Fallo del TC reinstala dudas sobre su futuro en la nueva constitución

Fallo del TC reinstala dudas sobre su futuro en la nueva constitución

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AGENCIAUNO

Por una amplia mayoría, el Tribunal Constitucional (TC) decidió no acoger a tramitación el requerimiento presentado por el Presidente Sebastián Piñera para impedir el avance del proyecto aprobado por el Congreso que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, dejando al Gobierno sumido en una severa crisis política.

Sin embargo, la forma en la que el pleno tomó la determinación también dejó en una compleja situación al propio organismo, reabriendo el debate sobre su futuro en una nueva Constitución y reavivando la pugna interna que existe entre sus miembros, la cual según distintas fuentes influyó de forma importante en el fallo.

La sentencia tomó por sorpresa a La Moneda, que esperaba un ajustado triunfo, pero también a distintos abogados y expertos, quienes expresaron su preocupación por la situación en la que se encuentra el TC, el cual desde hace varios años viene siendo apuntado por la presunta politización de sus actuaciones.

De hecho, antes de abordar el texto del Ejecutivo, los magistrados tuvieron que revisar la solicitud de inhabilidad presentada por parlamentarios de la oposición en contra de la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm, cuyo voto dirimente fue puesto en duda debido a su cercanía con Piñera, de quien fue jefa de asesores en su primer mandato.

La inédita petición fue rechazada por 5 votos a favor y 4 en contra, pero eso no impidió que algunos jueces recordaran los dichos de la titular de la instancia, en los que señaló que el TC era una «tercera cámara», lo cual ratificaría que sus miembros resolverían los casos de forma política y no jurídica, poniendo en duda la integridad de la instancia.

Sin embargo, ayer hubo otro hecho que reafirmó esas interpretaciones, luego de que el ministro Iván Aróstica decidiera dar a conocer a la prensa algunas precisiones sobre el caso, adelantando de esa forma su postura. De hecho, su voto terminó inclinando la balanza contra el Ejecutivo junto con el del abogado Juan José Romero.

Al respecto, el juez advirtió que el fallo no sería igual que el que emitió el tribunal en diciembre de 2020 con el segundo retiro, señalando que en esa oportunidad «nosotros hicimos veladamente un llamado a legislar en favor de la ciudadanía», pero que al revisar la situación actual habían situaciones «que han cambiado».

En ese sentido, subrayó que «el punto central no es quién hace la ley, es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente. Esas discusiones de poder sobran frente a la situación que está aquejando a la ciudadanía», desestimando de antemano uno de los argumentos del Gobierno, sobre su facultad para legislar sobre pensiones.

Ante ello, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, señaló a El Mercurio que le cuesta imaginar que el requerimiento «no haya tenido fundamento plausible”, lo cual lo lleva a pensar que «me parece bastante claro que uno puede especular que aquí hubo motivaciones extrajurídicas«.

Ese análisis fue compartido desde el mundo político.

Para el diputado de la DC, Matías Walker, las declaraciones del juez «fueron bastante curiosas para ser franco, nosotros veníamos advirtiendo de la politización del TC desde el año 2018 (…) evidentemente su declaración fue bastante política y que nos sorprendió a todos».

BATALLA INTERNA

La visión de Couso coincide con la expresada por algunas fuentes del caso a Emol, las cuales tras conocer el fallo no dudaron en señalar que detrás del amplio rechazo al texto de La Moneda estaba la pugna que mantiene el propio Aróstica con Brahm, luego de una serie de acusaciones cruzadas que han llegado incluso al Ministerio Público.

«Fue fundamental la situación interna que había en el Tribunal Constitucional, en el cual hay diferencias serias sobre el rol del tribunal entre ambos, hay un debate de personalidades. Aquí hay una rencilla dentro del tribunal», señala uno de los abogados que buscaba ser parte de los alegatos que finalmente no se desarrollarán.

Dicha rencilla está relacionada a las acusaciones de maltrato laboral que pesan sobre Brahm, las dudas que surgieron tras el ingreso de funcionarios de la PDI al edificio del organismo propiciado por la titular de la entidad y sus intentos por dejar sin efecto tales denuncias.

En contra partida, la abogada acusó a Aróstica y al ministro Juan Ignacio Vásquez de retrasar causas de violaciones a los DD.HH., lo cual motivó a la diputada del PC, Carmen Hertz, a presentar una denuncia en contra de los responsables de esa dilación ante la Fiscalía que tensionó aún más los ánimos entre los magistrados.

DETERIORO INSTITUCIONAL

En ese contexto, no son pocos los que han advertido sobre la delicada situación institucional en la que está el organismo, cuya continuidad ha sido puesto en tela de juicio por algunos sectores políticos que buscan eliminarlo en la nueva Constitución o al menos reformar sus competencias y composición.

De hecho, Couso sostuvo que los comentarios de Aróstica son «aún más grave que cuando la presidenta (Brahm) señaló que era una tercera cámara (…) el daño reputacional que estas declaraciones hacen a ese órgano (TC) pone en peligro la reposición, la sobrevivencia del tribunal, en una nueva Constitución».

Al respecto, Walker dijo que cuando se inició el trámite de la reforma al TC en el Congreso, «después vino el estallido y se dijo que era un tema para la discusión de la futura convención. Pero quiero recordar que ya había un consenso de un grupo amplio de profesores de derecho constitucional en el sentido de mejorar las formas en que se eligen los ministros».

En tanto, el director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, expresó que «cuando llegamos a este tipo de instancias en las cuales el Congreso y el Ejecutivo están integrados a tal nivel, se espera que el TC ayude, en alguna dimensión y en lo que le corresponde, a solucionar esta pugna«.

«Y cuando el TC, al menos a partir de la declaración de uno de sus ministros, pareciera renunciar a su función y ser un órgano político más, la verdad es que solo se confirma eso: un deterioro institucional muy grave que obviamente no colabora en nada a solucionar nuestros problemas actuales», subrayó.

Ante esa situación, ya hay candidatos a la convención constitucional que reactivaron el debate sobre el futuro del TC. Al respecto, la postulante de la UDI, Marcela Cubillos, indicó a Radio Universo que «el problema no es solo el TC, sino de muchas instituciones que hemos visto que según el ejercicio de las personas que lo integran se empiezan a desdibujar».

«Creo que los conflictos internos que ha tenido el TC desde hace un buen rato no ayudan para nada en la legitimidad del rol que está llamado a cumplir», añadió, aunque recalcó que «es fundamental que exista un organismo que controle en derecho las reglas de la Constitución, porque si no para qué existen».

Una mirada distinta planteó su par que postula por la Región de Valparaíso como independiente en cupo del Partido Liberal, Agustín Squella, quien lamentó que «al TC lo echaron a perder los políticos hace mucho tiempo, porque festinaron el tribunal binominalizandolo de manera grotesca durante décadas«.

«Ahora, debe haber un órgano que controle la constitucionalidad, porque una mayoría parlamentaria podría aprobar de buena o mala fe una disposición inconstitucional y alguien tiene que frenar eso. Pero es tal el desprestigio del TC que habrá que pensar si vale la pena que ese control siga radicado en él o vuelva a la Corte Suprema», indicó.  (Emol)

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