Festival de acusaciones

Festival de acusaciones

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Es insólito que los diputados pierdan un tiempo que deberían dedicar a estudiar las leyes, en acusaciones constitucionales que no van a prosperar. Sucedió con la acusación presentada por la diputada Jiles y diputados del Partido de la Gente en contra del exministro Andrés Allamand, en que la comisión que se sorteó para analizarla llegó a un informe negativo y se cayó en la votación de la cuestión previa.

Ahora un grupo de diputados del Partido Republicano, encabezados por Cristóbal Urruticoechea, anuncia que presentará una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, contra la opinión de los partidos UDI, RN y Evópoli y de que apenas lleva tres meses en el cargo.

Aun así han gastado un tiempo valioso para preparar un libelo que consta de siete capítulos y más de 150 páginas. Esos capítulos son: el retiro de querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de autores de delitos cometidos durante el “estallido social” y la desarticulación de la división jurídica del Ministerio del Interior; inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al atentado que sufrió la ministra; haber comprometido el honor de la nación al utilizar el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino; entregar informaciones inexactas o incompletas en lo referente a la expulsión masiva de venezolanos, incautación de armas y víctimas civiles en La Araucanía; dejar sin aplicación la Ley de Migración; reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves hechos de violencia en la macrozona sur del país y omisión de presentar querella en contra de Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la resistencia armada.

Todos estos hechos pueden merecer críticas de carácter político, pero no califican como causales para acusarla constitucionalmente. La Constitución vigente dispone que son causas de destitución: haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, así como los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos o soborno.

No pretendemos defender a la ministra porque es efectivo que ha cometido muchos errores que desmerecen del cargo, pero señalar que con el empleo de la expresión “Wallmapu” comprometió el honor de la nación es una exageración que raya en lo ridículo. Menos análisis resiste el retiro de querellas o desarticular la división jurídica del Ministerio, porque, aunque sea una mala señal política, es facultad del Presidente desistirse de esas querellas y todo ministro tiene la atribución para organizar su repartición con personas de su confianza.

No es relevante que no se hayan presentado querellas después del atentado que sufrió en Temucuicui o contra Llaitul, porque respecto de lo primero la Fiscalía abrió de oficio una investigación y en lo segundo fue el Presidente Boric quien descartó querellarse por “dichos”. Por las informaciones inexactas del vuelo que habría regresado con venezolanos expulsados, la misma ministra rectificó su error y está pendiente una investigación en Fiscalía. Que se haya dictado un reglamento a la Ley de Extranjería ampliando la calidad de refugiado e incentivando el “turismo laboral” no procede como causal, ya que se trata de materias más que discutibles.

Nada más alejado de la realidad que lo que se señala en el texto del libelo: “acusar a la ministra Izkia Siches, por tanto, no es una alternativa más para estos legisladores, sino un verdadero deber —obligación, frente a nuestro país y la Constitución que juramos defender”. Para cuestionamientos políticos existe otra herramienta: la interpelación. Si quieren perder el tiempo, pueden usar la interpelación pero no la acusación.

Ayer, sin embargo, tanto RN como la UDI dieron libertad de voto a sus diputados. Al parecer, seguiremos con el “festival de acusaciones” sin mérito alguno, ahora de parte de la derecha, que lo único que hacen es debilitar el Estado de derecho y que generan una pérdida de tiempo tanto de los diputados como de las autoridades acusadas. (El Mercurio)

Hernán Corral