agenda de elecciones a través de informes, análisis y también incidían en las temáticas más agudas: lograron instalar que la política era un trabajo técnico. Ninguno de estos centros fue crítico del modelo existente. Había matices, pero estaban dentro del mismo régimen de comprensión de la realidad”, añade el académico de la Usach.
DE LA MANO DE LOS PARTIDOS
La Fundación Chile 21 aparece en planillas de pago de SQM con facturas por 90 millones de pesos, entre 2012 y 2013. “Se financia sobre la base de un sistema de suscripciones que están regidas por un contrato que establece con precisión las obligaciones de las partes (…). Chile 21 no participa como institución de campañas políticas y no ejerce ninguna actividad de lobby o gestión de intereses privados. Las opiniones institucionales de la fundación, así como de sus miembros, son completamente autónomas y bajo ningún concepto responden a los intereses específicos de sus suscriptores”.
En el directorio de este centro de pensamiento hay diversos personajes ligados al mundo político: el ex gerente general de Enap, Enrique Dávila (Independiente cercano al PS), Gonzalo Martner (PS) y el ex PS Carlos Ominami (PRO).
Según la declaración ante la Fiscalía de Katherine Bischop, secretaria del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, Ominami –cuyo administrador electoral en 2009 fue el ex tesorero del PS, Milton Lee, que también declaró ante la Fiscalía– se reunió con Contesse en la compañía, al igual que el ex candidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami.
Libertad y Desarrollo (LyD), ligado a la UDI y creado por el economista Luis Larraín y los ex ministros Hernán Büchi y Cristián Larrouelet, también está en la mira de la Fiscalía, pues tendría facturas emitidas a SQM.
Al respecto, desde LyD –cuyo consejero Hernán Büchi es además director de SQM– señalan que para garantizar su independencia, no reciben fondos del Gobierno y su “política de financiamiento procura la diversificación de sus fuentes, que provienen de la suscripción a nuestras publicaciones, seminarios y charlas. Es así como, el año 2014, LyD contó con más de 650 suscriptores, empresas y personas –dentro de los cuales se encuentra SQM–, sin que ninguno de ellos representara más de un 8% de su presupuesto. Todos sus suscriptores, de acuerdo al tipo de suscripción contratada, reciben informes, asisten a charlas y análisis económicos, sociales y jurídicos que abordan temas de interés general en diferentes áreas del ámbito público. Libertad y Desarrollo no actúa como consultor de personas, empresas o grupos de interés de ningún tipo”.
También han aparecido facturas de LyD a Penta, cuyos controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, se hallan en prisión preventiva por delitos tributarios y soborno.
En marzo, la Fundación Ciudadano Inteligente solicitó al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, que interrogara a personas vinculadas al think tank Corporación de Estudio y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), vinculado a la DC, por la emisión de facturas o boletas emitidas a SQM entre 2009 y 2014.
Desde Cegades, cuya directora es la alcaldesa de Peñalolén y segunda vicepresidenta de la mesa nacional de la DC, Carolina Leitao, señalaron a La Tercera que “nuestra Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro creada el año 1991, ha realizado y patrocinado diversos seminarios nacionales e internacionales, desarrollado distintos proyectos en temáticas de medio ambiente y descentralización con instituciones públicas, internacionales y privadas, ha publicado variados libros sobre estos temas y ha realizado múltiples asesorías. Entre otras labores, desde el año 2002 edita en forma ininterrumpida una publicación mensual, sobre materias de interés en estudios (…) la cual se financia y distribuye sólo por medio de suscripciones”.
Agregaron que “por cada suscripción se emite la factura correspondiente en la fecha respectiva y mensualmente se remite la publicación suscrita. La relación entre las partes se limita exactamente a lo ya expresado”.
El analista Felipe Vergara también apunta a las discusiones o temas de interés. “Nadie sabe cuántos estudios hizo SQM con el asunto del litio, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto logran en relación a influencias para que sea en beneficio directo?”, se pregunta Vergara.
Para el profesor de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, el tema es más general y se vincula con la relación empresa, ONGs y política. Considera que un tema pendiente en Chile es la transparencia de fuentes de financiamiento de ONGs y fundaciones. “Se requieren normas de transparencia. Adicionalmente se requiere establecer un claro muro o barrera entre la actividad política y las fundaciones; existe un vacío ahí y un área gris. Pienso que es bueno para la democracia la existencia de fundaciones que promueven valores y debates pero se necesita clarificar su rol”, señala. (El Mostrador)
