Este domingo hubo una flagrante preferencia por una convención constituyente íntegramente electa. Fue un revés para los partidos y los representantes.
¿Es una buena noticia para la democracia?
Aparentemente sí. Alguien podría decir que por fin la ciudadanía tiene la posibilidad de tomar el poder mediante las agrupaciones de la sociedad civil (expresión que tiene una larga historia que no es del caso recordar aquí). El tejido social que esas agrupaciones configuran, podría agregarse, remediará el gran defecto de los partidos, consistente en alejarse de los intereses ciudadanos al extremo que estos últimos ya no se reconocen en ellos. Los mejores de los ciudadanos y ciudadanas, los más desinteresados y probos, filántropos manirrotos, sacrificados sindicalistas, artistas secretos, creyentes inmaculados, vecinos solidarios, veganos incorruptibles, ágiles ciclistas, independientes autárquicos, valientes animalistas, empresarios alérgicos al lucro, ideólogos de la responsabilidad social, rectores incluso, podrían, así, participar del gobierno recuperando lo que los partidos han estropeado.
Pero ese punto de vista es gravemente erróneo.
En una moderna democracia de masas el papel de los partidos políticos es insustituible y no puede ser reemplazado por las llamadas organizaciones de la sociedad civil, por bien inspiradas o dirigidas que estas últimas puedan estar (nada de lo cual, por otra parte, hay que dar por sentado). Y la razón es que esas agrupaciones expresan intereses particulares y tienen puntos de vista parciales y estrechos: reducen la extrema complejidad de la vida social a una mirada que se angosta al pasar a través de los intereses que cada una de ellas promueve. Esas organizaciones empujan un interés particular y simplifican al extremo los complicados problemas de la vida social. Es cosa de recordar la franja que antecedió al plebiscito para advertir el peligro de reducir la vida social a la suma de los intereses en juego.
Y es que, desgraciadamente, no es verdad que los intereses que promueven las organizaciones de la sociedad civil guarden identidad natural con los intereses generales o el bienestar social. Tampoco es cierto que este último coincida con la mera suma o agregación de esos intereses. Las decisiones colectivas requieren una escala ordinal que supone postergar algunos intereses en favor de otros, conciliar los que aparentan ser opuestos, zanjar un conflicto entre los que a primera vista coincidían. Gobernar es decidir y decidir es renunciar, sacrificar algo para lograr otra cosa.
Por eso los asuntos del Estado no pueden entregarse ni a corporaciones, ni a gremios, ni a clubes, ni a sujetos bien pensantes, ni a quienes hacen del buenismo un sustituto de la reflexión.
Es verdad que los partidos están llenos de defectos y que sus dirigentes suelen extraviarse y generar intereses propios hasta conformar, a veces, eso que G. Mosca llamó “clase política”. Y que a veces abandonan su deber de mediación de los intereses ciudadanos dedicándose simplemente a amplificarlos. Pero ninguno de esos defectos debe llevar a olvidar las insustituibles funciones que cumplen en una democracia representativa y por lo mismo el deber que en la hora presente tienen delante suyo.
La buena política, como cualquier otro quehacer humano, requiere vocación, disciplina y conocimiento. Y el manejo del Estado también. No basta saber teoría organizacional para manejar el Estado, ni filosofía política para orientarlo, ni buenas intenciones (el pernicioso buenismo) para hacerlo bien, ni tener necesidades para gastar los recursos. Se requiere cierta experiencia vital e intelectual que la vida partidaria y la competencia por el poder, con todos sus defectos, es la única capaz de poco a poco proveer entre sus miembros. Así los partidos seleccionan los liderazgos y los profesionalizan.
Y a diferencia de las llamadas organizaciones de la sociedad civil, los partidos cuentan con un punto de vista general para examinar los intereses particulares. Mediante una ideología o un puñado de concepciones valorativas, los partidos median entre los intereses particulares que compiten en la vida social y los intereses del conjunto. Es evidente que el interés general no es la mera agregación de intereses particulares; dilucidar el interés general requiere de un punto de vista razonado. Y ese punto de vista es el que, como consecuencia a veces de una larga historia o memoria, poseen los partidos.
Y todo eso en la hora constitucional —la de ahora— es más relevante que nunca.
El resultado del reciente plebiscito no debe conducir a descreer de los partidos o a que estos cedan a la tentación de confundirse con la sociedad civil o mimetizarse con ella. Por el contrario, hay que recordarles que su quehacer es más imprescindible que nunca y que no deben delegar su tarea o descreer de ella, sino ponerse a indagar en las expectativas ciudadanas y elaborar una narrativa acerca del interés general que sepa interpretarlas.
Carlos Peña
